EL PAíS › UN FISCAL TERCIARA EN LA ELECCION DE TUCUMAN
Mala nueva para el PJ y el bussismo
Por Felipe Yapur
Todo hacía prever que la sucesión de Julio Miranda al frente del gobierno de Tucumán se dirimiría entre el neojusticialista José Alperovich y Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio Bussi. Sin embargo, ayer se sumó un tercer aspirante, el hasta ahora fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, quien participará de los comicios de junio bajo el paraguas del frente Unión por Tucumán.
Jerez realizó todos los movimientos juntos. Ayer presentó su renuncia a la fiscalía e inmediatamente anunció su candidatura que, en la disputa por la gobernación, ha generado un desplazamiento en las preferencias de los electores tucumanos. Según varias encuestas que se publicaron en la provincia, incluso algunas contratadas por el oficialismo, dan cuenta de la importante adhesión que cosecha Jerez en detrimento de Alperovich y de Bussi hijo, quien se presenta por segunda vez a pelear por la primera magistratura tucumana.
Si bien por ahora los sondeos de opinión a Jerez le sonríen, no es menos cierto que el flanco más débil del flamante candidato es el partido que lo acompaña. Unión por Tucumán es un frente de reciente formación y es, mal que les pese a sus ideólogos, un verdadero rejunte de partidos y corrientes locales y nacionales que confluyen por diferentes motivos. En el frente hay liberales de Ricardo López Murphy, socialistas de Alfredo Bravo, peronistas díscolos como el diputado nacional Ricardo Falú, radicales ortodoxos, el ARI de Elisa Carrió y hasta referentes de izquierda. Tamaña heterogeneidad puede jugar en contra de las aspiraciones de Jeréz quien no disimula su amistad y relación política con Falú.
El oficialismo sabe del potencial peligro que significa Jerez. Lo saben desde hace tres años cuando asumió el cargo que creó el mismo Miranda para investigar la gestión del genocida Bussi, pero que Jerez no se quedó allí y también husmeó en los manejos del mirandismo. El fiscal termina su gestión con más de 400 denuncias realizadas que no lograron progresar por el compromiso de los jueces locales con el gobierno de Miranda.