Los testimonios y otros elementos recabados durante más de un año en las audiencias realizadas en los tribunales de Comodoro Py aportaron pruebas suficientes para concluir que el robo de bebés y niños, hijos de mujeres y hombres detenidos clandestinamente y en su mayoría desaparecidos, no fueron acciones aisladas durante la dictadura sino, por el contrario, un crimen que respondió a “órdenes emanadas de las máximas autoridades militares” y que “se insertaban en el plan sistemático general de represión ilegal”. Así lo considera la fiscalía que, bajo la representación de Martín Niklison, Félix Crous y la adjunta María Saavedra, actúa en el juicio que evalúa la responsabilidad de una decena de militares, entre ellos los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, en la sustracción, retención y ocultamiento de 34 niños y en la sustitución de sus identidades. Ayer, el fiscal Niklison comenzó a exponer su alegato en el que, además de definir los crímenes como partes de la táctica y la estrategia del terrorismo de Estado, advirtió sobre su vigencia actual, a más de tres décadas de su aplicación. “Hay duelos que nunca se pudieron realizar como consecuencia de la metodología represiva de la dictadura. El horror de esos años no pertenece aún al pasado”, introduce la posición fiscal.

Niklison dibujó claramente el marco en el que se desarrollará el alegato de la fiscalía, durante las próximas seis audiencias. “Ha quedado demostrado con total certeza de que no se trató de conductas ocasionales y que en distintos lugares existieron estructuras montadas para llevar a cabo la sustracción de los menores”, mencionó, ante los rostros de los acusados y la mayoría de las querellas que participan del proceso, iniciado en febrero de 2011 ante el TOF 6.

La certeza de la fiscalía se apoya sobre varios ejes. De por sí, fueron contundentes las declaraciones que citaron de boca de represores como Ramón Camps o el propio Videla, quienes reconocieron la sustracción de bebés a hombres o mujeres “de la subversión”. Para los fiscales, la cantidad de hechos juzgados, sumados a los que figuran en otras causas penales y los que ya recibieron condena; el número de “lugares en donde se produjeron las apropiaciones” y el traslado hacia allí de mujeres embarazadas desde donde estaban secuestradas clandestinamente aportaron a la demostración de su hipótesis.

“Si en Argentina tenemos cientos de casos (de apropiaciones) y en las dictaduras de países vecinos no hubo ninguno, es porque aquí se tomó una decisión diferente”, señaló Niklison. Respecto de los escenarios, subrayó que “no se trató de un par de comisarías o de un cuartel. Tampoco se limitó a instalaciones de una fuerza, sino que hubo maternidades en dependencias de la Policía Bonaerense, del Ejército y de la Armada”.

Por último, mencionó que “es impensable que en la Argentina de esos años se pudiera trasladar a una mujer embarazada desde Mar del Plata o desde Morón hasta la ESMA para que tuviera su hijo, luego se hiciera desaparecer a esa mujer y su bebé se le entregara a otra persona y que ello no respondiera a un plan perfectamente orquestado desde los máximos niveles”. La connivencia de representantes de la Iglesia en el secuestro de bebés –hecho probado en el caso de la nieta de Chicha Mariani–, así como de miembros del Poder Judicial –el caso de la jueza Marta Pons– y la participación de personal médico completan el tablero de indicios que apuntan a probar la sistematicidad de los crímenes: “Hemos visto personas que todavía no saben dónde están ni qué pasó con sus seres queridos, otras que han recuperado su identidad hace muy poco y que, por lo tanto, todavía tienen muy fresca y con dolor la herida abierta hace más de treinta años por quienes están siendo aquí juzgados”.