El dirigente ferroviario José Pedraza está más cerca de un nuevo juicio oral por haber pergeñado y movido los hilos en un intento de soborno a jueces de la Cámara de Casación Penal para que dejaran en libertad a miembros de una patota de su gremio, la Unión Ferroviaria (UF), acusados de haber matado a Mariano Ferreyra, y evitar en su propio caso terminar en prisión por el homicidio. La situación del sindicalista queda así planteada en función de un fallo de la Sala VI de la Cámara del Crimen, que confirmó su procesamiento por cohecho y tráfico de influencias, junto con los de otros cuatro personajes que colaboraron, desde funciones diferentes, “posicionados en lugares estratégicos”, “con sus relaciones y conocimientos preexistentes”, con una “maniobra orquestada” para “lograr impunidad”. Se trata del contador del sindicado Angel Stafforini, el ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid y el prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar.

Pedraza está siendo juzgado en la actualidad por el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21) como posible instigador del homicidio de Ferreyra, quien recibió un disparo en el abdomen cuando se desconcentraba una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca de la que participaba como militante del Partido Obrero (PO). Junto con él están en el banquillo su número dos, Juan Carlos Gallego Fernández, ocho matones y siete policías. La trama del intento de coima fue descubierta en los primeros meses de la investigación, en el verano posterior al asesinato del chico, que había sido en octubre de 2010. Fue cuando la jueza Wilma López tenía varios teléfonos intervenidos, entre ellos el del propio Pedraza, y se topó con conversaciones que dejaban a la vista cómo el líder sindical organizaba en contacto con los otros cuatro implicados, una estrategia para darle un golpe la investigación de primera instancia, conseguir la libertad de los integrantes de la patota, que estaba apelada en Casación, y de esa manera evitar que la pesquisa llegara hasta él.

“Reitero, son verdes”

“Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, es la frase –ya célebre– que Riquelme le dejó a Pedraza en su contestador automático el 24 de enero de 2011, cuando estaban en plenas negociaciones. El ex espía, en efecto, intentaba evacuarle una duda: si lo que debían pagar, de acuerdo a lo conversado con el intermediario Aráoz de Lamadrid, eran pesos o dólares. Porque habían hablado de “85 mil”, pero no de la moneda pactada. Aráoz había actuado en el caso Ferreyra como defensor del picaboletos Guillermo Uño, pero al llegar el final del año se corrió de ese papel y, según la imputación en su contra, fue para ofrecer sus contactos en Casación, donde había sido secretario por una década del camarista Eduardo Riggi y donde conservaba a su amigo, también ex secretario de Riggi, Luis Ameghino Escobar, quien manejaba en el tribunal el sorteo de asignación del expedientes entre las cuatro salas que lo componen. El objetivo, surgía de los comentarios elocuentes del Riquelme, era que fuera “elegida” la sala III, por entonces encabezada precisamente por Riggi, a quien mencionaba como “el amigo Eduardo”. Como si quisiera nombrarlos en clave, a Aráoz de Lamadrid lo llamaba “el amigo de la calle Viamonte”, por la ubicación de su estudio jurídico, y a Ameghino Escobar “el señor de las teclas”, lo que describía su función de manejar la computadora para realizar los sorteos informáticos que definen qué jueces tratan un caso.

“Las constancias de la causa, analizadas y articuladas en forma armónica, permiten demostrar, por lo menos a esta altura del trámite, la presencia de los pactos venales acordados para lograr objetivos ilícitos”, dice el fallo de 64 páginas firmado por los camaristas Mario Filozof, Julio Marcelo Lucini y Ricardo Matías Pinto. Al sentar posición, los jueces dicen que abonan la hipótesis que sostuvo en su momento el fiscal Sandro Abraldes y luego también el juez Luis Rodríguez al dictar los procesamientos: “Hubo una maniobra orquestada entre los imputados que, valiéndose de relaciones y conocimientos preexistentes, se posicionaron en lugares estratégicos para lograr la impunidad de Pedraza y de otras personas más”.

Las escuchas telefónicas que sostienen buena parte de la causa muestran que Riquelme, al hablar, revelaba un vínculo de confianza con Pedraza, y lo iba manteniendo al tanto de sus gestiones, que incluían contactos especialmente con dos camaristas de Casación: con Riggi, con quien tuvo llamados telefónicos en la etapa investigada; y con el ex juez Gustavo Mitchell, a quien decía frecuentar y visitar. También aludía a Mariano González Palazzo, que era subrogante, aunque decía que el lazo con él lo manejaba Aráoz de Lamadrid. Riquelme también negociaba con Aráoz y hacía de puente con Stafforini, vicepresidente de la empresa Belgrano Cargas además de contador de la UF. Aráoz hablaba con Ameghino.

Sorteo y soborno

El fallo de la Cámara describe que “el plan ideado” tenía “dos etapas”: “la primera, radicaba en lograr que fuera sorteada la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la que se desempeñaba el Juez Riggi” para que resolviera los planteos de excarcelación de siete miembros del grupo de choque; “la segunda, cuyo éxito dependía en gran medida de la anterior” “consistía en ejercer una indebida influencia sobre el juez Riggi y, directa o indirectamente a través de él sobre los restantes integrantes de la Sala III, para obtener un fallo favorable a los intereses”. Este tramo del plan habría quedado trunco (hasta donde se sabe) porque a raíz de los seguimientos telefónicos y en la calle que se hicieron a los sospechosos se logró establecer el momento exacto en que Stafforini le llevaba 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid a su estudio jurídico, que fue allanado instantes después de la visita. El dinero, en billetes, fue hallado en un sobre rotulado “Octavio” e incautado por personal policial.

A lo largo de enero de 2011, Riquelme y Aráoz hablaban todo el tiempo del “día dos de febrero” como la fecha clave en que debían haber concretado el pago del direccionamiento del sorteo de Casación. El 26 de enero, todavía sin novedades, Riquelme se empieza a poner nervioso y le dice a Aráoz de Lamadrid: “El amigo José está terriblemente ansioso, hoy tuve doce llamados de él”, y le cuenta cómo trató de calmarlo a Pedraza: “José, mirá te lo dije ayer... si está de por medio el amigo de la calle Viamonte, José, por favor, a vos que te encanta tanto y lo disfrutás y yo te felicito, poné el champán en la heladera, te lo retomás y te vas a acostar, punto y aparte, no te hagas el chinchorrito donde no existe”.

Ese mismo día “el señor de las teclas” hizo su “tarea”, anunciaría después Riquelme. Salió sorteada “la sala de nuestro amigo”, le diría Aráoz de Lamadrid, en alusión a Riggi, después de haber intercambiado ocho mensajes de texto con Ameghino Escobar sobre “el éxito de la tarea encomendada”. “Fue a la sala de los amigos que hemos elegido, donde está el amigo Eduardo”, le transmitiría también Riquelme a Stafforini. La Cámara entre sus conclusiones señala que quienes operan el sistema informático de sorteos pueden hacer alguna maniobra o especulación, como esperar a que estuviera sólo disponible en el bolillero virtual la Sala III.

Aráoz, que estaba en Brasil, adelantó el regreso de sus vacaciones. El 1O de febrero esperaba en su estudio a Stafforini, que fue acompañado por Susana Planas, de Belgrano Cargas. Con el avance de la investigación se estableció que antes de ir allí habían pasado por la caja de seguridad de Stafforini en la sucursal Monserrat del Banco de Galicia, de donde se llevó el dinero en un maletín. Había ido incluso escoltado por Marcelo Daniel Pérez el jefe de seguridad de Belgrano Cargas, para tener protección, algo que Pérez reconoció y relató en detalle cuando fue citado para dar testimonio en tribunales. Los informes de inteligencia dicen que Stafforini entró al edificio de la calle Viamonte con el maletín lleno, y al salir se notaba que estaba vacío. Después del procedimiento, Aráoz lo llamó: “Escuchame, me están allanando por el tema este, corten todos los teléfonos”.

Lo que viene

La Cámara, que confirmó los embargos que llegan a 200 mil pesos, sostiene que está “acreditada” la relación que tuvo Aráoz de Lamadrid con el Juez Riggi que, al igual que Escobar, superó una década de desempeño conjunto (...) tampoco puede soslayarse el conocimiento que tenía Riquelme de ese magistrado y, muestra de esa circunstancia, son las dos conversaciones que tuvieron en el período que interesa a la investigación. Ahí dan cuenta de la confianza y el grado de intimidad que se dispensaban mutuamente. El vínculo entre ambos está comprobado y se puede concluir que la posibilidad de influir de los distintos actores que intervinieron en la maniobra era real y no ficticia”. El juez de primera instancia, Rodríguez, (ahora juez federal), despegó a Riggi de sospechas. La Cámara no lo modifica. Habrá que ver qué hace el juez actual del caso, Guillermo Rongo. El Centro de Estudios legales y Sociales, que representa a la mamá de Ferreyra como querellante, pedirá que se profundice la investigación sobre las relaciones de los funcionarios judiciales, dirigentes sindicales y lobbistas. Riggi es el único de los cuestionados por esta causa que sigue en Casación, aunque tiene pedido de juicio político.