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La Corte Suprema de México autorizó la extradición a España del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo para que sea juzgado por genocidio y terrorismo. “Se ha cerrado el círculo de la justicia universal. Lo que no se logró con (el dictador Augusto) Pinochet, se concretó ahora. Esta decisión abre una era”, aseguró a Página/12 el abogado Carlos Slepoy, impulsor de los juicios contra los represores argentinos en Madrid.
El máximo tribunal mexicano resolvió, en una votación de siete contra cuatro, que Cavallo debe ser juzgado en España por genocidio y terrorismo. Así lo informó a la prensa el juez Humberto Román Palacios. Los once magistrados de la Corte rechazaron la acusación por el delito de torturas, del que también estaba acusado el represor, porque consideraron que para la ley interna mexicana estaba prescripto. El mismo criterio fue sostenido en enero de 2001 por el juez Jesús Luna Altamirano, quien falló en primera instancia a favor del pedido de su colega español Baltasar Garzón.
“Nos parece injusto que no sea extraditado por torturas, pero que se reconozca la aplicación de la justicia universal es un hecho de trascendencia en todo el mundo”, dijo desde México Shula Erenberg, de la agrupación Genocidio Nunca Más. Slepoy afirmó que esperaba que este hecho sea “un impulso a la lucha contra las leyes de Obediencia Debida y Punto Final porque el objetivo de los juicios en el exterior es que en algún momento los genocidas puedan ser juzgados en la Argentina”.
La decisión de la Corte mexicana implica que Cavallo será el primer represor argentino juzgado en España por los crímenes que cometió durante la última dictadura militar gracias a la autorización de la Justicia de un tercer país. El antecedente más cercano fue el del dictador chileno Augusto Pinochet, quien fue arrestado en Londres. La Cámara de los Lores también consideró que era válido el principio de justicia universal, que implica que quienes cometieron crímenes que atentan contra la humanidad pueden ser juzgados en cualquier lugar del mundo. Pero la extradición del dictador fue trabada por el gobierno británico. Otro represor argentino, Jorge Olivera, fue arrestado en Italia a pedido de la Justicia francesa pero logró escaparse falsificando una partida de defunción de una desaparecida.
En el caso de Cavallo, la Cancillería de México ya autorizó el traslado del represor, por lo que se descuenta que en este caso no existirá un obstáculo de ese tipo. Pero el viaje podría demorarse alrededor de un mes, ya que el gobierno mexicano había concedido la extradición por terrorismo, genocidio y torturas y ahora debe hacer un nuevo escrito en el que excluya este último delito, de acuerdo con el fallo de ayer. Si los tiempos no se dilatan, Cavallo podría ser juzgado en España casi al mismo tiempo que el ex marino Adolfo Scilingo, que está preso en Madrid pero llegó allí por su propia voluntad.
Cavallo fue detenido en Cancún el 24 de agosto de 2000, mientras intentaba escapar hacia la Argentina luego de que el diario mexicano Reforma lo desenmascarara como un miembro del grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. El represor vivía en México y era director del Registro Nacional de Vehículos de ese país.
Garzón solicitó la extradición de Cavallo el 12 de septiembre de 2000. Allí lo acusó por 248 desapariciones y 128 secuestros –16 de mujeres embarazadas que dieron a luz en la ESMA–. “Asimismo debe resaltarse que por la integración de Ricardo Miguel Cavallo en el grupo de Tareas 3.3.2 entre los años 1976 y 1979 y la responsabilidad desempeñada le son imputables todos y cada uno de los hechos producidos en esa época y que se refieren a secuestros, muertes, desapariciones y torturas, dada la estructuración organizada jerárquica y militarizada de la ESMA que imposibilitaba de hecho la integración en la misma y el desconocimiento de las actividades ilícitas”, definió Garzón.
Cavallo –según describió el juez español– comenzó su carrera de represor cuando se formó el grupo de Tareas de la ESMA, como teniente de fragata. Hasta enero de 1979 el marino, conocido por sus víctimas como “Marcelo” o “Sérpico”, participaba de las decisiones (y en ocasiones personalmente de los operativos) que todos los días se tomaban en la ESMA sobre secuestros y torturas. A principios de 1979 fue designado como responsable del sector “Pecera” del centro clandestino de detención, donde se sometía a trabajos forzados a los detenidos. Un año después el represor, que había participado en diversas operaciones secretas en el exterior, fue destinado al Centro Piloto de París, montado por los militares argentinos para contrarrestar la supuesta propaganda “antiargentina”, como llamaban los militares a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
“Lamentamos que el genocida Cavallo deba ser juzgado en el extranjero, porque todavía la Corte Suprema de nuestro país no se ha expedido sobre la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final que permitirían juzgar a Cavallo en el lugar donde cometiera sus crímenes”, coincidió con Slepoy la agrupación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.