El abogado español Joan Garcés, mano derecha de Baltasar Garzón, ha cultivado el arte de obtener las recompensas con el tiempo. Artífice de la argumentación jurídica que permitió la detención de Pinochet en Londres, Garcés vio cómo el dictador chileno salía libre hacia Santiago. Con el torturador argentino detenido en México, Ricardo Cavallo, la historia fue más justa con el trabajo realizado por el equipo del juez español Baltasar Garzón. México autorizó la extradición de Cavallo a España y, con eso, recompensa el trabajo de Garcés, Garzón y tantos otros que combatieron por que la “justicia universal” sea una realidad.
El 11 de septiembre de 1973, cuando se produjo el golpe de Estado en Chile, Joan Garcés integraba un grupo de miembros del Partido Socialista que había llegado a Santiago a entrevistarse en el Palacio de la Moneda con el presidente Salvador Allende. El mandatario chileno murió horas más tarde. Garcés esperó hasta 1983. Ese año, Estados Unidos desclasificó documentos secretos sobre el golpe en Chile y Garcés los revisó uno tras otro, hasta acumular los antecedentes necesarios para llevar a Pinochet ante los tribunales. La detención del dictador en Londres fue producto directo de ese trabajo. El chileno escapó al juicio gracias a una argucia política pactada entre Madrid, Londres y Santiago. Esta vez, la historia no se repetirá con Ricardo Cavallo. Para el abogado valenciano, pese a las presiones que ejerce la actual administración norteamericana para que la justicia internacional “no sea un referente”, la decisión de México de extraditar a Cavallo a España abre un camino que otros Estados no tardarán en seguir.
–Usted trabajó con empeño en el caso de Ricardo Cavallo. Ahora que México ha decidido extraditarlo, ¿se inaugura un nuevo campo de acción para la Justicia internacional?
–Como pasa en todas las dimensiones de la vida social y colectiva, hay momentos de adelanto y momentos de retroceso. El resultado de la decisión judicial de México se sitúa dentro de las corrientes más profundas que en el ámbito internacional intentan hacer progresar la cooperación internacional entre, por un lado, los tribunales y, por el otro, los Estados, para que el derecho se imponga sobre la fuerza bruta. Se trata entonces de una decisión muy positiva. Es el resultado de los esfuerzos de generaciones en muchos países del mundo para avanzar por ese camino. Pero lo que ocurrió con el caso Cavallo es tanto más importante cuanto que se produce en una coyuntura en la cual, como consecuencia de las opciones que ha adoptado la actual administración republicana en los Estados Unidos, hay intereses muy poderosos que se resisten a que las acciones del poder estén sometidas a las leyes. En estos momentos hay una gran ofensiva diplomática y de otros órdenes por parte de la administración norteamericana para que el derecho internacional no sea un referente en la estructuración y resolución de los conflictos entre los Estados y dentro de los Estados. La administración republicana quiere que la fuerza sea utilizada de manera discrecional y sin mayores miramientos respecto de la realidad.
–Usted toca aquí el caso de la Corte Penal Internacional luego de que EE.UU. obtuviera en el Consejo de Seguridad de la ONU un plazo suplementario de un año para que sus tropas en misión en el exterior tengan inmunidad.
–Hay varios indicios concordantes que van desde la ofensiva contra la aplicación plena del tratado de Roma por el que en 1998 se creó la Corte Penal Internacional, hasta las presiones que está ejerciendo Estados Unidos contra el gobierno de Bélgica debido a su legislación interna, la cual ampara la persecución con criterio de universalidad de los crímenes contra la humanidad. A ello se le agregan las presiones sobre muchos Estados para que no ratifiquen el tratado que creó la CPI. Es una de las dimensiones más singulares de la actual administración norteamericana. Esta actitud tendrá lógicamente un término porque es contraria a otras tradiciones fuertes dentro de Estados Unidos. No hay que olvidar que, en el campo del derecho internacional, después de 1945 la administración norteamericana hizo grandes aportes, por ejemplo el Convenio internacional contra el genocidio, aprobado en 1948, o la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero los hechos hoy son diferentes y es en ese contexto donde la cooperación judicial entre México y España adquiere un relieve mayor. Es consecuencia de los esfuerzos realizados en los ‘90. Al final de la Guerra Fría el derecho internacional hizo progresos considerables para acabar con la impunidad en los crímenes contra la humanidad. La cooperación judicial entre México y España muestra que, cuando se están defendiendo valores positivos, éstos prevalecen de una forma o de otra. No hay que dejarse desalentar por las políticas coyunturales de un gobierno u otro.
–Sin embargo fue un país como México, aparentemente menos dotado de solidez jurídica que Gran Bretaña, el que permite la aplicación de la justicia universal. Londres dejó ir a Pinochet.
–En el caso Pinochet, la magistratura, los tribunales del Reino Unido, y, durante los primeros 15 meses de la detención de Pinochet, hasta el mismo gobierno hicieron una contribución muy positiva. Significó un paso adelante respecto de esta cooperación efectiva entre los tribunales para evitar la impunidad de los grandes criminales contra la humanidad. Desde el punto de vista judicial, el caso Pinochet fue ganado porque los lores aprobaron la extradición de Pinochet a España. Ahora bien, la última palabra la tenía el poder ejecutivo y en esa fase final intervinieron consideraciones políticas que desviaron el tema hacia un acuerdo diplomático entre el gobierno español, el británico y el chileno. Así se evitó que Pinochet se sentara ante el tribunal de justicia. La cooperación judicial hispano-británica recorrió el 80 por ciento del camino. México lo recorrió al cien por cien. Esta decisión de México marca una etapa y tendrá influencias positivas en el futuro. Ojalá que otros Estados sigan por ese camino. En la medida en que más Estados se unan a este esfuerzo, más podremos avanzar.
–Este caso puede imponerse como un ejemplo, abrir un camino para permitir el juicio a criminales de esta categoría. Puede achicar de ahora en más el margen de impunidad de que gozan este tipo de criminales.
–Es un ejemplo que ya tiene una irradiación universal y que estimulará a otros a seguir por esa vía. A largo plazo ése es el itinerario que seguirá la cooperación internacional. Sin embargo, al mismo tiempo hay que tener la clarividencia de saber que el camino no es fácil. Por eso es tan meritoria la forma en que actuaron las autoridades de México.
–Usted, que siguió junto al juez Garzón la intrincada instrucción de todos estos criminales, ¿esperaba acaso que México accediera a ese pedido y que Argentina no hiciera nada para interponerse?
–Aunque medía las enormes dificultades que había por el camino yo siempre pensé que era posible. Los intereses que están afectados por todo esto son muy poderosos, son los intereses que han amparado las investigaciones de los grandes crímenes y la identidad de sus autores. Por eso me doy cuenta de cuán trascendente es la decisión. Creo que el caso Pinochet demostró que en América latina había una disociación entre, por un lado, lo que era un sentimiento mayoritariamente compartido en todas las instancias sociales, es decir, que en América latina los grandes criminales contra la humanidad no podían continuar impunes, y, por el otro, el reflejo defensivo de algunos gobiernos frente a ese anhelo y aspiración. El cambio de posición del gobierno argentino que se está produciendo en estos días es un reflejo de cómo la presión social y laconciencia cívica se abren camino frente a las resistencias de los interesados en mantener la impunidad. El hecho de que sea México quien haya inaugurado el ciclo es primordial. Hoy es México, mañana serán la Argentina y otros Estados quienes seguirán ese camino. Va por ahí. No hay dudas de que en la Argentina hay mucha gente libre igual a Cavallo. Por eso hay que seguir, es un esfuerzo descomunal que se realiza paso a paso. El desarrollo del derecho, tanto en el orden interno como en el internacional, se hace a través de casos de procedimiento de resoluciones que se van acumulando, creando jurisprudencia y asentando la práctica de la vigencia y de la vivencia del derecho.