El gobernador Daniel Scioli oficializó ayer el decreto a través del cual la gobernación bonaerense extenderá “hasta quince años” los permisos para funcionar a catorce bingos y salas de juego cuyas concesiones vencían entre 2013 y 2015. Lo que le permitirá, según el texto publicado en el Boletín Oficial, “obtener en forma inmediata un aporte primordial” a las alicaídas arcas bonaerenses, que “contribuirá de manera certera a respaldar la economía provincial ante las implicancias que para las finanzas de la provincia conlleva la actual crisis internacional”. El aporte económico de las empresas de juego le permitirá a Scioli oxigenar el presupuesto de este año, mientras que el kirchnerismo buscará impulsar un “amplio debate” en la Legislatura para analizar varios proyectos de distintas fuerzas políticas sobre el futuro “marco normativo” para el sector, algunos de los cuales proponen la “estatización” del “funcionamiento, control y manejo” de todas las salas de juego y bingos de la provincia.

El decreto 569, que prorroga las concesiones a los bingos, justifica la decisión en resoluciones anteriores y con la misma metodología que también extendieron los permisos a las salas de juego en los años 2006 y 2007, durante al administración de Felipe Solá, así como en 2008 y 2011, durante la gestión sciolista. En los fundamentos del texto que firman Scioli y su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, se afirma que el mismo tiene “sustento en principios básicos de reglas claras y uniformes para su explotación, contribuyendo a un mejor aprovechamiento de los recursos, posibilitando atender las prioridades del Estado provincial”.

La medida abarca a catorce salas de juegos. Las concesiones de tres de ellas vencen en 2013 –Morón, Adrogué y Ramallo–; otras diez caducan en 2014 –San Clemente, Ramos Mejía, San Miguel, Solano, Hurlingham, Lomas del Mirador, Pilar, Quilmes, San Justo y Luján–, y la restante, Chivilcoy, en 2015. El decreto ratifica la resolución 1078 de la Lotería provincial, donde se define que las renovaciones podrán ser “por un plazo de hasta quince años, que se computarán a partir de sus respectivos vencimientos”.

Por estas ampliaciones, el Estado provincial percibirá 1525 millones de pesos de canon extraordinario y otros 452 millones en treinta cuotas sin intereses que pagarán los concesionarios. Apenas por encima de los 1700 millones que la provincia recibió en el año 2010, cuando la utilidad total de los bingos generó cinco mil millones de pesos, que consiste en el 15 por ciento de todo lo apostado. Hasta ahora, el reparto de las apuestas es de un 85 por ciento para el reembolso en premios y el 15 restante se reparte en un 34 para el Estado provincial y el 66 para los apostadores privados.

Aunque en el kirchnerismo no cuestionan la metodología utilizada por Scioli –a la que señalan como “una facultad del gobernador”–, consideran que el reparto original de utilidades que se pactó cuando se habilitaron las salas de juego en la provincia y que genera ganancias exorbitantes para los concesionarios privados, ha quedado caduco. Por eso habilitarán, tras el receso legislativo, un “debate amplio” con la promesa de discutir todos los proyectos que existen en el parlamento provincial sobre el futuro de los bingos, algunos de los cuales plantean la estatización total del juego en el territorio bonaerense.

Entre ellos, el del diputado de la CC Walter Martello, que cuestionó la decisión de Scioli. “El Estado se queda con cinco de cada cien pesos que se juega en las maquinitas electrónicas, que a su vez son el 98 por ciento de los recaudado por los bingos, solo el 2 por ciento es en cartones. Y el control on line se realiza sobre la propia rotación de máquinas que proponen los mismos concesionarios”, señaló Martello a Página/12.

El diputado bonaerense Mario Caputo presentó “un borrador” que será analizado por el bloque kirchnerista y con el Poder Ejecutivo provincial tras el receso legislativo. Allí, Caputo propone incluso la “estatización” del “funcionamiento, control y manejo” de todas las salas de juego y bingos de la provincia, en la que los municipios tendrían una mayor participación en el reparto, que ahora es de solo el cinco por ciento del total que recibe el Estado provincial.