Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Derechos Humanos de la Procuración General, explica que las investigaciones que vinculan la actuación de funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado “dan cuenta de una gama de situaciones”: “puede verse desde la omisión de investigar denuncias concretas hasta la toma de declaraciones a personas sometidas a torturas; tortura y homicidio de personas que estaban detenidas a disposición judicial; participación de jueces en el ‘blanqueo’ de personas detenidas ilegalmente sin dejar constancia de la detención previa; la entrega de menores apropiados mediante expedientes de adopción que ocultaron la procedencia de los menores”. Parenti destaca los avances, pero aclara que no son parejos en las distintas provincias. “En algunas es casi imposible encontrar un funcionario que no se aparte del caso. Muchas veces en estos casos intervienen ‘conjueces’, que son abogados de la matrícula, que a veces tienen vínculos con los funcionarios judiciales investigados o con los que se apartaron, y que resuelven prácticamente con impunidad porque no tienen ninguna responsabilidad institucional (no corren riesgo de ser destituidos)”. Cita un ejemplo reciente de Santiago del Estero, donde el actual juez Luis Eduardo López, secretario durante la última dictadura, acaba de ser sobreseído “por un conjuez abogado que fue designado para intervenir sólo tres días por la licencia del titular del juzgado, y en esos tres días lo que hizo fue ese sobreseimiento”. López estaba denunciado por presenciar la golpiza a un detenido para que firmara una declaración y por haber ido al lugar de cautiverio a recibir una declaración a una persona torturada.