La noticia de la muerte del dictador Jorge Rafael Videla se conoció en la mañana del viernes. Hubo tiempo para enviar notas necrológicas a su house organ, el diario La Nación. Ayer se publicaron apenas 18, para quien fuera usurpador y presidente de facto, contertulio de los poderes fácticos, de grandes empresarios y la jerarquía católica.

Algunas necrológicas son personales, nada cabe hablar sobre ellas. Otras le restituyen el grado de general, del que las leyes lo privaron. Hay quien vuelve al útero y prodiga los tópicos del pasado oprobioso: “guerra interna revolucionaria contra el terrorismo subversivo apátrida”, por caso. También se anotan quejas contra su injusto cautiverio. La cantidad es irrisoria y se consigna en una edición que habla de “dictadura”, aunque ahorra firma de cualquiera de sus editorialistas.

Pocas voces lo reivindican. Lo cierto es que fue condenado por crímenes de lesa humanidad, ante tribunales comunes. Las instituciones funcionaron, tras una saga de avances, retrocesos, defecciones y ejemplos republicanos prodigados por los organismos de derechos humanos. La Corte Suprema, sobre la que tanto se debate ahora, ha sido bien coherente en ese aspecto.

La Argentina es pionera pero no está sola. La sanción al terrorismo de estado cunde, con los sobresaltos que imponen los vaivenes históricos, en los países de nuestra región. El dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt es el más reciente convicto, habrá otros.

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Contrastes: En la misma semana, se cerraron varias convenciones colectivas, con aumentos promedio del 24 por ciento anual. Hablamos de una institución democrática, que regula las tensas relaciones entre patronales y gremios. Su continuidad durante los tres períodos del kirchnerismo, siempre con incrementos, es una novedad en la intermitente historia nacional. Los nostálgicos de las Moncloas y de las políticas de estado deberían reparar más en esa sana regularidad.

El cronista no incurre en la apología de los juicios ni de los acuerdos entre capital y trabajo. Los procesos son morosos y llegan tras años de bloqueo e impunidad. En cuanto a la situación de la clase trabajadora, es mejor que hace diez años o doce o veinte pero dista de ser idílica. Sólo para empezar vale consignar que los laburantes sindicalizados, con obra social, vacaciones y aguinaldo son menos de los dos tercios de la clase. Los informales y los desocupados son, pues, una masa con derechos muy limitados. La deficiencia de servicios públicos básicos agrega su cuota. Tamaños problemas se discurren en democracia, interpelan a los gobiernos de todo el planeta, también al argentino. Nada es maravilloso, no vivimos en Arcadia. Pero sí en una sociedad democrática, en la que se suceden rutinas valorables y esenciales. Incluso con indicadores y experiencias únicas como las dos que acabamos de sobrevolar.

Sin embargo, cuando se escucha el debate mediático cotidiano da la impresión de que vivimos en el peor momento de Kosovo o en la URSS stalinista. Dos periodistas se plantan frente a las cámaras y dudan sobre su continuidad en la pantalla. Mañana, lunes, se corroborará si se les ha arrancado el micrófono. En el sano deseo de que sus profecías sean disparates, es válido plantear que su desmesura pinta un mundo irreal, exacerbado. Y que su, válido y lógico, afán de que este Gobierno sea relevado por otro en 2015 no les da razón ni convalida sus lecturas binarias.

Muerto que fue el primer presidente de una dictadura abyecta, hay quien compara esta etapa con aquella. La libertad de expresión es sagrada, lástima que se use para bardear tanto, para subestimar lo que es el genocidio. Y, aun, para equiparar algún exabrupto de cualquier dirigente kirchnerista (al que replican sin ambages sus adversarios) con la mesa de torturas o la desaparición de personas.

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Límites: El periodista Jorge Lanata dio un ejemplo extremo del desborde cotidiano cuando difamó por radio a Susana Trimarco, ante las carcajadas gozosas de sus compañeros. La acusó de corrupta, en represalia por críticas que Trimarco había volcado contra él en la Universidad de La Matanza (ver asimismo nota aparte).

Trimarco es una de tantas víctimas transformadas en luchadoras sociales. Su modalidad de militancia incluyó actos de arrojo personal incomparable. Hasta que osó criticar a la estrella del Grupo Clarín, era reconocida por amplísimos sectores de la sociedad civil, anche opositores acérrimos. La falta de respeto y la injuria fueron consecuencia de su presencia en una actividad promovida por el oficialismo, sus elogios hacia los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y el reproche severo a Lanata.

Poco antes de esto, el año pasado, Trimarco fue propuesta como candidata a Premio Nobel de la Paz por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). La FACA, el lector atento lo sabe, no es una agrupación de “Unidos y Organizados” sino un agrupamiento muy antagónico con el Gobierno. Años antes, la entonces diputada radical Silvana Giudici había hecho una moción similar.

Las evocaciones no equivalen a convalidar la propuesta aunque sí a subrayar que la trayectoria de Trimarco merece enaltecerse y jamás ser despreciada y menoscabada por una querella personal.

Por si hace falta, se enfatiza: cada cual puede defender su posición, lo que se controvierte es la tendencia a equiparar al kirchnerismo con el Mal Absoluto y a cualquiera que lo acompañe en su camino como un ser execrable. El argumento es remanido: todo aquel que se suma de algún modo al oficialismo es un corrupto o un ignorante o una mezcla de las dos cosas. El debate político, así planteado, se degrada. No hay margen para “conceder” al adversario el error, la diferencia de criterios, la ideología diferente.

El odio ciega, simplifica los tantos, bastardea la convivencia. Que episodios tales ocurran mientras se denuncia la falta de libertad de prensa podría parecer un mal chiste, si no se dijera con tono solemne y apodíctico.

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Repudio: En un carril similar, deben repudiarse las pintadas anónimas contra el periodista de Clarín, Julio Blanck. La dureza de la polémica da margen suficiente para los cuestionamientos, que deben hacerse dando la cara y respetando códigos básicos de convivencia. El repudio, cree (y elige) este cronista, debe eludir toda consideración lateral o digresiva que conlleva el riesgo de licuar lo que corresponde: centrarse en lo que se quiere deplorar. Y, ojalá, poner coto.

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Un despido en puerta: El politólogo sueco que hace su tesis de postgrado sobre Argentina recibe un preocupante e mail de su padrino de tesis, el decano de Sociales de Estocolmo. “Analizo la posibilidad de darle un shot, profesor. Leo con atención las noticias que me envía y sigo los medios de ese país en guerra. He llegado a una doble conclusión. Primero, que usted me macanea de lo lindo, calculo que ha sido kooptado por el Gobierno. Y, además, que no es la Política la rama de las ciencias humanas útil para conocer esas pampas. Es el Derecho Constitucional, que tiene centenares de cultores y que es comidilla cotidiana por ahí. Ando buscando un abogado experto que hable la castilla, se ponga el casco y el chaleco antibalas y parta hacía allá. Así que vaya pensando en otro curro.” El Decano ha aprendido giros locales que buscan trasuntar su buena información tanto como su mal humor. El politólogo está de gira por la Panamericana con su más que amiga, la pelirroja progre que se hizo cristinista. Sus afanes son convencionales: una buena parrilla y un final de convivencia democrática, por así decir. Pero quiere defender su laburo, así que responde veloz: “no crea que todo transcurre en los tribunales, profesor. Es un simplismo de mal gusto. Le guste a quien le guste, en pocos lugares del globo hay tanta política como en este Sur”. Y le comenta aspectos que, con menos tecnicismo, se repasan en esta columna. Da “enter”, vuelve a la sociedad civil, donde las gentes viven, aman, laburan y, tal vez, consumen la guerra mediática como un espectáculo más.

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A judicializar, a judicializar: El control de los otros estamentos del Estado es una de las funciones del Poder Judicial. El cronista, contra el discurso hegemónico, no cree que sea la principal. Es el servicio cotidiano a los ciudadanos del común, subestimado y hasta dejado de lado. Por cierto, hay zonas grises o complejas, como la violencia institucional. Pero lo esencial y pendiente es la atención a las gentes de a pie, que acaso van una sóla vez en su vida (o ninguna) a tribunales pero lo hacen ante contingencias relevantes para sus vidas comunes. De cualquier manera, cualquier ciudadano u organización deben tener garantizado el derecho de deducir inconstitucionalidades. El problema de la etapa es que la judicialización se transforma en una herramienta cotidiana de “la política”. La inconstitucionalidad, interpreta este escriba con apoyo de mucha doctrina y jurisprudencia, es de interpretación estricta, una “razón última” que debe usarse con cautela. La “inconstitucionalidad fácil” cunde, sin embargo, y resta espacio a la discrepancia. Hay un margen muy amplio para oponerse a las políticas públicas, confinar su cuestionamiento siempre en la ilegalidad es una praxis poco feliz. La oposición ama ese rebusque al que el kirchnerismo tampoco le hace asco en la ciudad autónoma que gobierna Mauricio Macri.

En promedio, se acota el espacio de la disidencia aunque se propale lo contrario. Mal de la época, registra quien mira a otras comarcas, que no debería servir de consuelo.

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¿A quién beneficia? ¿A quién conviene la confrontación extrema, siempre radical en los modos? Si uno cree en la inteligencia táctica de los medios dominantes, concluye que es a la oposición. El Gobierno depende del veredicto de las urnas que se pronuncia sobre el bienestar cotidiano de los votantes. El malestar y la indignación, que son menú diario de cualquier lector, oyente o televidente (o sea, de todos los argentinos) predispone mal, encoleriza, agria la existencia. El oficialismo, cuya misión es mejorar la ecuación económica social de todos o, así más no fuera, de una sólida mayoría social, precisa otro “ecosistema”. Su fuerza y su potencial decaimiento dependen de realizaciones en materia de empleo, reparto de la riqueza, indicadores sociales y ampliación de derechos.

De cualquier modo, hay algo de irresponsabilidad potencial en los dirigentes políticos opositores que compran sin beneficio de inventario la invectiva cotidiana de los medios. Las elecciones presidenciales no están tan distantes, la posibilidad de relevar al oficialismo en buena ley depende en parte de sus propios desempeños. Los que aspiran, sinceramente, a primar en ese escenario deben pensar también el modelo de convivencia que aspiran a construir y hacerse cargo de que el mensaje excluyente puede socavar la tierra en que deberán arar.

Los partidarios del oficialismo que escalan en el combate también deberían hacer introspección al respecto. Si las dos partes utilizan la misma táctica es que una (al menos) se está equivocando.

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Sin el tirano, en democracia: La muerte del tirano podría ser un buen incentivo para repensar cuánto cambió la sociedad que engendró la dictadura. La combinación de aniversarios (cuarenta desde la asunción del fracasado gobierno peronista del ’73, treinta desde la recuperación de la democracia, diez del Gobierno más convalidado de nuestra historia) es otro aliciente.

Si se piensa con más calma que la imperante, puede observarse cuánto se ha avanzado y cuánta injusticia e inequidad siguen pendientes de reparación. La democracia, como sistema político y de vida, cambió cualitativamente este país azotado por la tragedia.

Hacerse cargo (en toda la acepción del término) de los progresos y necesidades es un paso insuficiente para acometer todo lo que falta. Pero, ojo al piojo, es también indispensable.

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