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“La empresa Repsol deberá hacerse cargo de los pasivos ambientales que dejó en el país.” La frase corresponde al senador Marcelo Fuentes (Neuquén, FpV), quien afirmó a Página/12 que las provincias acudirán a la Justicia, si es necesario, para que la compañía española pague por los daños ambientales. Este aspecto será clave para determinar el precio que deberá pagar el Estado por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en poder de Repsol.

–Los ex funcionarios Jorge Lapeña y Daniel Montamat dijeron ayer que el proyecto que recupera el control de YPF no resuelve los problemas energéticos de fondo. ¿Qué aportará al país esta iniciativa?

–Lo que está claro es que los problemas de fondo no podrán saldarse sin esta expropiación, por más que queden cosas pendientes. Acá se está confundiendo, deliberadamente, la argumentación de la no importancia de YPF. La relevancia de esta compañía no radica en los volúmenes de producción a los que artificialmente ha descendido. Su importancia es que atraviesa toda la actividad. Es decir, no se busca la sanción a una empresa sino recuperar un instrumento que la Nación considera central para el desarrollo de la política energética. Esta es la confusión deliberada, que por ejemplo la senadora (María Eugenia) Estenssoro intentó instalar al decir que con este proyecto se podría expropiar a cualquier empresa que no cumpliera los términos deseados por el Ejecutivo.

–La ley declara en sus primeros artículos el interés público para toda la actividad hidrocarburífera. ¿Ahí podrían entrar otras empresas?

–Ahora se expropia una parte de las acciones de Repsol YPF en el marco de una decisión soberana del Estado, que necesita una herramienta para el desarrollo de una política energética autónoma. Además, se recupera una filosofía. YPF construía caminos, escuelas, fomentaba la cultura en los pueblos. Tenía un concepto integrador.

–¿Cree que podrá retomarse esa filosofía?

–Sí. Y además no tendría sentido hacer todo esto sin que YPF recupere su sentido integrador. El proyecto habla de una definición estratégica sobre el desarrollo energético, que pone en el centro a YPF. Sin ella no hay posibilidades de llevarla adelante.

–Con respecto al valor de la compañía, tanto Julio De Vido como Axel Kicillof indicaron que se auditarán los pasivos ambientales, que serán determinantes a la hora de valuar el porcentaje de acciones a expropiar.

–Esa es la diferencia entre una empresa con un sentido de integración, que necesariamente hoy debe tener por objetivo el cuidado del medio ambiente, con otra que no lo tiene. El titular de Repsol decía que debían disminuir su exposición en la Argentina (dato que figura en los balances). Era lo mismo que decir “nos estamos yendo y te dejo un agujero inmenso”. Ahora, ese pasivo ambiental, independientemente de que la Nación pueda coordinar la valoración a través del ministerio respectivo, pertenece a las provincias y comunidades. Hay distintos tipos de pasivos ambientales. Están los propios de cualquier actividad, por ejemplo. Pero incluso aquellos que operan con los mejores canones ambientales también crean pasivos. El tema es dilucidar si los pasivos fueron generados por falta de inversiones, algo que se ve reflejado en ductos con pérdidas o accidentes injustificados.

–¿Cómo se materializará esa recomposición de los pasivos?

–Cuando te vas a retirar en guerra y peleando, vas a recibir el agua hirviendo hasta que te vayas. La otra forma de retirarte es con una baja en los decibeles y ponerse a discutir sobre los valores reales de la compañía y listo. Pero ahora la empresa está hablando de que motorizará sanciones en los foros internacionales (como el Ciadi), mientras que nosotros hablamos de las dificultades que ellos van a tener producto de los pasivos ambientales que dejaron. El inventario de lo que está oculto en los recovecos de la empresa es uno de los elementos determinantes de la expropiación.

–¿Es decir, Repsol tendrá dificultades por cómo manejaron la cuestión ambiental?

–Efectivamente.

–¿Por ejemplo?

–El embargo de créditos y otros reclamos. Todo esto será coordinado. No es el Estado nacional quien tiene el derecho sobre estos pasivos sino que pertenecen a las provincias que, en un acuerdo muy amplio, deberán discernir de qué manera defender los intereses de sus habitantes.

–¿Van a recurrir a la Justicia para realizar estos reclamos?

–Sí, podría ser.

–¿Cómo van a realizarse las alianzas entre YPF y las posibles nuevas empresas, nacionales y extranjeras, que quieran dedicarse al mercado de los hidrocarburos?

–No entrará cualquier empresa sino aquellas que estén dispuestas a comulgar con el proyecto energético del país. Las empresas saben que invertir en hidrocarburos es algo rentable. El tema es también obligarlos a que pongan plata en el país.

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