Primero vino la destitución del camarista mendocino Luis Miret, el que a un ex detenido le dijo la frase memorable “hay que aguantar”, tras una sesión de tortura. Le siguió una denuncia contra el juez de Casación Gustavo Mitchell hecha por el tribunal que juzga la apropiación de hijos de desaparecidos, el mismo que a los pocos días hizo abrir una causa contra el entonces fiscal Juan Martín Romero Victorica. En La Rioja fue detenido el ex juez Roberto Catalán; en Rosario, la Cámara confirmó el procesamiento del ex juez de menores Luis María Vera Candioti y ordenó reabrir causas contra otros dos. Fue anulado el sobreseimiento del ex camarista de Salta Ricardo Lona, y al final llegó otro mendocino, Otilio Romano, o mejor dicho se fue –a Chile– para eludir ser juzgado por 103 crímenes de lesa humanidad y evitar presenciar su juicio político. Hay más, y todo ocurrió en lo que va de este año. Como si se hubiera roto algo, algún pacto que los amparaba. La complicidad de jueces, secretarios y fiscales con la maquinaria del terrorismo de Estado durante la última dictadura y también con posterioridad devino uno de los grandes temas en tribunales. O un gran desafío, que tardó en pasar filtros y de todos modos aún debe capear ciertas resistencias corporativas residuales.

El día que Victoria Montenegro se sentó ante el Tribunal Oral Federal N0 6 (TOF6) y decidió contar lo que se había guardado durante una década, abrió un mundo. Repasó su historia personal de manera lisa y llana, entre lágrimas, y dijo que estaba marcada por un poderoso fiscal de la Cámara de Casación que había hecho de todo por ayudar a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, cuando era investigado por la Justicia. Reveló que le anticipaba información y llegó a ponerle abogados cuando lo detuvieron. Aseguró incluso que sabía que había sido el propio Tetzlaff quien mató a sus padres en 1976. Victoria, la nieta recuperada número 78, repitió y amplió su relato en la radio y la televisión. Quizá sin planearlo, conmovió a miles de personas. Volvió cercano y palpable parte de ese enunciado que nombra a la complicidad civil con los crímenes de la última dictadura. Hablaba, además, de Romero Victorica, quien ese 25 de abril todavía ocupaba un despacho de fiscal de Casación Penal en el mismo edificio donde ella declaraba. Su testimonio derivó en una causa penal, a cargo del juez Norberto Oyarbide, a quien Romero Victorica ya le fue a pedir el sobreseimiento, y dio lugar a la apertura de su juicio político en la Procuración General. Pero renunció antes de que lo expulsaran.

La actuación atribuida a Romero Victorica es una de las caras de la cooperación civil con el régimen dictatorial: la de quienes, ya en democracia, buscaron poner obstáculos para juzgar a los represores, o incluso a otros jueces, como garantes de su impunidad. El ex fiscal nunca disimuló su postura, pero no avanzaban los planteos en su contra.

Avances y resistencias

En la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violación a los Derechos Humanos de la Procuración contabilizan sesenta personas que tienen o tuvieron cargos en la Justicia que “se encuentran vinculadas con diferentes grados de responsabilidad” con delitos de lesa humanidad desde la época de la Triple A. Representan otra faceta de la “relación del Poder Judicial con la represión”: la de quienes desde los tribunales fueron funcionales, cómplices o garantes de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado mismo. Pablo Parenti, coordinador, dice que el avance de los juicios de derechos humanos fue haciendo lugar a “nuevas hipótesis que complementan las iniciales” o “aspectos que no aparecían como los más urgentes”, y que hay “más testimonios sobre el tema y análisis documentales de expedientes”. Además, dice, “para avanzar penalmente hay que vencer una resistencia que proviene de la propia administración de Justicia, que no siempre se explica por motivos ideológicos, sino también por lazos familiares o de amistad, identificación o pertenencia a la misma corporación; pero los juicios y el trabajo permanente van haciendo mella en estas resistencias”.

El testimonio de Victoria Montenegro tuvo otras consecuencias no tan perceptibles, pero existentes, como haber llenado de sentido a un hecho ocurrido un mes antes de su declaración, pero no tan difundido: la destitución del camarista mendocino Luis Miret. Los testimonios de ex detenidos que lo vieron durante su cautiverio fueron impactantes. Como el de León Glogowski, que contó que Miret lo vio torturado y con el labio roto y que él le denunció sin eco las golpizas y torturas que recibían los detenidos, incluso el ataque sexual sufrido por su novia de 17 años, a quien escuchaba gritar desde el calabozo vecino. Glogowski además recordó que con él se ensañaban por ser judío, y que el ex juez comentó: “¡También, con ese apellido!”. Su novia era Luz Faingold, a quien siendo menor de edad llevaron al D2, un centro de detención de adultos. Miret se negó a restituirla a sus padres y la mandó a un internado, contó ella ante los consejeros. Luz, además, es querellante en la causa penal en la que no sólo Miret fue procesado, por cerca de treinta casos de violaciones a los derechos humanos sino también el entonces fiscal, que en estos últimos días se hizo famoso tras fugarse a Chile justo un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera para abrirle juicio político: Otilio Romano, también camarista en Mendoza.

Romano está procesado por 103 secuestros, desapariciones, torturas y robo de bienes de desaparecidos y camino a juicio oral. Su posible destitución elevaba las chances de que terminara preso al quedarse sin inmunidad de arresto. Por eso huyó, y pidió asilo político en el país vecino, que le dio ocho meses de visa mientras lo analiza. Lo único que podría precipitar todo es que un tribunal pida la detención sin esperar la destitución, un planteo que han hecho el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) mendocino y el fiscal Omar Palermo. El juez Walter Bento supeditó la captura al juicio político. Ahora deben decidir tres camaristas. El escándalo que implica la fuga de un juez de Cámara, acusado de delitos de lesa humanidad, bastó para que fuera tema en todos los medios.

Romano también fue visto por ex detenidos recorriendo centros clandestinos, incluso en La Plata. El abogado del MEDH Pablo Salinas suele explicar que “sin la actuación del fiscal, los represores no podían haber avanzado; porque no investigaba las torturas que le denunciaban; o porque les daba valor de cargo a testimonios obtenidos bajo tortura”.

El origen de la causa penal contra Romano, Miret y otros dos ex jueces es curioso: los organismos de derechos humanos se preguntaban por qué no avanzaban las causas contra represores en Mendoza, por qué los liberaban, y encontraron que el mayor escollo estaba en la Cámara, y ahí las víctimas empezaron a atar cabos, y a recordar quiénes habían sido estos jueces. Para Salinas el asunto no está saldado todavía, ya que el actual presidente de ese tribunal, Julio Petra Fernández, “es el mismo que votó el apartamiento del juez que había procesado a su amigo Romano y que luego del fallo salió a festejar con él, situación en la que fueron fotografiados”. Petra tiene también causas penales y el Consejo de la Magistratura lo citaría como sospechoso esta semana (ver aparte).

En La Rioja, en mayo fue detenido el ex juez Roberto Catalán, denunciado por el escritor Leopoldo Juan González. Después de su secuestro y detención en 1976, donde sufrió torturas y simulacros de fusilamento, Catalán se fue a tomarle declaración pero se negó a recibir sus denuncias sobre los tormentos en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141. “Esas cosas no tienen valor porque pasaron hace mucho tiempo”, le habría dicho. En Tucumán, fue indagado el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, por el asesinato de cinco militantes de Montoneros y por haber mandado a un detenido a un centro clandestino. Un sorprendente fallo reciente, de la Cámara de Casación, reabrió una causa contra el ex juez de Salta Ricardo Lona por el presunto encubrimiento del secuestro y la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976. En Bahía Blanca, un tribunal oral ordenó detener este mes al abogado Hugo Sierra, que fue secretario del fallecido Guillermo Madueño, y fue acusado de participar en interrogatorios en centros clandestinos.

Los jueces y los niños

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, declaró en abril en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos y contó una vieja anécdota, para algunos olvidada. En 1978 buscaba a su nieto, el bebé que había dado a luz su hija Laura durante su cautiverio, después de lo cual fue asesinada. Acudió a la Casa Cuna porque sabía que había allí una beba cuyos datos y fecha de nacimiento podían coincidir. Pero ya la habían dado en guarda. El juez de Menores era el actual juez de Casación Gustavo Mitchell. Ella lo fue a ver, y recibió, contó, un mensaje a través de un emisario: “El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace podría aparecer en una zanja”. Años más tarde, Carlotto supo que su nieto era varón, y todavía sueña con encontrarlo. El TOF6 denunció a Mitchell: ahora lo investiga Oyarbide, que ya había iniciado una causa contra él por la entrega del hijo de la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en 1976 en un operativo del Plan Cóndor. Su bebé, Simón, tenía sólo veinte días y el juez se lo dio en guarda al subcomisario Osvaldo Parodi, sospechado de estar vinculado con el secuestro de ella. Por estos días, el Consejo de la Magistratura decidió impulsar la investigación contra Mitchell y quien fuera su secretario, el actual juez José Martínez Sobrino. Pidió que den testimonio Carlotto, Méndez, la fundadora de Abuelas, María Isabel Chorobik de Mariani (primera en denunciar el caso), y la directora del programa de asistencia a testigos, Fabiana Rousseaux.

Oyarbide avanza lento. Una de sus medidas más fuertes fue incautar todos los expedientes de adopciones de la dictadura de los Juzgados de menores porteños. Un trabajo similar hizo otro juez en Lomas de Zamora, en el ex juzgado de la fallecida Delia Pons, que les decía a las Abuelas en la cara que no les devolvería a sus nietos. Son caminos para detectar casos de apropiaciones disfrazadas de legalidad. “En el 30 por ciento de los casos de apropiación de niños ya resueltos hubo procesos judiciales de adopción, muchos de los cuales no eran más que mecanismos de blanqueo del robo de bebés, con la complicidad de la Justicia”, dice Alan Iud, abogado de Abuelas. “Todavía hay mucho por avanzar en este terreno”, advirtió. Aunque hay fallos recientes que “son un punto de partida”: La decisión de la Cámara Federal de Rosario de reabrir la investigación contra Juan Carlos Marchetti, ex juez de Menores en la dictadura, y Delfín Castro, entonces juez civil, implicados en el proceso irregular de guarda y adopción de Manuel Gonçalves, quien recuperó su identidad en 1995, y de Paula Cortassa. La confirmación del procesamiento, la semana pasada y en el mismo tribunal, que dejó cerca del juicio oral al ex juez Luis María Vera Candioti por la supresión de la identidad de Carolina Guallane, única sobreviviente de una masacre donde murió toda su familia en 1977.