Los organismos de derechos humanos, familiares de víctimas del terrorismo de Estado y sus representantes legales en algunos de los juicios que permanecen en constante avance hacia la obtención de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura recibieron de manera positiva los allanamientos en las casa de los represores Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y Santiago Omar Riveros ordenados por la jueza Alicia Vence, a cargo de la instrucción de la megacausa Campo de Mayo. Más allá de la incógnita sostenida sobre el verdadero valor de los documentos recolectados, coincidieron en valorar la decisión de llevar adelante los allanamientos solicitados en varias oportunidades anteriores sin éxito. “Marca un avance en la carrera contra el tiempo” de la Justicia sobre los crímenes cometidos por los responsables del golpe militar de 1976, consideró el representante de una de las tantas querellas en la investigación, Pablo Llonto. Para la Comisión Juicio Campo de Mayo, lo más importante de las medidas, que fueron celebradas también por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, es “el mensaje que da a la sociedad de que todos somos iguales ante la ley”.

“La Justicia puso en funcionamiento una herramienta que siempre tuvo al alcance de sus manos”, mencionó Adriana Taboada, de la Comisión Juicio Campo de Mayo, en señalamiento de que lo destacable no tiene que ver con la contundencia del Poder Judicial por haber ordenado los allanamientos, concretados a fines de la semana pasada. Lo importante es, en realidad, la ruptura que esas medidas implican respecto de un umbral de temor que hasta entonces parecía velar sobre los procedimientos que intentan dilucidar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y militares en las torturas, las desapariciones, los asesinatos y el robo de bebés sucedidos durante la última dictadura. Llonto, uno de los abogados que más pedidos presentaron ante diferentes juzgados para que se busque información en los domicilios de los imputados, sumó al mismo análisis: “Hay cierto temor entre muchos jueces de usar esta herramienta, que consideran excesiva. No lo dicen, pero uno lo palpa de tanto pedirlo”.

“Por primera vez se animan a llegar a las cuevas de esta gente que, convencidos de que nunca les iba a tocar, seguramente todavía tienen en su casa elementos que sirvan para esclarecer los delitos cometidos y enjuiciarlos por eso”, puntualizó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Para Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora –que hoy cumplen 35 años de lucha–, la búsqueda en los hogares, oficinas, depósitos y cuarteles es “un paso que se debía dar”. En ese sentido, añadió: “Si estos allanamientos dan con información que revele qué pasó con nuestros hijos y nietos, dónde están sus restos y quiénes son los responsables, será un paso muy importante”.

La documentación será, a partir del miércoles, analizada por el Juzgado Federal de San Martín, ante quien Llonto solicitará que la revisión se realice documento por documento.

Aunque esta vez apuntó a tres de los principales represores, no es la primera vez que Vence acude a esta herramienta tan visible en el Código Procesal Penal para los delitos comunes y un poco transparente para los casos de mayor peso –sean las investigaciones o los investigados los pesados–. Fue en esta misma causa y la utilizó sobre la casa de un represor fallecido, en Entre Ríos, y en la vivienda usurpada a un desaparecido.

En el caso de la megacausa Campo de Mayo, en actual período de instrucción, “un centro clandestino de detención que incluye a muchos otros. Por él pasaron cerca de cinco mil personas”, mencionó Taboada, la búsqueda de documentación que pruebe los crímenes se volvió fundamental. “Es una investigación que no cuenta prácticamente con sobrevivientes. El testimonio de los colimbas, que vieron, oyeron o participaron de torturas, asesinatos, desapariciones y papeles que prueben los delitos son el único sostén para que exista un juicio y una condena”, explicó.