A comienzos de 1979, luego de que funcionara casi tres años como campo de concentración, el V Cuerpo de Ejército demolió La Escuelita, como la bautizó el general Adel Vilas. En 1981, desde el exilio, Alicia Partnoy describió la vieja casona donde estuvo en cautiverio y dibujó un croquis que repitió en diciembre pasado, por primera vez ante un tribunal y un grupo de represores. La buena nueva es que La Escuelita de Bahía Blanca dejará de ser una entelequia. Gracias al trabajo de arqueólogos de la Universidad Nacional del Sur, convocados por orden judicial a partir de una iniciativa de Memoria Abierta, los cimientos del ex centro clandestino salieron por primera vez a la luz. La investigación permitió dar con un plano de la construcción de 1944, comprobar que La Escuelita funcionó a 200 metros de las ruinas que inspeccionó la Conadep en 1984, e incluyó el hallazgo de más de 13 mil piezas que estaban bajo tierra e incluyen jeringas, envases de calmantes y otros materiales médicos que se habrían usado con los secuestrados. Memoria Abierta, que ya entregó un informe preliminar de la investigación, le solicitó al juez federal Alcindo Alvarez Canale que ordene perimetrar y techar el terreno para proteger los hallazgos y poder continuar con una segunda etapa de excavaciones.

“El lugar es llamado por los militares ‘Sicofe’. Está cerca de una vía del ferrocarril, se podía oír el paso de los trenes, los tiros de práctica del Comando y el mugido de las vacas”, escribió Partnoy hace casi 31 años, antes de explayarse sobre la casa donde vio por última vez a sus compañeros de la Juventud Peronista. El general Mario Aguado Benítez, ex comandante del Cuerpo V, evitó en 1984 precisar la fecha de demolición y apuntó que “luego de los aprestos bélicos de 1978 se reiniciaron tareas de desmonte y nivelación del terreno”. El suboficial Luis Vilches, que vivió allí con su familia hasta poco antes del golpe de Estado, dibujó un plano en 1985 frente a un denominado “juez militar” que resultó ser el teniente coronel Emilio Ibarra, ex jefe de la patota de secuestradores.

La investigación de Memoria Abierta se inició a partir de testimonios y croquis de sobrevivientes, en particular el de Partnoy y el de Gustavo López, secuestrado a sus 16 años. El primer barrido del terreno, que permitió identificar varias construcciones, se desarrolló entre abril y mayo de 2010. En septiembre último comenzaron las excavaciones. “A los arqueólogos del Departamento de Humanidades de la UNS se sumaron más de treinta alumnos y expertos que trabajaron en estudios preliminares desde el punto de vista topográfico y geoeléctrico”, destacó el arquitecto Gonzalo Conte, de Memoria Abierta. “Una excavación de 5-10 centímetros permitió descabezar los muros de cimientos y ver la conformación de esa planta con todos los ambientes descriptos”, agregó. La mayor parte de los objetos recolectados estaban en una cisterna y “en un pozo basurero, donde había ampollas, jeringas, frascos de medicamentos”, detalló, y apuntó que “todas esas pruebas están ahora cauteladas en un sótano que está justo debajo de la sala del rectorado de la UNS donde se hace el juicio”. “Le hemos propuesto al juez una segunda etapa de excavación de hasta 50 centímetros para despejar dudas sobre posibles hallazgos, buscar más evidencias y poder encarar una reconstrucción virtual de esa casa”, adelantó. El fiscal federal Abel Córdoba reiteró tras la declaración de Partnoy el pedido para realizar una nueva inspección ocular en el terreno junto con los jueces del Tribunal Oral Federal y los sobrevivientes.