Una consejera macrista fue denunciada por discriminación y racismo hacia un empleado afrobrasileño. Se trata de Gisela Candarle, que formaba parte del staff en el Banco Ciudad de Juan Curutchet, el vicepresidente que se concedió un crédito por 607 mil pesos para reformas en su casa. Candarle no llegó sola al Consejo de la Magistratura porteño: se rodeó de un equipo de asesores de la ultraderechista Fundación Bicentenario, ligados al Partido Republicano estadounidense, a la Asociación Nacional del Rifle –la misma que hizo famosa el documental de Michael Moore Bowling for Columbine– y a las causas derechas y humanas que suelen inspirar a Cecilia Pando.

Todo sucedió en una reunión del Consejo de la Magistratura el 15 de junio, cuando se aprobó la designación de varios empleados de planta transitoria para trabajar como asesores de los consejeros. La consejera por los magistrados Patricia López Vergara propuso a Felipe Silva Camilo, un ciudadano brasileño que tiene residencia precaria y permiso para trabajar. “Me interesa la experiencia que me aporta para trasladar a la Argentina un estudio que hizo en torno de la inclusión de personas de los barrios carenciados en el Poder Judicial”, señaló López Vergara.

En la denuncia contra Candarle, López Vergara señala que “en el plenario, en cual se encontraba presente Silva Camilo a mis espaldas y enfrente de la consejera Candarle, ésta se abstuvo de votar dicha designación, no prestando su acuerdo”. “Nunca se abstuvo ante ningún otro asesor que yo nombré”, indicó López Vergara a este diario. También acotó que Candarle no quiso explicar los fundamentos de su decisión. “Yo esto no lo voto”, fue todo lo que dijo.

En el texto de la denuncia, López Vergara señala que “estas conductas, aunadas a algunos dichos y a extrañas circunstancias imbricadas en comportamientos y entornos con perfiles ofensivos, podrían configurar conductas discriminatorias tanto por la nacionalidad del candidato como por su tez y sus características afrobrasileñas”. La consejera señaló que los hechos “resultan restrictivos de derechos humanos básicos y actúan en menoscabo del derecho a un trato igualitario, lindando con características xenófobo-racistas”. López Vergara pidió que la denuncia se eleve al Inadi, a la Legislatura porteña y al Colegio Público de Abogados.

Curiosamente, apenas presentó la denuncia, diversos medios cercanos al macrismo publicaron notas sin firma en las que intentaban vincular al empleado al juez Andrés Gallardo y lo estigmatizaban porque “tiene pocos días de estar viviendo en el país y no se sabe si maneja bien el español”. López Vergara desmintió que no cumpliera con los requisitos para el trabajo: “Me interesó su buen manejo del inglés y su buena redacción en castellano”, agregó la magistrada.

Candarle proviene directamente del grupo de Curutchet y fue asesora de él en el Banco Ciudad –donde cobraba un sueldo de cuatro ceros– antes de pasar al Consejo de la Magistratura como representante de los abogados. En su currículum, se presenta como jefa del Departamento de Investigaciones de la Fundación Bicentenario y destaca uno de sus trabajos titulado: “Sólo en cuatro países de Latinoamérica Cristina podría ser candidata”. A la Fundación Bicentenario, que preside Curutchet, la Inspección General de Justicia (IGJ) le negó la personería porque de sus estatutos se desprendía que era una entidad con fines de lucro y no una fundación.

La mayoría de los asesores de Candarle integran la Fundación Bicentenario. Su secretario letrado Leandro Bazano tiene colgado en su despacho un poster de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y en su página de Facebook se confiesa fanático del tiro y adhiere a los grupos de George W. Bush, Sara Palin, Republicanos en la Argentina. Otro asesor, Juan Bautista Deu Peyres, proviene de Fores, una ONG recordada por su defensa de los jueces de la dictadura. El asesor Pablo Tornielli, que cobra un sueldo de 13.526 pesos, forma parte del estudio Curutchet-Odriozola y en su Facebook apoya al grupo “por las víctimas del terrorismo en la Argentina” y recomienda el libro Batallón de Infantería de Marina. Sin designación, pero siempre presente en las reuniones, está Oscar Giménez Peña. Durante la campaña de Carlos Menem en 2002, participó de una cena que le organizaron junto a Curutchet un grupo de ex UPAU en la que prometieron ponerse a disposición de su hipotético gobierno, que nunca llegó. Ambos firmaron la impugnación de la Fundación Bicentenario a los jueces de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay, que tampoco prosperó. Página/12 no pudo consultar a Candarle por la denuncia en su contra dado que está de viaje por Seúl, Corea del Sur, junto con el jefe de los fiscales, el macrista Germán Garavano. La pequeña travesía habría costado la bicoca de 32.695 pesos por persona.