Esto es lo que el Fondo Monetario quiere que haga el gobierno de Néstor Kirchner con los impuestos:
u Que fije un mínimo no imponible de entre 10 y 15 mil pesos anuales para el impuesto a las Ganancias (es decir, un umbral notablemente bajo), con las mismas deducciones para asalariados y autónomos y eliminando la mayoría de las deducciones familiares y todos los gastos. (“Esto es inviable políticamente”, fue el comentario que dejó anotado el recientemente removido subsecretario de Ingresos Públicos, Eduardo Ballesteros.)
u Que la escala progresiva en Ganancias para personas físicas empiece en el 10 por ciento (ahora el piso es de 6) y haya tres tramos más, fijados en 20, 30 y 35 por ciento. Esta tasa máxima será pagada a partir de un ingreso de $ 120.000 anuales.
u Las SA deberían retenerle a sus accionistas un 5 por ciento cuando les distribuyen dividendos. (No se aclara si se trata o no de un pago único y definitivo por parte de los accionistas residentes.) En cambio, la retención de los bancos a los ahorristas en plazos fijos debería ser del 10 por ciento. Como se ve, quedaría eliminada la exención de las rentas financieras de fuente local que rige en este peculiar país.
u Hay que aumentar la contribución de los monotributistas -según exige el Fondo- porque, en el nivel actual, desincentiva la contratación de asalariados. (Es sabido que no pocas empresas obligan a los postulantes a inscribirse como monotributistas como condición para “tomarlos”. El Ministerio de Economía es consciente de que esa práctica la utiliza el propio Estado como empleador.) Expertos oficiales muestran un cálculo, efectuado tres años atrás, según el cual el monotributo, que engloba diversos impuestos y contribuciones sociales, ocasionaba una sangría de 100 millones de dólares anuales en la recaudación de esos gravámenes. Afirman, además, que por lo menos el 70 por ciento de los inscriptos deberían aportar como contribuyentes normales. Impulsan, por tanto, la idea de aplicar el monotributo sólo a microemprendimientos.
u El rendimiento de los impuestos sobre la propiedad y la riqueza es muy bajo (los inmuebles están subvaluados en un 60 por ciento, estima el FMI). En el caso de Bienes Personales, para lo que rinde resulta demasiado caro recaudarlo. Se sugiere suprimirlo.
u Debería volverse en el IVA a una tasa única, eliminándose exenciones y alícuotas reducidas (pese a que algunas de éstas procuraron abaratar bienes de primera necesidad).
u Hay que aumentar los impuestos selectivos (llamados “internos” en la Argentina) a la cerveza, el vino (que está desgravado) y las gaseosas.
u El ITC (impuesto a la transferencia de combustibles) es relativamente bajo en la Argentina. La nafta tiene aquí una carga tributaria que representa el 35 por ciento del precio en el surtidor, 9 puntos menos que en el promedio regional. Por tanto, es preciso elevar el ITC, pero no es momento de transformarlo en un impuesto ad valorem (porcentual en lugar de fijo). Por consiguiente, el Fondo juzga que el proyecto que está en el Parlamento es inoportuno y debe ser archivado.
u El organismo quiere a su vez que se suprima la exención patagónica del ITC, ocurrencia ante la cual Ingresos Públicos no formuló ningún reparo, mostrándose de acuerdo “si es viable políticamente”. Lo cierto es que con un presidente patagónico en la Rosada puede dudarse de esa viabilidad.
u El Fondo no desea que se cree ningún nuevo régimen de promoción regional o industrial, y además reclama dictar nuevas normas que minimicen el acceso a los regímenes que están vigentes. (Economía ya le apuntó con ánimo restrictivo al régimen fueguino.) Es conocida la antipatía del FMI hacia las “políticas activas”, y especialmente las basadas en elsacrificio de recursos fiscales. Esa posición cae en terreno fértil por los monumentales fraudes a que dieron lugar los regímenes de promoción.
u Debe ser eliminado progresivamente el impuesto a los débitos y créditos bancarios. El Fondo quiere que esa supresión no se demore más de lo que se tarde en encontrar otra manera de obtener la misma recaudación. (Desde Economía comentaron que de acuerdo, pero que cada uno por mil que se reduce en el impuesto al cheque sacrifica $ 500 millones anuales de recaudación.)
u Al Fondo tampoco le agradan las retenciones y advierte que deben ser abolidas porque reducen el incentivo a exportar. (De nuevo Economía piensa en plata, y menciona que cada punto porcentual de ese derecho le depara al Tesoro Nacional unos $ 500 millones anuales, no siendo por tanto muy sencilla su sutitución.) Es evidente que los técnicos del FMI no reparan en la función de las retenciones como amortiguadores del violento impacto que tuvo la devaluación sobre la distribución del ingreso, cercenando el salario real y trasladando enormes rentas adicionales a los exportadores.
u Para desasosiego de los empresarios, el FMI coincide con Economía en su negativa a readmitir el ajuste por inflación de los balances para determinar el impuesto a las Ganancias. El organismo se escapa por la tangente, razonando que sería prematuro abrir esa discusión en las presentes circunstancias, especialmente si el rebrote inflacionario fue un episodio ligado a la devaluación pero luego desactivado. Además, aduce que, dada la amplia disparidad entre la suba de los precios mayoristas y minoristas (aquellos aumentaron el triple), cualquier ajuste sería arbitrario. Es obvio que el Fondo se muestra muy celoso en relación a los recursos tributarios, ya que éstos son el medio para que el país consiga un superávit primario en sus cuentas públicas y pueda pagar sus deudas, incluyendo a la que mantiene con el propio FMI. Lo cierto es que, más allá de la voluntad oficial, muchas empresas habrían efectuado el ajuste por inflación de su contabilidad sin decirlo, resueltas a no pagar sobre utilidades ficticias y de acuerdo a la recomendación de algunos consejos profesionales. Ahora esperan para ver si la AFIP da por buenas sus declaraciones o resuelve verificarlas, en cuyo caso irían a juicio.
El documento del Fondo sobre la reforma tributaria que debería sancionar Kirchner fue completado durante la reciente misión que visitó Buenos Aires. El comando impositivo fue encabezado por la neocelandesa Adrienne Cheasty, y no deja de causar algún estupor que su equipo de expertos haya estado integrado hasta hace bien poco por Jorge Baca Campodónico como especialista en evasión. Se recordará que Baca fue apresado aquí en febrero, durante la anterior misión, por la Justicia argentina, respondiendo a un pedido proveniente de Perú, donde se lo acusa de haber operado para Vladimiro Montesinos, reclamándose su extradición.
Una verdadera curiosidad del documento confidencial al que tuvo acceso Página/12 es que Ballesteros, de Ingresos Públicos, ante la exigencia planteada por el FMI de mejorar la administración tributaria y combatir la evasión, reflexiona que “esto requiere la decisión política para instrumentar un plan a mediano y largo plazo para concretar estos objetivos”, y añade que “los resultados nunca pueden ser inmediatos, pero se requiere un plan orgánico para iniciar el proceso y darle continuidad”. El máximo funcionario que tenía el ministro Lavagna para el tema impuestos demostraba ignorar que ese plan estratégico existe, incluyendo metas cualitativas y cuantitativas, y que fue completado hace dos años. Por lo visto, en altos niveles gubernamentales hay canales selectivos y conductos obturados para la información.
Los requerimientos del Fondo empiezan por plantear la eliminación progresiva de todas las medidas tributarias introducidas durante la crisis. Quieren que desaparezcan todas las preferencias tributarias: las exenciones (que han vaciado las bases imponibles), la consideración dealgunos impuestos como pagos a cuenta de otros, los planes de competitividad y todo otro régimen de promoción. En una palabra, terminar de demoler el sistema de parches y compensaciones que armó Domingo Cavallo en su última gestión.
Los alfiles tributarios de Horst Köhler y Anne Krüger afirman que el sistema impositivo está para recaudar, y no debe ser usado para conseguir “objetivos de crecimiento sectorial”. Vale decir, nada de desgravar una actividad para estimular su desarrollo. Su programa consiste en concentrarse en los impuestos básicos tradicionales (Ganancias, IVA y pocos más). Se quejan de que las contribuciones a la Seguridad Social sólo alcanzan para financiar el 30 por ciento de lo que cuestan los beneficios que paga, pero no proponen nada concreto. En general, el criterio del Fondo es que el régimen impositivo argentino no es malo. Lo que falla estrepitosamente es su administración. En eso no les falta razón.