El gobernador mendocino, Celso Jaque, por medio de su Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, adhirió al pedido de organizaciones sociales y políticas para que el Consejo de la Magistratura de la Nación separe de su cargo a Otilio Romano, el juez de la Cámara Federal de Mendoza que tiene procesamiento firme como partícipe primario en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Citado a declarar el jueves pasado por la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo que evalúa la idoneidad de los magistrados, Romano se internó en un hospital y dejó trascender que había sufrido un accidente cardiovascular. El consejo fijó la nueva convocatoria para el 4 de agosto. Organismos de derechos humanos y un amplio espectro de organizaciones marcharon ayer hasta la Legislatura de Mendoza, exigieron “la inmediata suspensión” del camarista y recordaron que “ha sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura hace más de un año y medio sin que hasta la fecha existan respuestas concretas frente al reclamo”.