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Desde hace casi siete años las querellas intentan conseguir que la Justicia concrete el pedido de indagatoria al juez de instrucción de Mar del Plata Pedro Federico Hooft por delitos de lesa humanidad. A esta altura, su caso es leído como uno de los expedientes paradigmáticos de la resistencia de la Justicia a revisar su complicidad con la dictadura. Hooft desarrolló una estrategia laberíntica basada en una batería de recusaciones, planteos de nulidad y rechazos, con la que consiguió aplazar la indagatoria. A fines de diciembre, el fiscal general Jorge Auat, en su rol de jefe de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración, presentó un escrito ante el juzgado que lleva adelante la causa para rechazar un nuevo planteo del juez. En el escrito, Auat promueve un procedimiento que no sólo sirve para esta causa, sino para los expedientes que en distintos puntos del país intentan dilatarse: le pidió al juez federal Martín Bava que mientras dure este “incidente” –ahora bajo estudio de la Cámara Federal de Mar del Plata– no suspenda la investigación, sino que saque una copia certificada del expediente, siga adelante con la causa y ordene la “inmediata” indagatoria del imputado.

“Que habiendo sido notificado de la recusación planteada por la defensa (de Hooft) y de su rechazo por parte del señor juez (...) vengo a solicitar que se prosiga con el trámite de la presente instrucción y en consecuencia se disponga la citación del imputado a prestar declaración indagatoria de inmediato”, indica el escrito. El ministerio público señala que, de acuerdo con el artículo 62 del Código de Procedimiento Penal, “si el juez fuere recusado y no admitiere la causal, siendo manifiestamente inciertos los hechos que se alegan, continuará la investigación durante el trámite del incidente”.

Auat también señala que el planteo de Hooft debe ser rechazado por “extemporáneo” y, en otro de los puntos clave, señala que la batería de pedidos debe ser entendida como una estrategia de dilación. “Las maniobras dilatorias denunciadas que se traslucen en una variedad de planteos recursivos y nulificantes sólo tienen por fin evitar el avance de la causa y, en concreto, demorar indefinidamente la citación del imputado al proceso.”

La causa de Hooft tiene una matriz kafkiana. El expediente empezó en marzo de 2006 con una denuncia impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entonces encabezada por Eduardo Luis Duhalde. Denunció a Hooft por su participación en el secuestro de once personas, la mayoría abogados caídos durante la llamada Noche de las Corbatas. En ese momento, la secretaría entendió que Hooft “contribuyó intencionalmente con el terrorismo de Estado, permitiendo que pudiesen cometerse delitos de lesa humanidad”. Exigió su indagatoria, procesamiento y detención como presunto responsable por acción u omisión de los delitos de “tormentos seguidos de muerte, tormentos cometidos en forma reiterada, violación reiterada”, y también como “autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba reiterada”. A la denuncia se sumaron la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, la Comisión Provincial de la Memoria, y se presentaron pedidos de destitución. A partir de entonces se abrieron dos vías: por un lado, la denuncia penal, y por otro, el pedido de destitución a través de un jury.

La causa penal

La causa penal está desde el comienzo prácticamente paralizada. Hooft evitó sistemáticamente que lo convoquen a indagatoria. Recusó a todos los jueces que tomaron la causa, consiguió que los apartaran hasta que el expediente recayó en manos del juez federal de la jurisdicción de Azul, Martín Bava, que es quien finalmente el año pasado pidió la indagatoria. Fiel a su estilo, Hooft apeló. La Cámara de Mar del Plata rechazó la apelación, pero entonces Hooft recusó a Bava. El tema ahora está bajo estudio de la Cámara Federal y en ese escenario entró la presentación de Auat en la que le pide al juez que mientras tanto continúe con el proceso.

“Lo que está diciendo Auat centralmente es ‘basta de dilaciones’”, resume el abogado Eduardo Salerno, que representa a la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia. “La indagatoria es el comienzo de un juicio, una medida esencial que no se pudo hacer en seis años y medio. Ninguno de no-sotros se opone a que Hooft ejerza su derecho a defensa en juicio, pero existen límites cuando el proceso se vuelve kafkiano y hace que la causa no avance nunca. Nosotros pedimos la indagatoria y como querella vamos a acompañar el planteo de la fiscalía, porque no queremos que esto se convierta en una maraña.”

El juicio político

Hooft consiguió hasta aquí no sólo aliento en la causa judicial, sino en el proceso por el juicio político. En marzo de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aceptó la apertura del proceso pero, en contra de lo que dice la Constitución provincial –que prescribe la suspensión de las funciones mientras dure el proceso–, indicó que el magistrado podría seguir ejerciendo. Y no fue la única decisión. Con votos de Héctor Negri, Luis Esteban Genoud y Víctor Horacio Violini –y la oposición de Hilda Kogan y Eduardo Néstor de Lazzari–, la Corte aceptó un recurso del propio Hooft para presentar un “recurso federal extraordinario” ante la Corte Suprema de Justicia de Nación, que postergó el comienzo durante tres años y medio.

La Corte Suprema nacional rechazó la decisión de sus pares de la provincia en diciembre de 2011. En un fallo muy crítico, cuestionó a los jueces por aceptar el recurso “sin examinar, siquiera mínimamente, la entidad y efectos del cuestionamiento de Hooft”. Les ordenó emitir un nuevo dictamen que demoró casi un año completo. A fines del año pasado, y cuando la Asociación de Familiares recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado nacional por la falta de justicia, la Corte bonaerense se pronunció. En ese fallo rechazó el planteo de Hooft que, sin tregua, decidió inmediatamente recusar al único de los jueces que le faltaba recusar. Antes que terminara el año, la Corte rechazó esa recusación. Y ahora debería avanzar el juicio político.

El jury corre por cuenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. El espacio lo integran el presidente de la Corte Suprema bonaerense, senadores, diputados y cinco abogados de la provincia. Tendría que haber empezado a trabajar el caso en marzo de 2009 –aun con los recursos pendientes–, pero el trabajo nunca empezó y quienes estaban designados terminaron sus mandatos. El 26 de diciembre de 2012, luego de la presentación ante la CIDH, terminó de integrarse el jurado. Entre las primeras medidas, se espera que avance con una respuesta sobre la suspensión del magistrado.