Julio Demetrio Petra, acusado de favorecer a represores y de haber intentado ayudar a su compañero de tribunal, el prófugo Otilio Romano, en la causa penal donde se le imputan 103 casos de violaciones a los derechos humanos, dejó de ser juez. La presidenta Cristina Kirchner le aceptó la renuncia al cargo de camarista de Mendoza, que había presentado en noviembre pasado acorralado por denuncias que analizaba el Consejo de la Magistratura, que lo tenía citado para el 22 de mayo. El organismo destituyó el año pasado a sus ex colegas Romano y Luis Miret por considerar que actuaron en complicidad con el terrorismo de Estado desde los tribunales mendocinos –como fiscal y juez, respectivamente– durante la dictadura. Los organismos de derechos humanos advertían que, en democracia, tanto ellos dos como Petra ponían trabas, desde la Cámara Federal, al avance de las causas por crímenes de lesa humanidad.

La imagen de Petra circuló por todas partes cuando fue fotografiado en 2010 cenando con vino y champán en un restaurante céntrico de Mendoza con su amigo Romano. Fue después de que la Cámara mendocina, precisamente con el voto de Petra incluido, apartara al juez de primera instancia Walter Bento de la investigación en la que había citado a indagatoria a Romano como presunto partícipe en secuestros, torturas y robo de bienes de desaparecidos, donde están imputados otros ex magistrados, como Miret. Unos meses después, el mismo tribunal integrado por otros camaristas, repuso a Bento y la causa avanzó. Romano huyó a Chile, donde pidió asilo pero ahora enfrenta un juicio de extradición. Petra fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato (fallar intencionalmente contra derecho) al tratar de ayudar a su amigo en lugar de excusarse. Lo decidió el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, quien recordó en su fallo que la Cámara de Casación le había prohibido intervenir en causas de derechos humanos.

Los expedientes contra Petra en el Consejo de la Magistratura no sólo aludían a la resolución favorable a Romano, sino que incluían cuestionamientos a su actuación en otras causas por sobre los crímenes de la dictadura. Los organismos de derechos humanos lo responsabilizaban por liberar en forma masiva a policías y militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Al teniente coronel (RE) Luis Stuhldreher, quien fue interventor de San Rafael en 1976, le dictó falta de mérito en la causa por la desaparición de Héctor Fagetti, pero extendió esa medida a 18 desapariciones más a pesar de que esos expedientes no habían llegado al tribunal. La jueza sanjuanina Margarita Camus cuestionó a Petra también por la liberación de Osvaldo Martel, a quien reconoció como su torturador durante su detención en el penal de Chimbas en 1976. En varios de los fallos beneficiosos para los represores, junto con Petra firmaba Carlos Pereyra González, quien renunció en 2009, cuando el Tribunal Oral Federal de San Luis lo denunció por encubrir torturas siendo secretario durante la dictadura. Petra tenía cita con los consejeros este mes.

La trama de los jueces mendocinos ha puesto en evidencia la complicidad de algunos de ellos con el terrorismo de Estado, y los mecanismos que ya en el período constitucional pusieron en práctica para favorecer a los acusados de delitos de lesa humanidad, y a sí mismos. “En los últimos años eran los que entorpecían los juicios: Pereyra González, Romano, Miret, Petra”, dice Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, organismo que motorizó las investigaciones. “La renuncia de Petra –dice con satisfacción– cierra el capítulo de la Justicia federal cómplice en Mendoza.”