Catamarca se acerca al final de su primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad. El viernes pasado las querellas de los familiares y de la Secretaría de Derechos Humanos solicitaron las penas máximas de prisión perpetua para los dos acusados: Carlos Alberto Lucena y Juan Alberto Rauzzino, responsables máximos de la represión en la provincia; Lucena como jefe militar del área 313 y Rauzzino a cargo de la Policía a partir de abril de 1976. Pese a la ausencia de los cuerpos de los cuatro desaparecidos cuyos casos se dirimen en el juicio, las querellas acusaron a los represores por homicidios, entre otros delitos. Consideraron que el delito puede probarse porque sus nombres aparecen acompañados de la sigla “DF” (Disposición Final) en los listados que aportó hace tiempo un ex detenido desaparecido de Tucumán. La fiscalía se sumó al pedido, aunque para evitar nulidades pidió al Tribunal como opción subsidiaria 25 y 15 años de prisión por asociación ilícita y secuestros. El veredicto se conocerá el próximo viernes.

Entre las víctimas de la causa está Francisco Ponce, militante de la Juventud Obrera Católica, y parte de Montoneros, secuestrado el 6 de abril de 1976 y aún desaparecido. También su hermana Griselda Ponce y su sobrino Julio Genaro Burgos, de 19 años, menor de edad para la época, secuestrados en diciembre de 1976. Griselda llevó adelante innumerables gestiones por Francisco como las que llevó a su familia a entrevistarse con el entonces obispo de Catamarca, Pedro Alfonso Torres Frías, de quien escucharon: “No se puede hacer nada. ¡Qué se le va a hacer! Si andaba en la subversión, ésa es la única forma de terminar”. También se juzga a los represores por el secuestro y desaparición de Nelly Yolanda Borda, de 29 años, secuestrada el 27 de enero de 1977 en Catamarca. Yolanda estudiaba bioquímica en Tucumán, formaba parte del PRT. También ella permanece desaparecida.

Uno de los logros del juicio fue dar cuenta de las identidades políticas de las víctimas, que hasta ahora no estaban claras, indica el abogado querellante Guillermo Díaz Martínez. Otro de los avances fue obtener los datos de quienes formaron parte de los grupos represivos, ejes de futuros juicios. Y probar que el circuito de represión incluía a Tucumán, un dato que los imputados negaron. “Los secuestros se producen en Catamarca por un organigrama que venía establecido por la Zona de Defensa III de (Luciano Benjamín) Menéndez, pero la marcación de ellos venía dada por Tucumán por el Operativo Independencia”, explica Bernardo Lobo Bugeau, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos. “Y eso es importante porque ambos imputados niegan que Tucumán hayan tenido que ver con la zona 313 que estaba a cargo de Lucena, pero para nosotros es todo al revés: Tucumán tenía mucha influencia en Catamarca y la comunidad informativa estaba totalmente relacionada no sólo logísticamente sino con tareas de seguimiento.”

Hubo testigos durante el juicio que probaron la presencia de las víctimas en los centros clandestinos de Tucumán. Además, tres de las víctimas aparecen identificadas con sus nombres y la sigla DF en los listados que aportó el sobreviviente Juan Carlos Clemente. Eso es lo que permitió sostener la acusación de “participación primaria o necesaria” en los homicidios, pese a la inexistencia de los cuerpos, dice Bugeau.

En esa línea, las querellas acusaron por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y homicidios. También pidieron reclusión a cárcel común (ahora están detenidos en prisión domiciliaria) y la destitución del cargo militar, y para Lucena, que sea declarado “traidor a la Patria” por encabezar el golpe de Estado en la provincia. La fiscalía a cargo de Rafael Vehils Ruiz solicitó lo mismo, pero remarcó que si el Tribunal evalúa otra sentencia, debería condenar a Lucena a 25 años por asociación ilícita y privación ilegal de la libertad, y a Rauzzino a 15 años por los mismos hechos y por violación de domicilio. La sentencia estará a cargo de los jueces Juan Carlos Reynaga, Eduardo Gabriel Casas y José Camilo Quiroga Uriburu.