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Como era de esperar, y seguramente sucederá también más adelante, la jornada de ayer tuvo sus idas y vueltas en el acuerdo sobre el caso AMIA. Por la mañana, se publicó una supuesta declaración del vocero de la Cancillería iraní, Ramón Mhmanparast, quien afirmó que “es totalmente falso que vaya a ser indagado Ahmad Vahidi”, actual ministro de Defensa. Desde la oficina de Héctor Timerman respondían categóricos: “El punto 5 del Memorando es muy claro”. El punto 5 dice que serán interrogadas “aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido un alerta rojo”. Se trata de cinco iraníes, entre ellos Vahidi. A la misma hora, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, sostuvo que la Argentina debe preocuparse por cumplir su parte del acuerdo, “lo que hagan otros es problema de otros”. Ya a la tarde, el canciller de Irán, Alí Akbar Salehi, reiteró que su país cumplirá con lo firmado.

El punto 5 es categórico respecto de quiénes van a ser interrogados/indagados en Teherán, porque son los que tienen alerta rojo de Interpol.

- El ex ministro de Información Alí Fallahian.

- El ex comandante de los Guardianes de la Revolución Mohsen Rezzai, actual candidato a presidente, aunque con pocas chances.

- El ex comandante de la fuerza Al Quds y actual ministro de Defensa, Vahidi.

- El ex agregado cultural de Irán en la Argentina Mohsen Rabbani, según la Justicia el hombre clave del atentado.

- Y el ex tercer secretario de la Embajada de Irán en la Argentina Ahmad Rasgari.

Hay cuatro imputados que no van a ser indagados.

- El supuesto jefe militar de la operación, el libanés Imad Moughniyeh, asesinado en Damasco en febrero de 2008.

- El ex presidente de Irán, Alí Akbar Rafsanjani, hoy líder de los sectores moderados. Interpol no acepta alertas rojos para figuras del máximo nivel de los gobiernos, en este caso un presidente.

- El ex canciller de Irán, Ali Vellayatti, hoy candidato a presidente con muchas chances.

- El ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, absuelto después de ser detenido en Londres en 2003, cuando estudiaba en una ciudad cercana. El juez Juan José Galeano mandó las pruebas, pero los jueces de Londres consideraron que las evidencias eran débiles. Hasta le pagaron una indemnización de 20.000 libras y las costas corrieron a cargo de la Argentina.

La movida de la mañana de ayer abrió una serie de comentarios durísimos de la oposición y de la AMIA y la DAIA. Por ejemplo, el peronista disidente Eduardo Amadeo pidió la renuncia de Timerman porque “es un papelón”. Por el mismo andarivel anduvieron el radical Julio Cobos, Laura Alonso, del PRO, y Victoria Donda y Gerardo Milman, del GEN. A esa hora no se entendía cómo se compaginaban dos afirmaciones de los opositores. Por un lado, desde el primer día venían diciendo que el acuerdo era favorable a Irán y por el otro, Irán se negaba a cumplir parte del acuerdo que supuestamente le era tan favorable.

Tanto en la Cancillería como en la Casa Rosada vienen diciendo desde el primer día que la concreción del acuerdo no es ni será un paseo por una alfombra roja. Este diario reveló que en Irán existe una dura interna entre el sector llamado populista, del presidente Mahmud Ahmadinejad, y el del sector religioso, en manos del ayatolá Ali Khomenei. Lo que a veces firman unos es vetado por los otros. En su comunicado de ayer, el canciller revela que hace dos años que se viene conversando. Y esto ha sido público, no es sorpresivo: desde la época en que Rafael Bielsa era canciller se empezó a mencionar la posibilidad de algún tipo de proceso en un tercer país.

En Irán consideran que la causa AMIA es un armado que se basa en datos de la CIA y la Mossad. Por ejemplo, el fiscal Alberto Nisman sostiene que el ataque fue perpetrado por un suicida, Ibrahim Berro, llegado desde El Líbano, aunque nunca pudo esclarecerse ni cómo entró ni con qué nombre. Como prueba, Nisman sostiene que desde Buenos Aires, en los días previos al atentado, se llamó a dos teléfonos en El Líbano, uno de una central de Hezbolá y otro de la familia Berro. La información sobre la pertenencia de esos teléfonos fue aportada por los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel, lo que no descarta su veracidad, pero la fuente es interesada políticamente y habrá que probarlo en un proceso judicial. Debe agregarse a esta mirada de desconfianza iraní lo que la realidad aportó del lado argentino: el juez Galeano fue expulsado de su cargo, lo mismo ocurrió con los fiscales, el jefe de la investigación policial, Jorge “Fino” Palacios, estuvo en la cárcel y están procesados todos los protagonistas de la pesquisa.

Los sectores más ultras de Irán, furiosamente anti-israelíes, incluso acusan a la derecha de Israel de los dos atentados, una idea descabellada sobre la que no hay el más mínimo indicio en las dos causas judiciales. Lo asemejan al asesinato de Itzhak Rabin, o sea un homicidio perpetrado por la derecha israelí para torpedear cualquier iniciativa de paz. En la misma línea de pensamiento, Ahmadinejad se ha pronunciado en forma reiterada por la destrucción de Israel.

En ese clima, no es extraño que haya chispazos e incluso obstrucciones en la concreción del acuerdo. El éxito no está asegurado. Pero la otra alternativa es mantener las cosas como están, sin avances de relevancia en casi 19 años. Se podrá seguir acusando a Irán en los foros internacionales, pero la causa seguiría donde está. Desde el punto de vista político, hay quienes están interesados en que las pruebas no se sometan a ningún tipo de juicio: dan por sentado que fue Irán y les importa más la denuncia internacional contra el régimen de Teherán que verificar las evidencias.

En estas playas tampoco las cosas serán fáciles. Además del paso por el Congreso, se registra la oposición de la AMIA y la DAIA, que antes habían dado el apoyo. Lo curioso es que dos de los tres especialistas contratados por la DAIA, Daniel Sabsay y el ex fiscal Pablo Lanusse, fueron tajantes en el rechazo –algo previsible por sus durísimas posiciones contra el Gobierno en los últimos tiempos–, mientras que Luis Moreno Ocampo manifestó que ve una oportunidad.

Entre los familiares de las víctimas, una parte también se opone y otra –Memoria Activa y el grupo que lidera Sergio Burstein– está a favor de intentarlo. Por supuesto, lo decisivo está en la parte judicial: el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Nisman. Tendrán que marcar los límites para que los interrogatorios en Teherán sean válidos en la causa. Hay frondosos antecedentes de indagatorias anteriores, pero cada caso tiene sus aristas. El juez de la Corte Raúl Zaffaroni también ha dicho que, a primera vista, no hay cesión de soberanía en indagar a imputados en el exterior.

Si el acuerdo se aprueba en los dos congresos –hay que ver qué sucede en Irán, no sólo en la Argentina–, el siguiente capítulo será la designación de la comisión de juristas internacionales. Tampoco va a ser sencillo, por las duras posturas en Buenos Aires y en Teherán. Pero todos esos pasos son apenas los iniciales: habrá que estar preparado para una larga carrera de obstáculos para ver si se puede salir de la parálisis en que está la causa, sobre todo respecto de la conexión internacional.

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