“Malvinas es parte de una política de Estado donde el pueblo argentino encuentra su identidad cultural fundacional. Es imposible pensarlo de otro modo.” Con esa definición, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez (FpV), respondió a los comentarios que había realizado la cúpula de la Iglesia Católica a través del titular del Episcopado, José María Arancedo, con respecto a que “ni el oficialismo ni la oposición deberían aprovecharse de esta situación tan delicada”. El diputado oficialista José María Díaz Bancalari también salió al cruce del religioso, mientras que el presidente de la Pastoral Social de la Iglesia, Jorge Lozano, matizó la postura eclesiástica y respaldó la actuación de la Casa Rosada: la calificó como “una palabra sensata, serena, que busca ubicar la cuestión en el ámbito que corresponde, el de la diplomacia y la búsqueda del diálogo”.

Julián Domínguez respondió a las declaraciones de Arancedo, que había censurado una supuesta utilización política del conflicto por parte del gobierno nacional o la oposición. “La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inició acciones diplomáticas ante las Naciones Unidas para la desmilitarización del Atlántico sur con la presencia de todos los sectores políticos, económicos, sociales y partidos que componen el arco político argentino, marcando claramente que no se trata de una estrategia de utilización política de la causa Malvinas sino de un reclamo genuino de toda la sociedad”, aseguró el presidente de la Cámara baja.

“Nadie puede dudar de que Malvinas es una política que unifica los intereses permanentes del Estado argentino y de los partidos políticos que son los representantes naturales del universo plural de la soberanía política –agregó Domínguez a través de un comunicado–. Los gobiernos democráticos tienen todo el derecho político que les confiere el pueblo, a través del voto, a impulsar acciones que definan la postura de una Nación ante los organismos internacionales, como la Resolución 2065 de la ONU que debe ser acatada por Inglaterra.” Por último recordó que “las acciones llevadas adelante por nuestro país no sólo cuentan con el apoyo unánime de la sociedad argentina sino de toda América latina, en base a una política internacional que distingue nuestra lucha diplomática”.

Arancedo, titular de la Conferencia Episcopal que agrupa a todos los obispos del país, había dado un mensaje ambiguo que ayer fue reflejado de manera sesgada por algunos medios. “Esta es una cuestión de Estado y no sólo del gobierno (...). Nadie, ni el oficialismo ni la oposición, debería aprovecharse de esta situación tan delicada que hace al futuro de los argentinos”, había manifestado el religioso, quien también había agregado que consideraba “que es correcto tanto el reclamo de soberanía como el camino diplomático elegido”, algo que fue menoscabado en la cobertura mediática del tema.

Para aclarar estas interpretaciones, ayer el obispo de Gualeguaychú y titular de la Pastoral Social, Jorge Lozano, destacó “la búsqueda del diálogo” por parte del gobierno argentino, así como la denuncia ante la ONU por la “creciente militarización” del Atlántico sur por parte de las fuerzas armadas británicas. Lozano calificó la postura de la Casa Rosada como “una palabra sensata, serena, que busca ubicar la cuestión en el ámbito que corresponde, el de la diplomacia y la búsqueda del diálogo”, al tiempo que destacó la decisión de “acudir a organismos internacionales cuando no hay posibilidades de diálogo directo” con Londres.

“También es bueno lo que el gobierno nacional ha hecho en su queja por la creciente militarización de la zona”, destacó Lozano, ya que esa actitud “pone luz desde esta perspectiva, teniendo en cuenta también pareceres de las comunidades religiosas”. La cuestión Malvinas “es una cuestión de la sociedad en su conjunto”, agregó. “No queremos atravesar situaciones bélicas, sabemos que los conflictos hay que solucionarlos por las vías del diálogo”, destacó. Por último, el religioso cuestionó el rol de la dictadura al comenzar la guerra en 1982 en un intento de reconquistar el archipiélago. “La instrumentación que se hizo en aquel tiempo del conflicto poco tenía que ver con las verdaderas intenciones de la Nación”, concluyó.

A su vez, el diputado kirchnerista José María Díaz Bancalari salió a respaldar la política que está llevando adelante el Gobierno en este tema. “Nadie aprovecha en forma espuria una política de esta naturaleza, que es una política de Estado”, respondió el legislador ante las críticas. “En algún momento –concluyó–, la política tiene que volver a ser el instrumento pacífico de transformación social y del logro de objetivos de distintas naciones.”