Por Blanche Petrich *

A Sérpico se lo vincula en los expedientes de la Audiencia Nacional de España con al menos 227 casos de secuestro, tortura y desaparición forzosa, con 110 casos de detención ilegal y tortura de prisioneros que fueron liberados y con el robo de 16 recién nacidos cuyas madres fueron asesinadas y desaparecidas después del parto. Todo ello durante sus funciones como parte del Grupo de Tareas 332 en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada de Argentina, donde ocupó distintos cargos durante siete años. La del teniente de navío Ricardo Miguel Cavallo es la historia de un hombre que empezó su carrera como engranaje eficaz de una dictadura genocida y terminó de cerebro de una red criminal de guante blanco que pretendía establecer en México una sucursal de su consorcio, Talsud, concesionario nada menos que del Registro Nacional de Vehículos (Renave).
Al terminar la dictadura, en 1983, los militares que habían “reorganizado” el país con la “necesaria desaparición de los enemigos del alma argentina”, según la doctrina de la junta golpista, no se alejaron del poder en plan de derrota. Fue, según la define Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA y acusador de Cavallo, una “retirada organizada”. De sus cargos en el gobierno, los oficiales pasaron silenciosamente a sitios estratégicos en empresas de seguridad privada, informática y control. De ahí, con relaciones secretas con el crimen organizado, armaron un ejército paralelo que todavía existe. Durante los últimos 25 años, Cavallo y muchos otros oficiales de su generación tejieron esa red bajo la fuerte coraza de la impunidad garantizada por el Estado. Creyeron que el brazo de la justicia no los tocaría jamás.
La empresa Talsud-Renave fue apenas un cabo que pudo ser descubierto. No es casual que los intereses de Cavallo y compañía anclaran en la ciudad de México, que ya desde el sexenio pasado se convirtió en el centro principal de las redes de tráfico de autos robados que por decenas de miles van a parar disfrazados y con documentos falsos a San Salvador y Guatemala.
A los funcionarios mexicanos, en su momento, no les llamó la atención que el empresario “Miguel Angel Cavallo”, militar argentino, presentara una hoja de servicios en la que había suprimido su trayectoria entre 1976 y 1986. Tampoco les preocupó que, solitario y de costumbres más bien raras para un supuesto hombre de negocios de éxito, rechazara al personal de seguridad que le pretendía brindar el gobierno mexicano y pusiera en su lugar a un cuerpo de guardaespaldas personales dotados con armamento muy superior al de los clásicos guaruras mexicanos.
En manos de este hombre debía quedar un cúmulo de información que constituía una verdadera mina de oro para los traficantes de autos robados. Nadie en el gobierno cuestionó que fuera precisamente su hermano, Oscar Cavallo, quien dirigiera una concesión similar de Talsud en Guatemala. Lo que las autoridades estaban haciendo era poner el banco de datos de autos de todo el país en manos de un capo del crimen organizado. Además del Renave, Talsud tenía otros proyectos. Había competido por la concesión de pasaportes en China, para la emisión de registros en varios países y trabajaba en la venta a distintos gobiernos –incautos siempre sobran– de una “tarjeta inteligente” que con un solo chip podría brindar todo el historial de los ciudadanos. Es decir, la llave de la casa de cada persona en manos de la mafia de cuello blanco.
Criminal impune toda su vida, Cavallo se intoxicó de arrogancia y cometió un error: como director del Renave ofreció una conferencia de prensa. Su sistema de alerta falló y su foto apareció en los diarios.
En la punta sur del continente sus víctimas vieron la imagen del empresario argentino en México. “Es él”, dijeron y denunciaron. Cavallo empacó apresuradamente e intentó volar a Argentina, único país del mundo que podía librarlo de la ley al amparo de los decretos de impunidad que dictara el ex presidente Raúl Alfonsín. Demasiado tarde. Ese 24 de agostode 2000 el avión hizo escala en Cancún, todavía territorio mexicano, y la Interpol le echó el guante.
En una reacción instantánea, el juez español Baltasar Garzón interpuso una demanda de extradición en contra de Ricardo Miguel Cavallo –verdadero nombre de “Miguel Angel”– por los delitos de tortura, genocidio y terrorismo. En febrero de 2001, el gobierno mexicano dio luz verde al proceso de extradición. Pero Cavallo contó con un equipo de abogados que logró retardar la resolución durante dos años y tres meses.
Carlos Slepoy, uno de los juristas que representa a los sobrevivientes y desaparecidos que demandan a los represores argentinos ante la justicia española, había afirmado que en el caso Cavallo los jueces mexicanos tenían en sus manos la oportunidad de hacer lo que en su momento los magistrados británicos no se atrevieron, para colocarse a la vanguardia de una tendencia en el mundo contemporáneo que busca aplicar la justicia humanitaria sin fronteras. En 1998, la corte del Reino Unido pudo entregar a la justicia internacional al dictador chileno Augusto Pinochet. No lo hizo. Hoy, la Suprema Corte de Justicia mexicana tomó esa oportunidad.
Según consta en el acta que demanda la entrega de Cavallo a la policía española, el ahora preso tenía 25 años y era teniente de fragata en la Armada en 1976, cuando integraba el llamado GT/332, grupo de tareas al mando del almirante Emilio Massera. Ese GT ejecutaba secuestros, operaba los conocidos vuelos de la muerte, llevaba a cabo interrogatorios con tortura y todas las demás tareas de un centro de exterminio. Massera, comandante de la Armada, también está acusado en el mismo proceso.
Son cientos los testimonios que han sido recuperados para reconstruir la historia criminal de Cavallo, sus superiores y otros militares de su generación. Por ejemplo, a Carlos Lordkipanidse, detenido ilegalmente en la ESMA, le consta, porque lo vio, que Cavallo torturó personalmente a una mujer mayor, Thelma Jara de Cabezas, a quien le habían secuestrado a sus hijos y había organizado la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En el centro de detención otros presos llamaban Tía Irene a esta mujer. Los pocos sobrevivientes de la ESMA han ido revelando una historia de terror increíble, donde aparece este Cavallo con distintos nombres –Sérpico, Marcelo, Ricardo– como un operador de confianza de los más altos jefes para la ejecución del patrón de exterminio que fue aplicado a cerca de 30 mil argentinos.
Este proceso judicial arrancó hace ocho años en el seno de la Unión de Fiscales Progresistas que preside Carlos Castresana. Entre 1995 y 1997, de Buenos Aires a Madrid, volaron los testigos y los testimonios. Laura Villaflor, con sus padres y sus tíos desaparecidos y las pruebas directas de que habían sido vistos en la ESMA; el físico Mario Villani, que fue empleado como mano de obra esclava en las oficinas de la Esma, conocidas como La Pecera y ha logrado identificar a 170 represores de las distintas cárceles ilegales donde estuvo; Ana Testa, esposa de un desaparecido, torturada y “rehabilitada” con sadismo por el propio Cavallo; Cristina Muro, a quien hombres al mando de Sérpico tomaron de los pies a su bebé de días y le pusieron una pistola en la boca para obligarla a callar mientras era pateada; Víctor Basterra, fotógrafo e impresor que era obligado, en esa misma Pecera, a tomar fotos y elaborar todo tipo de credenciales falsas para los militares; Carlos Fukman, que ha recreado las zonas de capucha, donde permanecían durante meses los detenidos con grilletes en pies y manos y una bolsa en la cabeza. Así, hileras de decenas de hombres y mujeres en condiciones infrahumanas, hasta que un día entraban los militares a sedarlos con una inyección: era la señal, lo supieron después, de que se iniciarían los vuelos de la muerte, desde donde serían arrojados, vivos, al mar.

* Exclusivo para Página/12 de La Jornada, de México.