Al principio hizo mucho ruido, pero todo indica que quedaron pocas nueces. En el denominado caso Skanska un peritaje judicial determinó que no hubo sobreprecios. Así lo aseguró ayer en conferencia de prensa el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien precisó que no se pagaron sumas engrosadas en las obras de ampliación de gasoductos realizadas en los años 2004 y 2005. “Se trata de maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados”, dijo De Vido, por lo que deslindó responsabilidades respecto de funcionarios públicos. Y afirmó que la empresa sueca Skanska “no realizó ninguna obra como contratista del Estado, ni de las provincias, ni de los municipios, durante los últimos ocho años”.

Según explicó el funcionario, la medida de prueba pericial fue efectuada por “cuatro peritos de la Corte Suprema y 24 peritos de parte”, en relación con la construcción de las plantas compresoras Lumbrera, Deán Funes, Lavalle y Río Seco y la ampliación del gasoducto norte-sur. “Son 800 kilómetros de gasoductos, repartidos en el norte y en el sur del país”, indicó De Vido, quien destacó que “no se trató de una obra pública”, ya que la convocatoria a licitación estaba a cargo de la empresa transportadora de gas TGN. También señaló que el rol del Estado, a través de Enargas, era de “supervisión de que las obras se hagan en tiempo y forma”. En ese sentido, dijo que “desde 2003 se han construido más de tres mil kilómetros de gasoductos, de los cuales 2100 están habilitados, con una inversión privada que supera los 2500 millones”. En cuanto al peritaje, De Vido comentó que se determinó “que las estimaciones efectuadas por TGN estaban equivocadas”. El funcionario recordó que “sobre la base de cálculo de TGN se sospechaba que había sobreprecios, lo que la pericia descarta diciendo que lo que estaban mal eran los valores de referencia llevados adelante por la empresa, destacando que la adjudicación fue realizada a valores de mercado vigente”. De Vido remarcó que “la pericia demostró que los presupuestos de TGN estaban mal hechos porque no guardaron un correlato con los valores de mercado, como tampoco con los alcances del proyecto”.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Adrián Pérez, denunciante en la causa Skanska, buscó contradecir a De Vido. Dijo que “los sobreprecios y los retornos a los funcionarios públicos están acreditados en el expediente judicial”. Y acusó al ministro de querer “diluir la responsabilidad de los funcionarios de su cartera con el argumento de la corrupción entre privados”. Según el diputado, “la participación del Estado quedó corroborada a través de las escuchas telefónicas”, y apuntó que la desgrabación de las mismas propició la indagatoria de (el ex titular del Enargas, Fulvio) Madaro y de Néstor Ulloa, ex gerente de Nación Fideicomisos.

De Vido también mencionó a Madaro al referirse a la repercusión que tuvo en su momento la denuncia. El ministro cuestionó a los medios de prensa, ya que, según dijo, “en los últimos cinco años nos ha escarnecido ante la sociedad y nuestras familias, no sólo a mí, sino también a Madaro”. De Vido aclaró que el actual secretario de Energía, Daniel Cameron, estaba ausente porque se encontraba inaugurando una “importante línea de media tensión en Misiones”, pero destacó que “él también debería estar acá porque fue objeto igual que muchos de nosotros del escarnio mediático que sufrimos los últimos cuatro años”. Al mismo tiempo recordó que en ese momento Madaro ejerció su derecho a defensa pidiendo esta pericia, que finalmente fue ordenada hace dos años y medio.

Consultado sobre la convocatoria a declaración indagatoria del ex embajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous, quien fue el que denunció manejos irregulares en la importación por parte de ese país de maquinaria agrícola argentina, De Vido señaló que no lo “alegra, ni entristece”. Y expresó que “todos los que nos vimos involucrados en las groseras calumnias del embajador Sadous vamos a ir en reclamo de reivindicación en el caso de que el juez lo procese, mientras tanto no hago ningún comentario al respecto”.