El gobierno de Néstor Kirchner envió una clara señal de qué puede esperarse en materia de renegociación de contratos de servicios públicos. Frente a los reclamos de prolongación de los plazos de concesión y aumentos de peajes y subsidios reclamados por las empresas que explotan los principales corredores viales del país, el Poder Ejecutivo decidió relicitar las contratos que vencen el próximo 31 de octubre. Están involucrados 15 de los 18 corredores y 11 de las 13 empresas que operan en el sector. En función de los resultados que se consigan podría tratarse del primer paso para poner fin al modelo de ganancias extraordinarias y riesgo empresario nulo que imperó en la década del ‘90.
En una conferencia conjunta realizada por los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Planificación Federal, Julio De Vido, se anunció lo que puede convertirse en la metodología de renegociación de contratos del nuevo gobierno. De Vido fue explícito: “Contrato que se termina, contrato que se relicita”, postuló. Y “relicitar” significa que no se cuestionan las privatizaciones en sí –empresas privadas administrando servicios públicos–, sino la metodología empleada durante la última década. Tener por objeto contratos más transparentes, en medio de reconocer virtudes y defectos de las firmas que gestionaron los corredores, quiere decir que no habrá revisión “para atrás”, sino que se evitará toda confrontación directa con las empresas en relación a lo sucedido durante los ‘90.
De acuerdo a lo señalado ayer por el ministro de Planificación, el rechazo de las demandas empresarias para extender por 40 meses las concesiones y aumentar subsidios y peajes tuvo por objeto evitar que las renegociaciones terminen en un sistema aún más oneroso para el Estado. Mas cuando las demandas privadas se producen en un contexto agravado por los generalizados incumplimientos empresarios en materia de inversión. Según Lavagna, dichos incumplimientos alcanzan al 65 por ciento de lo comprometido.
Sin embargo, el tono del gobierno fue no confrontar directamente con las empresas. De Vido destacó que el sistema tuvo sus “fortalezas y debilidades”. Entre las primeras, señaló que los 10.000 kilómetros administrados por los privados se encuentran hoy en mejores condiciones que hace 10 años. Las debilidades habrían estado principalmente en el descuido de las redes secundarias y de vinculación. Aunque el ministro no lo dijo, no deberían olvidarse los costos que el sistema tuvo para el Estado. De acuerdo a un trabajo reciente del Area de Economía y Tecnología de Flacso, desde que las rutas fueron concesionadas, el sector público transfirió a las 13 operadoras privadas una suma equivalente a la tercera parte de sus ingresos totales por peaje. Y esto sin contar que los montos que los usuarios debieron pagar por este último concepto estuvieron sujetos a continuos ajustes, a pesar de la expresa prohibición de indexar incluida en la ley de convertibilidad.
Ahora, el objetivo declarado del titular de la nueva cartera de Planificación será trabajar “conjuntamente con los equipos del Ministerio de Economía a fin de “tener pliegos claros, concisos, que permitan generar una red vial integrada” y con “tarifas acordes a la realidad, con planes de inversión concretos y ciertos”. Por eso, “el hecho de que se venzan los contratos y que se renueven mediante nuevas licitaciones dará un marco de absoluta transparencia al negocio”, argumentó De Vido.
Consultado sobre el posible accionar judicial de las empresas que consideran que el Estado les adeuda subsidios, Lavagna afirmó que “ninguna cláusula opera en forma individual”. “En muchos casos no se han cumplido los compromisos de inversión impuestos en el contrato original”, recordó, “y en este caso el incumplimiento opera en favor del Estado”, destacó. Además, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que el desempeño de las licenciatarias “será evaluado como antecedente” por las autoridades a la hora de elegir a los nuevos concesionarios. Y en este contexto, consideró”un contrasentido” la posibilidad de que se acepte la presentación de una empresa que tiene demandas judiciales contra con el Estado.
De Vido aseguró por su parte que no se excluirá a los actuales concesionarios de participar en las próximas licitaciones, aunque explicó que la comisión evaluadora de las ofertas “tendrá en cuenta cómo han llevado adelante la concesión actual”.
Desde las empresas, recogieron el guante arrojado por el gobierno y también optaron por la vía diplomática. Una de las principales concesionarias, el Grupo Roggio, que opera alrededor del 20 por ciento del sistema, expresó su conformidad con la decisión oficial. El vocero del grupo, Juan Ordóñez, sostuvo que en su compañía están “muy satisfechos” con la medida, pues la decisión “constituye un reconocimiento del sistema de peaje como sistema idóneo”.
Las principales firmas a las cuales no se les renovará la concesión son Roggio, Dycasa (filial local de la española Dragados), Aragón, Sideco (Grupo Macri) y Perales Aguiar. Entre los corredores que todavía no vencieron se encuentran los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.