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Un dato puede recortarse entre tanto dato interesante del sondeo realizado por el Germani y el Cedesal: el 69 por ciento de los encuestados está de acuerdo con estatizar la minería.

No es el mayor nivel de acuerdo con las estatizaciones. El número uno corresponde a los ferrocarriles, con el 75,5 por ciento.

El interés del acuerdo en una minería estatal surge del universo encuestado. Son 600 casos de personas de 18 años o más. Según el Instituto Germani y el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Social en América Latina, “la muestra es representativa de la población residente en el Area Metropolitana de Buenos Aires”, es decir del conjunto de Capital y Gran Buenos Aires.

Si la muestra perteneciera a San Juan, Catamarca o Mendoza, podría suponerse que una parte de los encuestados tiene relación directa con la minería. Lo mismo si una encuesta similar se desplegara en cualquier zona de Chile, un país minero. En todos esos casos las opiniones podrían desprenderse de la experiencia concreta. Y también del debate diario: si contamina más o menos, si hay límites para el uso de agua necesaria para otros emprendimientos, si las regalías que paga son suficientes o no, si realmente genera empleos, si cuando la extracción termine quedará algo sólido en cada economía regional.

Pero en Capital y Gran Buenos Aires la relación con la minería es indirecta. De concepto. Está en el plano de las ideas. Lo cual, naturalmente, no invalida el dato de la encuesta sino todo lo contrario. Hay cinco motivos que le otorgan valor.

Uno, demuestra como ninguna otra respuesta el nivel de arraigo del nuevo concepto sobre el Estado en la economía entre la población de un sector denso, articulado, socialmente diverso, cercano a los grandes medios de comunicación y con capacidad de irradiación política propia como es el sector de habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Dos, confirma que la minería está en la agenda pública incluso para quienes no han visto jamás de cerca un casco con luz, un volquete o el veneno de la gran minería a cielo abierto.

Tres, da legitimidad a cualquier iniciativa política, tanto del Gobierno como de franjas opositoras, que coloque en el centro de la discusión el papel del Estado.

Cuatro, marca un desafío: si el Poder Ejecutivo no tuviera en cuenta en la gestión concreta la profundidad de las ideas sobre el Estado, por ejemplo mediante la aceleración de sus planes en ferrocarriles, podría quedar rezagado en términos políticos respecto del humor dominante en la opinión pública.

Cinco, obliga a pensar cómo se combina en la práctica el acuerdo sobre el papel del Estado con otra de las respuestas del sondeo. Ante la consulta sobre cuál es el tipo de empresa más eficiente, el 25 por ciento dijo que las empresas estatales, el 24 por ciento contestó que las cooperativas y el 51 por ciento opinó que las empresas privadas. No parece que los encuestados hayan extendido un cheque en blanco y que les dé lo mismo cualquier empresa pública.

A menudo este tipo de temas merece un consenso pasivo. Por ejemplo, no formó parte de los temas expuestos por el caceroleo del 8 de noviembre último ni aparece en el primer plano de las consignas en la protesta que impulsa para hoy el cuarteto CCC-CGT moyanista-CTA opositora-Federación Agraria Argentina.

Pero fue activa la reacción de los familiares de los 51 muertos de la tragedia de Once, para tomar el caso ferroviario, y es cotidiana la confrontación entre el deseo de mejora que cada usuario tiene del ferrocarril suburbano que utiliza y la práctica diaria del hacinamiento y la pérdida de tiempo de casa al trabajo y del trabajo a casa.

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