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Cierta dosis de desconocimiento sumado a otro tanto de prejuicio han dado por resultado dos respuestas desacertadas en el caso del intendente de Catriel, Carlos Johnston, que se ausentó sin previo aviso de su casa y apareció unos días después varios cientos de kilómetros más al sur, con algunos indicios de estar padeciendo algún tipo de problemas en su salud mental.

Un desacierto es haberlo alojado en una comisaría, y no en un centro de salud, como hubiese correspondido para ser evaluado y cuidado por un equipo profesional. Una comisaría no es el lugar que corresponde para la atención de la salud (y eso incluye la salud mental) de ninguna persona. Recordemos que, en 1997, un joven llamado Sebastián Bordón, en viaje de egresados por Mendoza, presentó algunos síntomas aparentemente relacionados con su salud mental –depresión, insomnio, ideas de persecución– y, en lugar de ser trasladado a un centro de salud, fue alojado en una comisaría, asesinado y luego arrojado a un barranco.

Otro desacierto es que, apenas conocido que el intendente de Catriel se encontraba físicamente bien, el primer mensaje desde lo más alto del Poder Ejecutivo de Río Negro no fue la preocupación por su salud, sino pedirle la renuncia. Como si no se hubiese podido internalizar la existencia de un problema de salud no habiendo daños físicos visibles.

Si bien es evidente que la conducta de ausentarse sin motivos claros y sin previo aviso de la ciudad que está bajo su responsabilidad habla de una dificultad actual para hacerse cargo de sus funciones, lo esperable hubiese sido poner en primer lugar la preocupación por su salud, el acompañamiento a su familia y la disposición a colaborar para que sea evaluado y eventualmente tratado por profesionales. Tal vez efectivamente no pueda continuar en el cargo, o tal vez sí, luego de ser evaluado y en todo caso recuperado de su crisis. Mientras tanto, está el mecanismo de las licencias por razones de salud. Porque además, sea cual sea la posibilidad futura de reasumir el cargo, lo que no hay que descuidar es que es un ciudadano y vecino de una pequeña ciudad donde tiene todo el derecho de seguir viviendo plenamente integrado y sin padecer ningún tipo de discriminación.

El nuevo enfoque sobre la salud mental, a partir de la Ley Nacional 26.657, nos obliga a repensar, como sociedad, este tipo de acciones que rápidamente tienden a ubicar los problemas de salud mental en un ámbito asociado a la peligrosidad, como la comisaría (o el manicomio), o en el orden de la incapacidad absoluta, que presupone el pedido de renuncia. Se desestiman en cambio derechos humanos fundamentales, como el derecho a la atención integral de la salud y a la inclusión social.

* Psicólogo. Ex diputado nacional; autor del proyecto que se plasmó en la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.