A mitad de noviembre del año pasado, el juez Luis Rodríguez citó a indagatoria al titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza; al contador del gremio, Angel Stafforini; al agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme; al ex juez subrogante, Octavio Aráoz de Lamadrid, y al secretario de la Cámara de Casación, Luis Ameghino Escobar (h). Todos estaban involucrados en un intento de soborno a jueces de Casación con el que pretendían conseguir la libertad de los integrantes de la patota acusada de matar a Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010. Los habían delatado las escuchas telefónicas ordenadas por otra jueza que investigaba el asesinato. Los diálogos los mostraban por momentos exultantes, anticipando el alivio que –con la compra de voluntades– conseguiría el propio Pedraza, por entonces muy cerca de ir preso también. “Poné el champán en la heladera, te lo re-tomás y te vas a acostar, punto y aparte”, llegó a decirle Riquelme, uno de los intermediarios. Pasó un año y medio desde que tuvieron lugar esas conversaciones y cerca de ocho meses desde la citación como sospechosos de todos sus protagonistas. Sin embargo, hasta ahora sólo Riquelme fue indagado, aunque no respondió preguntas, y la investigación quedó en franca parálisis. A este escenario ahora se sumó un intento de la UF por frenar el juicio oral acerca del homicidio, que debería comenzar el 6 de agosto.

La trama revelada por las escuchas dejó en evidencia hasta dónde eran capaces de llegar los hombres de la UF para limpiar su impronta en el crimen. En lo que atañe a las presuntas coimas, la Justicia (parte el juzgado, parte la Cámara del Crimen) actuó con parsimonia, pese a estar frente a una pintura viva de la maniobra. “Informan del otro lado que son verdes”, advertía Riquelme en el contestador automático de Pedraza. Una frase memorable que le avisaba que debía pagar dólares, no pesos. Las grabaciones están plagadas de evidencias de ese tenor. Aun así, los artilugios legales desplegados por Aráoz de Lamadrid, con presentación de nulidades y recusaciones a granel, cumplieron su objetivo de poner un parate en combinación con un aparato judicial que respondió con todo su potencial burocrático. Además, llamativamente el procurador general transitorio, Luis González Warcalde, corrió del caso al fiscal Sandro Abraldes, quien impulsaba medidas y reclamaba las indagatorias por cohecho ya desde mayo del año pasado, y había puesto el dedo en la llaga al orientar la pesquisa hacia la Cámara de Casación.

Se suponía que, después de las primeras indagatorias que tomaría el juez Rodríguez en diciembre pasado, llegaría la etapa de investigar a fondo y definir la suerte de los camaristas de Casación, que no sólo aparecían mencionados en las escuchas sino que uno de ellos, Eduardo Riggi, hablaba por línea directa con el agente Riquelme. Las indagatorias aún esperan. Sobre los jueces se tomaron medidas menores. Pasó el tiempo y uno de ellos (Gustavo Mitchell) renunció, otro que era subrogante (Mariano González Palazzo) volvió a su tribunal de origen, y sólo quedó Riggi, de quien Aráoz de Lamadrid había sido secretario durante años, hasta que en 2005 consiguió subrogar el juzgado del ex juez Juan José Galeano.

Alejado (o no tanto) de su vieja función en tribunales, Aráoz asumió la defensa del picaboletos Guillermo Uño, uno de los detenidos por el asesinato de Ferreyra, pero además asesoraba a Stafforini, vicepresidente del Belgrano Cargas. Gracias a los expresivos intercambios telefónicos de Pedraza y compañía en el verano de 2011, la Policía Federal pudo llegar al estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid cuando Stafforini acababa de dejarle 50 mil dólares con los que pagaría, según las conversaciones, la manipulación del sorteo que asignaría los pedidos de excarcelación de la UF y les tocaran a sus conocidos en Casación.

Cuando pasó al papel de sospechoso, Aráoz de Lamadrid hizo todo por frenar la causa: pidió la nulidad del llamado a indagatoria, recusó al juez, planteó su incompetencia, recusó al fiscal, recusó a los jueces de la Sala VI de la Cámara del Crimen, llegó hasta Casación y, además, avaló un insólito pedido de su hermano para que le devuelvan los 50 mil dólares, alegando que le pertenecían. Frente a la andanada, el juez Rodríguez suspendió las indagatorias. Cuando finalmente fue confirmado en la causa, decidió que antes de concretar las indagatorias que había citado en noviembre quería analizar las escuchas posteriores al asesinato de Ferreyra y agregarlas a las que comenzaban en diciembre de 2010 y que, según el fiscal Abraldes, ofrecían sobradas pruebas. El CELS, que representa la querella de la mamá de Ferreyra, consideró que suspender las indagatorias era innecesario y que la dilación se podía haber evitado con otro tipo de respuestas judiciales, como rechazos in limine o imposición de costas. Fue uno de los motivos por los que el organismo impugnó a Rodríguez como candidato ternado para ocupar un juzgado federal porteño.

Al ferroviario Uño ahora lo defiende Oscar Igounet, el mismo abogado que en estos días realizó nuevos intentos por demorar, esta vez, el juicio oral por el asesinato del militante del PO, por el que deben responder Pedraza, su número dos, Juan Carlos Fernández, y un grupo de ocho matones y siete policías. Como es evidente, el expediente del crimen avanzó con más agilidad que el de los sobornos. El juicio debería comenzar en algo más de un mes, pero Igounet recusó a todos los integrantes del Tribunal Oral Criminal Nº 21 que realizará las audiencias y, además, les pidió el juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Dijo que habían sido arbitrarios al rechazar la libertad de su cliente y omitir responder 15 planteos suyos. En el Consejo vaticinan que nada de esto prosperará y que las presentaciones no tienen por qué afectar el juicio. La recusación es analizada por otro Tribunal, el Nº 12, y requiere un proceso de varios días. Igounet también es el abogado que había contratado al perito Roberto Locles (con respaldo de los acusados de la UF), quien golpeó la bala que había sido extraída del cuerpo de Mariano en medio de una junta de expertos y le provocó alteraciones.

El Partido Obrero (que acompaña la querella de militantes heridos en la protesta de los tercerizados, donde mataron a Ferreyra) sostiene que Pedraza está batallando por llegar libre al juicio, tomando como parámetro al bancario Juan José Zanola, que al cumplir los dos años sin sentencia fue excarcelado, porque así lo dispone la ley, en la causa de los medicamentos. Pedraza fue detenido en febrero de 2011. En el CELS ponen énfasis en que un gran abanico de circunstancias que rodearon la investigación, incluido el intento actual por demorar el juicio oral, han seguido la misma lógica de demorar y obstaculizar: se refieren a las amenazas a testigos, la actitud del perito Locles y las sospechas de sobornos, con el agregado en este último caso de una tendencia a diluir el esclarecimiento de la participación del Poder Judicial.