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Agustín Rossi, del FpV, afirma que “el esfuerzo” de los diputados oficialistas estará puesto en sancionar la ley que “dispara el proceso de expropiación de YPF, lo que cerrará el paso a las modificaciones que impulsan desde la oposición, que acompaña críticamente la medida. El jefe de los diputados del FpV defiende la participación de las provincias productoras en el manejo de la petrolera “porque tienen la potestad sobre los recursos” como establece la Constitución del ’94, pero insiste en que la sindicación de las acciones “unificará la acción del Estado, reparando el desmembramiento que generó esa reforma constitucional”.

–¿Existe la posibilidad de introducir modificaciones a la media sanción del Senado?

–Diputados es cámara revisora de la media sanción del Senado, que fue aprobada casi por unanimidad y hay que tener una mirada sobre el volumen de esa media sanción. A partir de eso, nuestro esfuerzo va a estar puesto en tener ley esta semana, que es la que dispara todo el proceso de expropiación. La ley es bastante completa y cuenta con el consenso de los gobernadores de las provincias petroleras. Respetamos algunas posiciones, pero reivindicamos la propuesta que estamos haciendo.

–¿YPF seguirá siendo una sociedad anónima?

–Creemos que no tiene que ser la YPF previa al ’92, que debe mantenerse dentro de la órbita de las sociedades comerciales. Debe intervenir en un mercado de muchísima competencia, tiene que ser una empresa ágil y dinámica, y para eso la mejor fórmula jurídica es la de una sociedad anónima con mayoría estatal. No creemos que tengamos que hacernos cargo del ciento por ciento de las acciones de YPF, por eso se decidió declarar de interés público y expropiar el 51 por ciento de las acciones, que en el resto de las acciones haya capital privado que participe. Queremos recuperar el control estratégico y operativo de la empresa.

–¿Cómo participarán las provincias productoras de petróleo de la conducción de YPF?

–El que va a comprar el 51 por ciento de las acciones es el Estado nacional, que ha decidido que el ejercicio de los derechos políticos y económicos de esas acciones quede repartido entre el PE nacional, con el 51 por ciento del total expropiado, y 49 por ciento restante a cargo de las provincias petroleras. Con un pacto de sindicación que establece que ese 49 por ciento de las provincias va a estar de alguna manera atado, durante cincuenta años, a actuar y votar en forma conjunta con el PE nacional para recuperar el control operativo de la empresa. Unifica la acción por parte del Estado, lo que es absolutamente razonable. Participan las provincias que a partir de la Constitución del ’94 son las que tienen la potestad sobre los recursos hidrocarburíferos y repara el desmembramiento que generó esa reforma. El resto de las provincias participan en ese Consejo Federal. La ganancia de todos los argentinos está en que YPF produzca y lleguemos al autoabastecimiento energético. Si alguno cree que va a resolver sus problemas de gasto corriente participando de la empresa, se equivoca de cabo a rabo.

–¿Cómo se garantizará que el Estado no pierda el control operativo de YPF?

–La Presidenta estableció que para vender el 51 por ciento de las acciones que hoy compramos se tenga que hacer con dos tercios de los votos. Una mayoría especial que establece que el esfuerzo que hoy hacemos para recuperar el control sobre YPF no se pueda volver atrás ante cualquier vaivén político. Una mayoría agravada, que es la misma que se necesita para reformar la Constitución.

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Ricardo Alfonsín, de la UCR

“Desconfían de la política”

Ricardo Alfonsín se encargó de defender enfáticamente la postura “histórica” de la UCR a favor de la recuperación estatal de YPF, pero dijo desconocer las diferencias internas por la expropiación que amenazan con fracturar el bloque de diputados radicales. Cuestionó aspectos del proyecto del Ejecutivo, cargó contra el PJ que en los ’90 impulsó la privatización de YPF y contra las “excusas” de la oposición que vota en contra porque “desconfía de este Gobierno”, cuando “en realidad desconfían del rol del Estado y de la política”.

–Dedicó todo su discurso en el plenario de comisiones para defender la postura de la UCR, ¿por qué?

–En realidad se trata de un apoyo del oficialismo a una concepción tradicional de la UCR, histórica y principista: para que el Estado pueda cumplir su objetivo principal de trabajar por el interés general debe ser propietario de los recursos naturales. En este caso del petróleo y el gas, al menos de parte de ello. De manera que no podíamos votar en un sentido diferente cuando el oficialismo finalmente se aviene a coincidir con nuestra posición, porque en la década del ‘90 habían opinado de otra manera.

–Usted también criticó a quienes cuestionaban la postura de la UCR. ¿De dónde surgieron esos planteos?

–Venían de distintos lados, habían enjuiciado de distintas maneras la posición que tiene la UCR. No es una posición que tenga que ver con encuestas ni mucho menos: no creo en las encuestas, las tomo con pinzas, sobre todo cuando quien las encarga tiene un interés en el resultado. Pero si la sociedad piensa de esta manera, bienvenido sea. Pero en la década del ’90 el 70 por ciento pensaba en contra de lo que no-sotros creíamos que había que hacer y no cambiamos de posición.

–¿Este mensaje también está dirigido al sector interno que no comparte la decisión partidaria de apoyar la expropiación de YPF?

–No, no. Me enteré por los medios que había algunos diputados de mi bloque que no estaban dispuestos a acompañar la posición del radicalismo en el Senado y la que se fijó en la reunión de los bloques parlamentarios y el Comité Nacional. Pero no sé si esto es así, habría que verificarlo. A mí nadie me dijo nada.

–¿Cuáles son los principales cuestionamientos al proyecto oficial?

–Primero intentar una negociación para ver si podemos comprar YPF, previa información de cuáles son los activos y pasivos. Si no se puede, recién explorar la posibilidad de una expropiación. Además de realizar una auditoría para determinar cuáles son los incumplimientos de Repsol y del resto de las concesionarias para que el Estado recupere las áreas donde hayan existido. Crear una comisión investigadora sobre las responsabilidades de Repsol y eventualmente de algún funcionario público. Nadie cree que se enteraron hace un mes de la desinversión y vaciamiento por parte de Repsol. Hace tiempo que venía ocurriendo y nosotros lo habíamos denunciado. Si sabíamos nosotros, que estamos en la oposición, ¿cómo no lo van a saber los del oficialismo?

–¿La recuperación de YPF beneficiaría al próximo gobierno independientemente de su signo político?

–No se lo estamos transfiriendo a este gobierno, ha ganado las elecciones el Frente para la Victoria y le toca gobernar, pero después gobernarán otros. Ahora hay algunos que dicen que se oponen a la estatización de YPF porque este gobierno no les despierta confianza. En realidad, creo que ésas son excusas, lo que no les despierta confianza es la política o el Estado. Son los mismos que en la década del ’90 defendían fervorosamente la privatización del Estado.

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Federico Pinedo, del PRO

“La peor manera”

Federico Pinedo cargó contra el proyecto para expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de la española Repsol. El jefe de los diputados macristas afirmó que el Gobierno “lo hizo de la peor manera”, “fuera de la ley” y “sacando de sus escritorios a los dueños de la empresa y mostrándolo por TV”. Pinedo consideró que la medida ahuyentará las inversiones extranjeras y hasta trazó un paralelo entre la decisión y la actitud del Ejecutivo con los talibán en Afganistán, que negocian “con un revólver sobre la mesa”. Desde el PRO insisten en que la explotación petrolera debe estar en manos de las provincias que poseen los recursos y no del Estado nacional.

–El PRO fue el único partido que se pronunció unánimemente en contra del proyecto de expropiación de YPF. ¿Por qué?

–Creemos sin dudas en la importancia de la energía para el de-sarrollo del país, y en todos los proyectos presentados se menciona que para lograrlo hace falta una inversión de muchísimos millones de dólares. Pero el gobierno lo ha hecho de la peor manera para los inversores: interviniendo la compañía, sacando a los dueños de la empresa de sus escritorios y mostrándolo por televisión.

–¿Cuál sería la irregularidad si se trata de una intervención por el vaciamiento de YPF?

–En nuestro país la ley dice que primero hay que pagar y después expropiar. Es un daño tremendo para la Argentina, que tendrá ahora grandes problemas para traer inversiones.

–Sin embargo, en las negociaciones que ya encaró el gobierno parece que no tendrá problemas en conseguir inversiones para la exploración y extracción, incluso de reservas no tradicionales.

–Esa es nuestra diferencia fundamental con la decisión del Gobierno, porque los inversores tomarán recaudos y condiciones que no serían necesarias si la Argentina fuera un país previsible y exigirán tasas de retorno y ganancias más altas. No es lo mismo negociar con los talibán con un revólver sobre la mesa que con Brasil, un país que respeta las leyes.

–No todos lo consideran de esa manera, la expropiación está prevista en la Constitución. Incluso, la Cámara de Diputados de México le pidió al presidente que no intervenga en el tema Repsol YPF porque se trata de una decisión soberana de la Argentina.

–Y a mí qué me importa, me importan un pito los mexicanos. Ni siquiera sé quiénes son los diputados que dijeron eso.

–La Cámara de Diputados mexicana.

–Entonces que expropien ellos.

–¿Cuál es la propuesta del PRO?

–Nuestra propuesta alternativa es que las provincias, que son dueñas de la propiedad sobre los recursos naturales y el petróleo, sean las encargadas de negociar con los inversores con reglas de juego claras: establecer cuáles serán los impuestos que deberán pagar durante diez años, establecer los precios de importación y exploración, y las regalías que deberán pagarles a las provincias.

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Carlos Heller, de Nuevo Encuentro

“Mejora el modelo”

Carlos Heller respalda sin cuestionamientos la expropiación de YPF, descree del “cuentito liberal” sobre la ausencia de inversiones por la medida adoptada por el Gobierno y afirma que “va a haber cola” para asociarse con la futura petrolera controlada por el Estado. Considera que los recursos naturales deben estar en mano del Estado nacional y que Repsol sólo podrá recurrir al Ciadi por el tratado bilateral de inversiones, algo que “hay que cambiar”, igual que la ley de inversiones extranjeras, aunque admite que “ésa es una segunda discusión”.

–¿Cuáles son los motivos que llevaron a Nuevo Encuentro a apoyar el proyecto de expropiación de YPF sin cuestionamiento alguno?

–Hemos fijado posición en el plenario de comisiones de un apoyo absoluto al proyecto, porque apunta a temas fundamentales como la soberanía energética a través de la exploración, extracción, refinación y comercialización de los recursos hidrocarburíferos. Lo que consideramos como un hito que mejora el modelo iniciado en 2003. El corazón del proyecto es el artículo primero que declara de interés público nacional el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento energético, que va más allá incluso de la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF para recuperar a una compañía tan emblemática para el país.

–Desde varios sectores que respaldan con disidencias la iniciativa propusieron la incorporación de las provincias no productoras de hidrocarburos a la nueva YPF. ¿Usted coincide?

–Ya lo dijo la Presidenta en su discurso cuando anunció el envío del proyecto al Congreso e hizo referencia a que la reforma constitucional del ’94 quitó poder de negociación al Estado nacional y las provincias, cada una por su lado, quedaron también debilitadas en su poder de negociación con los inversores. Si tengo que arriesgar una idea de fondo es volver a recuperar para el Estado nacional los recursos naturales, como era antes. La idea que primó en los tiempos de la reforma del ’94 era que la vigencia del Estado nación estaba seriamente cuestionada y con la propuesta de federalismo y distribución de los recursos en realidad se escondía la atomización del poder del Estado nacional. Pero eso es una segunda discusión.

–Algunos sectores cuestionan que la forma en que actuó el Gobierno al tomar esta decisión retraerá la llegada de las inversiones necesarias para tratar de recuperar el autoabastecimiento.

–No tengo temor a eso de la falta de inversiones y menos en el negocio petrolero. Creo que va a haber cola para asociarse con YPF a través de distintas formas y que el Estado nacional fije las normas de reinversión de los recursos que generen esas formas de asociación. Eso es un cuentito liberal de asustar con la falta de inversiones.

–¿Cómo se debe fijar el precio de las acciones a expropiar?

–Argentina es un país soberano y tiene sus propios mecanismos de avaluación, como el Tribunal de Tasación que es un organismo profesional y nacional. Se deberá tomar valores, activos potenciales y los no viables, riesgos ocultos, el pasivo ambiental. No soy un especialista, pero el camino correcto es ése. A España o Repsol sólo les queda el camino del Ciadi por el tratado bilateral de inversiones.

–Existen tratados bilaterales de garantía de inversiones con muchos otros países.

–Eso es algo que deberíamos revisar. Considero que debemos reanalizar y reformular dos cosas. Una es la ley de inversiones extranjeras donde las empresas no tienen obligaciones, sólo derechos. La otra son los tratados bilaterales de inversión.