El 13 de julio, el Tribunal Oral 1 de La Matanza condenó a penas de entre 26 y 29 años de prisión a tres personas –dos hombres y una mujer–, por el homicidio del comerciante Emiliano Martinó (33), ocurrido en 2010 durante un tiroteo entre policías y ladrones. Por pedido de los abogados de la familia de la víctima, los jueces ordenaron que se siguiera investigando a los policías que intervinieron en el hecho porque se cree que pudo haber sido una bala de los uniformados la que mató a Martinó. Desde el viernes pasado, el caso tiene abierto un nuevo interrogante. Ese día se fugó de la Unidad 23 de “máxima seguridad” del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) uno de los condenados, Marcelo Segovia, que había recibido una pena de 29 años. El fiscal del juicio, Sergio Antín, consideró que fue una fuga “muy extraña” sobre la cual el SPB dio “una pobre explicación”. La Fiscalía recién se enteró de lo sucedido ayer, igual que la prensa. La única información del SPB que se supo –de fuentes judiciales– es que su titular, Florencia Piermarini, separó de sus cargos a cinco jefes de la U-23 y ordenó un sumario administrativo.

El fiscal Antín confirmó que aunque ocurrió el viernes por la tarde, en el horario de visita, “la evasión (de Segovia) recién fue notificada formalmente al tribunal hoy (por ayer) a las ocho de la mañana”. Antín subrayó que esa demora hizo posible que Segovia tuviera “72 horas de ventaja en las que nadie lo buscó”. Antín calificó a la fuga de “muy extraña” porque el informe que recibió del SPB indica que la evasión se produjo cuando el detenido era “visitado por su concubina, Natalia Vallejos, que en el juicio dijo que estaban separados”.

El fiscal consideró que hubo una “pobre explicación” del SPB porque le informaron que “la última vez que lo vieron a Segovia fue en la visita, cuando estaba caminado por uno de los pasillos del pabellón con su novia y que incluso recién se dieron cuenta de su fuga a la noche, en el momento en el que se hace el recuento” de presos.

Además de la investigación judicial, el SPB dispuso que se haga un sumario administrativo de rutina y separó en forma momentánea de sus cargos a cinco jefes de la Unidad 23. Entre ellos está el director de la cárcel, prefecto Raúl Martínez. Los otros cuatro son el subdirector de Seguridad, Mario Arapa; el subdirector de Asistencia y Tratamiento, Jorge Elichiribehety; el jefe del penal y el jefe de Talleres. Los tres nombres citados figuran en la página web del penal y la información sobre la medida se supo a través de fuentes judiciales. El SPB no suministró ninguna información a la prensa. Voceros del Tribunal Oral 1 de La Matanza, consultados por Página/12, coincidieron en que se trata de “un verdadero misterio” la forma en que se produjo la fuga.

El ahora prófugo Marcelo Segovia fue condenado junto con Gonzalo Prelis (29) y Claudia Pérez (36), quienes recibieron 27 y 26 años de cárcel. Todos fueron hallados responsables de los delitos de “homicidio en ocasión de robo, en concurso real con portación de arma de guerra”. El hecho ocurrió en la madrugada del 14 de enero de 2010. Esa noche, Emiliano Martinó, dueño de una pizzería, regresaba a su casa de Beruti al 110, Ramos Mejía, con su esposa y su beba de 9 meses.

Fueron rodeados por cuatro personas, entre ellos los tres condenados, quienes entraron en la casa y le robaron 20 mil dólares y 6000 pesos. Un vecino, al ver lo ocurrido en la puerta de la vivienda, llamó al 911. Ante esa situación, los miembros de la banda, que iban a irse dejando a Martinó amordazado en una habitación, decidieron llevarlo como rehén.

Los cinco subieron a la camioneta Peugeot Partner del dueño de casa, quien fue obligado a conducir el vehículo. Salieron disparados, seguidos por patrulleros policiales. Desde una de las ventanas de la planta alta, la mujer de Martinó les gritó a los policías que no tiraran porque en el auto iba un rehén. No la escucharon o no le hicieron caso.

Según la información oficial, hubo un tiroteo y a las pocas cuadras, Martinó se tiró del vehículo que conducía y cayó sobre el asfalto. En ese momento recibió el disparo mortal, de una 9 milímetros marca Taurus. Una primera pericia determinó que el proyectil hallado en el cuerpo de Martinó había partido de la pistola que llevaba Prelis.

Se ordenó una segunda pericia porque quedaban dudas. La iba a hacer Gendarmería, en presencia de peritos de parte. No pudo hacerse porque la bala desapareció en forma misteriosa. Jorge Rodríguez (32), socio y cuñado de Martinó, fue acusado de ser el “entregador” del robo por uno de los ladrones. Fue absuelto por falta de pruebas. Ante la fuga, el fiscal ordenó “por seguridad” una custodia para la familia de la víctima.