Después de un paréntesis de cuatro años, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) está cerca de tener un titular definitivo, nombrado por concurso. La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, elevó tres nombres para que el Poder Ejecutivo defina quién comandará este organismo, que puede ser clave en las investigaciones de corrupción que involucran a funcionarios públicos. Encabeza la terna Eugenio Sarrabayrouse, un camarista de Tierra del Fuego, le sigue el abogado y ex fiscal antievasión Maximiliano Rusconi y el tercero es Sergio Rodríguez, que es funcionario de la Anses. Ahora se abrirá un período que permite que las organizaciones de la sociedad civil presenten impugnaciones, y luego el elegido tendrá que recibir acuerdo del Senado.

El concurso para dirigir la FIA viene sufriendo postergaciones desde 2009, cuando el ahora diputado radical Manuel Garrido se fue dando un portazo a raíz de una pelea con el ex procurador general Esteban Righi. Por entonces, el ex jefe de los fiscales firmó una resolución según la cual el titular de la FIA sólo podría llevar las riendas en aquellas investigaciones donde el fiscal de instrucción asignado desistiera de hacerlo. Garrido denunció un recorte de facultades y dejó el cargo. La disposición de Righi que prioriza al “fiscal competente” está vigente, pero Gils Carbó planea una redefinición de esta fiscalía que se acomodará a la nueva organización del Ministerio Público donde hay unidades y procuradurías con competencias específicas.

Desde que se fue Garrido la FIA está interinamente a cargo de Guillermo Noailles, quien tiene cargo de fiscal general y era una persona de confianza de Righi. Noailles concursó para quedarse con el cargo, pero no quedó ternado. También se habían presentado el fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano; el juez Marcelo Martínez de Giorgi, el juez de tribunal oral Oscar Hergott y la fiscal Sabrina Namer, entre otros 25 aspirantes.

Ahora todas las apuestas le apuntan a Sarrabayrouse, un hombre de perfil académico, quien estudió en Alemania con el jurista Claus Roxin y es juez en un tribunal criminal de juicio de Tierra del Fuego. Con una calificación de 172.25 en el concurso quedó un punto por encima del segundo en la lista, Rusconi, ex fiscal de política criminal y ex titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco). Rusconi dejó ese cargo en 2001, con quejas de que no tenía apoyos para investigar. Al poco tiempo comenzó a ejercer la defensa del ex presidente Carlos Menem por la venta ilegal de armas. Entre otros, asistió al ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, al millonario serbio Dragoslav Ilic, en la causa de narcotráfico conocida como Viñas Blancas, y es abogado hace tiempo de la familia Ciccone. En la Universidad de Buenos Aires es subdirector del Departamento de Derecho Penal. Más lejos, con 139.50, se ubica Rodríguez, director de Asuntos Penales y Jurídicos de la Anses.

El concurso fue convocado en 2011, pero, en rigor, hubo uno previo que fue declarado desierto porque nadie había alcanzado el puntaje mínimo requerido. En la segunda convocatoria intervino como “jurista invitado” el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien hizo la evaluación inicial de los exámenes y antecedentes, luego revisada y aprobada por un tribunal de cuatro fiscales generales y el titular de la Procuración, cuando estaba a cargo de Righi. Cuando Gils Carbó asumió como procuradora, el concurso ya estaba avanzado y con un orden de mérito definido.

La FIA es un organismo que cuenta con una estructura amplia, otros tres cargos importantes en concurso, y un potencial de acción grande en relación con los delitos de corrupción de funcionarios públicos (a menudo en sociedad con empresas privadas). Habrá que ver cuánto quiere levantarle el perfil Gils Carbó y qué margen de denuncia e investigación decide otorgarle. Por lo pronto, la terna irá al Poder Ejecutivo. Los candidatos tendrán que presentar sus declaraciones juradas, se difundirán sus antecedentes y se abrirá un período de impugnaciones. Luego, el nombre que elija Cristina Kirchner tendrá que ser aprobado por el Senado.