La sala del recinto de audiencias del juicio por el robo sistemático de bebés apenas tenía a unos pocos sentados en la zona del público. La abuela de Paula Logares, Elsa Pavón, era la única que ocupaba las dos primeras filas. Como sosteniendo un espacio que le reporte finalmente la justicia que todavía le debe el Estado, permaneció en silencio. Y sólo dijo algo sobre la Iglesia, de cómo sus autoridades se lavaron las manos en 1983, cuando con el último aliento, la Junta de Comandantes buscó con el documento de autoamnistía el modo de perpetuar la impunidad también en el robo de niños.

Elsa dijo aquello de la Iglesia cuando los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 6 anunciaron que no llegaría a declarar el último testigo programado para el debate. El abogado Juan José Prado es un antiguo integrante de la APDH, que en aquellos años les exigió sin éxito a los represores que se dispongan a resolver antes de la salida el tema de los niños entregados a las familias de militares y de personas cercanas. Y que para ello podrían pedir la mediación de la Iglesia. Prado, que fue integrante de la Comisión de Vedia que investigó al comienzo de la democracia el robo de niños, no se presentó, pese a que se sabe que quiere hacerlo, porque de momento no lo encuentran en su domicilio. A uno de los abogados querellantes que se sentó a su lado, Elsa le susurró, entonces, aquello de que la Iglesia no se opuso a participar en el robo de los niños, pero que puso objeciones para mediar en las restituciones.

Con esa situación de fondo, mientras se aguarda que aparezca el testigo, se anunció que Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez, finalmente consiguió por vía judicial la restitución de su nombre verdadero en su documento de identidad y la corrección también del de su hijo. Y además, el fiscal Martín Niklison pidió la incorporación por lectura de varios testigos clave de la causa que están muertos. Entre otros, las múltiples declaraciones de Adriana Calvo y las de Juan Carlos “Cacho” Scarpati.