Los saqueos del 20 de diciembre pusieron contra las cuerdas al intendente de Bariloche, Omar Goye. Por un lado, el domingo fueron detenidos cinco integrantes de la Cooperativa Primero de Mayo, que –según la Justicia– estuvieron a la cabeza de los robos en los supermercados y habrían quedado marcados tanto por los videos como por los vehículos usados. El intendente Goye mantenía una estrecha relación con la cooperativa y –como adelantó Página/12 en exclusiva el jueves pasado– les había aportado fondos antes de los saqueos, y también después. En concreto, 100 mil pesos divididos en dos cheques. Sobre esa base, y también por designaciones muy cuestionadas, el bloque de concejales del Frente Grande presentará hoy un borrador de proyecto de resolución de revocatoria del mandato del intendente Goye. Antes de oficializarlo, los concejales lo evaluarán y, en principio, el proyecto de revocatoria y suspensión del intendente tendría nueve votos seguros, cantidad suficiente para que se inicie el proceso, pero incluso hasta podría conseguirse el voto unánime de la totalidad de los once concejales de Bariloche. Con ello, el intendente quedaría apartado del cargo, pero el proceso sólo termina con un referéndum que tardaría, como mínimo, tres meses en realizarse.

Las detenciones fueron ordenadas por el juez de instrucción Ricardo Calcagno por pedido del fiscal Eduardo Fernández. Los aprehendidos fueron cinco, dos hombres y tres mujeres, aunque se dice que habría otras dos personas más con orden de captura. Los líderes de la cooperativa, Miguel “El Mohicano” Mansilla y José Paredes, habrían sido derivados de inmediato a lugares de detención en Viedma, mientras que las mujeres –según informó la Agencia de Noticias de Bariloche–, Catalina Lineros, Haydé Grande, Giselle Poblete, estarían alojadas en Roca. La razón de esos movimientos es que las detenciones provocaron una reacción de otros integrantes de la Cooperativa que apedrearon la comisaría 2ª de Bariloche.

Los líderes de la cooperativa admiten que ellos estuvieron en el supermercado Chango Más –el primero saqueado– porque reclamaban bolsones de comida, pero aseguran que, cuando llegaron, los robos ya habían empezado. Sin embargo, la Justicia sostiene que las imágenes los desmienten. Hay tomas muy claras de quienes protagonizaron los saqueos y de los vehículos en los que se llevaron lo saqueado, entre otras cosas plasmas y electrodomésticos.

El gobernador Alberto Weretilneck y el senador Miguel Angel Pichetto hicieron un análisis detallado de lo ocurrido en una reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esa evaluación, Goye quedó en el centro de la escena porque había exigido a los supermercados que entregaran tickets de comida y además –según el gobernador– hizo una aparición televisiva en la cual señaló a las dos empresas que no habían aceptado entregar bienes. Esos dos supermercados fueron los saqueados. Los vínculos entre Goye y la cooperativa son públicos, y Weretilneck ya había señalado la semana pasada –como publicó este diario– que después de los saqueos el intendente libró dos cheques, uno por 60 mil pesos y otro por 40 mil a favor de la Cooperativa. La suma obedecería a trabajos realizados, pero los concejales sostienen que esos valores no se justifican. A esto se suma que Goye hizo designaciones en el municipio, en el área de Desarrollo Social, de individuos que no tienen labores y que registran hasta antecedentes por homicidio. En concreto, los concejales acusan al intendente de montar una especie de patota dentro del Centro Cívico.

En la mañana de hoy, los tres concejales del Frente Grande les entregarán a las demás fuerzas el proyecto que serviría de base para la suspensión y la revocatoria del mandato del intendente. El texto no será tratado en el recinto sino que se buscarán acuerdos previos entre los integrantes de todas las fuerzas políticas. La revocatoria ya tiene los votos de los tres concejales del Frente Grande, los tres del Frente para la Victoria, una socialista y dos vecinalistas, pero hay chances de que la concejal de la UCR y el vecinalista restante terminen acordando con el proyecto. No está claro si el consenso se lograría esta misma semana o si harán falta unos días más y se votaría entonces en los primeros días de la semana próxima.

En caso de ser suspendido Goye, la intendencia será ejercida por la titular del Concejo Deliberante, María Eugenia Martini (FpV). Pero el proceso es farragoso. No sólo hay que conseguir dos tercios de los concejales –lo que ya está logrado–, sino también la firma de un porcentaje del padrón electoral y luego la mayoría en el referéndum revocatorio. Ese proceso puede llevar tres y hasta cuatro meses. Lo podría evitar una renuncia de Goye, quien en estos días, con enormes dificultades, trata de rearmar su gabinete.

En paralelo a la revocatoria está en marcha la causa judicial. Las detenciones tienen mucho peso porque, según la fiscalía, las pruebas son muy sólidas. De todas maneras, el abogado de la cooperativa ya pidió la excarcelación y habrá que ver la respuesta del juez en los próximos días. Igualmente deberá verse si en el camino de ese expediente judicial también es citado el propio intendente que, todo lo indica, estará suspendido.

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