Está claro que para el ministro Gustavo Beliz el asunto de la transparencia es casi una obsesión. En tal sentido, por estas horas en su entorno evalúan con sumo cuidado los próximos pasos y las inminentes designaciones en los dos organismos que se ocuparán de la lucha contra la corrupción puertas adentro del Estado: la Oficina Anticorrupción (OA), creada por el gobierno de la Alianza, y la preexistente Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA). Según averiguó Página/12, la primera “pondrá el acento en la elaboración de políticas anticorrupción en el marco del Gobierno”, mientras que la reactivada Fiscalía se ocupará de las nuevas denuncias. Para ese cargo, el ex ministro de Justicia Juan José Alvarez ya había enviado al Senado el pliego de Manuel Garrido, actual jefe de la OA, que salió primero en el concurso realizado por la Procuración General. En la Comisión de Acuerdos esperan que Beliz ratifique esta decisión y, si bien el ministro podría retirar el pliego y enviar otro nombre, una alta fuente oficial aseguró a este diario que “nada indica que haya sorpresas”.
En sus declaraciones públicas, el ministro aseguró que la intención del gobierno de Néstor Kirchner es “mantener” a la OA, pero haciéndola trabajar en forma complementaria con la FNIA. Beliz negó que Anticorrupción fuera a transformarse en Oficina de Transparencia, pero la nueva orientación de sus funciones se asemeja a eso y también a la actual Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, la otra pata de la OA junto a la Dirección de Investigaciones. Según el último informe semestral, desde el inicio de su gestión, en diciembre de 1999, la OA inició 2206 carpetas de investigación. El 30 por ciento de esos casos se presentó ante la Justicia y obtuvo 71 procesamientos. La denuncia contra Angel Tonietto, ex integrante del directorio del PAMI durante el gobierno de la Alianza, fue la primera durante la propia administración fundadora de la OA. El ex secretario de Infraestructura Carlos Bastos está procesado por malversación de caudales y fue denunciado por enriquecimiento ilícito. La OA también denunció los manejos en el otorgamiento de los registros del automotor y la omisión maliciosa en la declaración jurada del ex rector de la UBA Oscar Schuberoff. Entre los ex funcionarios menemistas, acusados figuran María Julia Alsogaray, Víctor Alderete, Carlos Ruckauf y Emir Yoma, además de Carlos Menem, entre otros.
La FNIA tuvo un activo desempeño durante la gestión del fiscal Ricardo Molinas, pero en 1991 el menemismo lo removió por decreto, con el aval de la Corte, en lugar de hacerlo a través del juicio político. “En ese momento investigaba a Dromi, a Granillo Ocampo y la privatización de ENTel, y comenzó la lucha contra nosotros”, expresó el fiscal públicamente. Menem puso en la FNIA a Jorge Pinzón, y el organismo se paralizó. En 1998, la diputada Nilda Garré promovió su juicio político argumentando que no había radicado ni una sola denuncia en ocho años. Tras su fallecimiento, lo reemplazó Guillermo Noailles. A partir de la reforma constitucional, la conducción de la FNIA se cubre por concurso en la Procuración.
En el concurso actual hubo impugnaciones cuestionando la puntuación de los antecedentes de los concursantes. De hecho, el designado secretario de Seguridad, Norberto Quantín, se presentó, pero se retiró disconforme por esta situación. La terna quedó integrada por Manuel Garrido, Lucila Larrandart, jueza penal en San Martín, y Fabián Canda, que ya es fiscal en ese organismo. Larrandart obtuvo la mejor puntuación de antecedentes, pero Garrido hizo el mejor examen. De hecho, su pliego fue el elegido por el antecesor de Beliz para enviar al Senado. La semana pasada estaba prevista la entrevista personal de Garrido en la Comisión de Acuerdos, pero fue suspendida. Era la segunda vez, y a partir de ese momento empezó a circular la versión de que su pliego había sido retirado por las nuevas autoridades, que incluso enviarían el de Larrandart, mencionada como más afín al kirchnerismo. Sin embargo, un vocero de la comisión confirmó a Página/12 que el expediente a ser ratificado es el de Garrido y explicó que la demora se debió a que no había ingresado oficialmente al Senado. En cuanto al futuro de su tratamiento, explicó que ahora la comisión “esperará hasta que el nuevo ministro opine”. Los senadores de Acuerdos no rechazan los pliegos, es el Ejecutivo el que podría retirarlo y enviar otro, como ocurre cuando son detectados ascensos a represores. “El ministro está al tanto del asunto, tiene muy buen concepto de quien ya fue elegido, pero los nombramientos en la OA y en la FNIA aún no están definidos”, afirmaron sus voceros. De todos modos, Página/12 pudo saber que quienes decidirán no tienen intención de retirar el pliego del actual jefe de la OA. “La idea es que las designaciones se hagan lo más rápido posible y de la manera más transparente”, afirmó una alta fuente del ministerio, repitiendo el latiguillo de Beliz.