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Aníbal Ibarra creía haber sorteado el obstáculo para realizar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires el próximo 8 de junio que representaba la suspensión de los comicios ordenada por la jueza María Romilda Servini de Cubría, pero ayer se encontró con otra piedra en su camino: la mayoría de los partidos de la oposición –excepto el de Mauricio Macri, a quien como al ex fiscal le conviene que las elecciones se mantengan en la fecha prevista–, anunciaron que hoy aprobarán en la Legislatura un nuevo cronograma electoral para que la votación no sea antes de octubre. Desde el oficialismo advirtieron que los legisladores no tienen atribuciones para eso, con lo cual la controversia terminará dirimiéndose casi con seguridad en la Justicia.
Los alineamientos a favor o en contra de la realización de las elecciones locales el próximo 8 de junio no son casuales, sino que responden a motivaciones políticas. A favor está Ibarra, quien concretó la convocatoria para esa fecha con el objetivo de dificultar la instalación del resto de los candidatos y polarizar el comicio con Macri. De su lado está también el empresario. En su caso no le conviene demorar una contienda en la que todas los sondeos lo dan como ganador.
En contra están todos los demás, quienes pretenden más tiempo para instalar sus candidaturas o para mejorar la performance que hoy le otorgan las encuestas. Los que prometen dar batalla desde la Legislatura son Patricia Bullrich (candidata de Ricardo López Murphy), los kirchneristas Rafael Bielsa y Gustavo Beliz, el radical Cristian Caram y Enrique Rodríguez (postulante de Adolfo Rodríguez Saá).
“Existe un pacto entre Ibarra y Macri para impedir que la ciudad debata sus propuestas”, destacaron en una conferencia conjunta que dieron ayer en el Cabildo para anunciar que hoy dejarán sin efecto la convocotaria a elecciones formulada por Ibarra y fijarán “una fecha cierta, sesenta días antes del vencimiento de los mandatos”. Según explicaron, “las elecciones del 8 de junio y la entrega del poder para el 10 de diciembre, con un gobierno débil, condenan a Buenos Aires y a su gente a sufrir durante el presente año una grave crisis de gobernabilidad”.
La Constitución porteña establece claramente que la convocatoria a elecciones es una atribución exclusiva del jefe de Gobierno. Sin embargo, los asesores de los candidatos descubrieron el modo de alterar el cronograma electoral definido por Ibarra: es que el artículo 80 de la misma Constitución dice que la Legislatura puede realizar la convocatoria cuando el Ejecutivo no lo hace en “el tiempo debido”. Y lo que argumentan es que el ex fiscal no respetó ese “tiempo debido”.
“Al derogar el decreto de simultaneidad de las elecciones para sacárselas de las manos a Servini, se produce una modificación en el proceso electoral porque cambia de juez a mitad de camino y si uno cambia las reglas de juego, corresponde empezar de cero nuevamente. Lo que Ibarra debería haber hecho es una nueva convocatoria a elecciones dentro de 90 días, como establece el Código Electoral, y no en 60 días tal como está planteada hoy la cosa. Por lo tanto, no cumplió con el tiempo debido que marca la Constitución”, explicó a Página/12 uno de esos asesores.
Como en todos los casos sujetos a interpretaciones, se puede argumentar a favor y en contra. De hecho, desde la jefatura de gobierno advirtieron ayer mismo que lo que pretenden hacer los legisladores de la oposición es inconstitucional. Lo mismo dijo el jefe del bloque del Frente Grande, Marcelo Vensentini, y agregó que “se trata de una maniobra política de Miguel Angel Toma con Servini de Cubría, a la que un montón de idiotas útiles le serán funcionales sólo porque les va mal en las encuestas”.
La oposición asegura tener el número suficiente de legisladores para aprobar la modificación del cronograma electoral, un punto que también genera discusión: mientras los opositores dicen que sólo se requieren 31 votos, los oficialistas sostienen que hacen falta 40. De todos modos, unos y otros reconocen que aún cuando se apruebe, Ibarra vetará la ley y que encaso de que la Legislatura insista, la controversia se trasladará automáticamente al Tribunal Superior de Justicia porteño.

Informe: Martina Noailles.