Uno de los grandes temas de esta época, los megahonorarios de los superdirectores en las maxicompañías, será una de las claves del temario en la asamblea de accionistas de YPF este mismo jueves. Según pudo establecer Página/12 por una consulta a un directivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el 30 la asamblea se propone analizar a fondo y en detalle qué honorarios pagó Antoni Brufau en 2011. La presunción es que el directorio cobró más del 200 por ciento de la cifra autorizada por la asamblea de accionistas.

Brufau ya tuvo que dar explicaciones en España por sus honorarios al frente de Repsol, la antigua propietaria de YPF hasta que el Estado argentino resolvió recontrolar el paquete accionario de la petrolera. Al comentar sus ingresos de 7,6 millones por el 2011, dijo alegre el año pasado que “las arcas públicas tienen que estar más que contentas”. Se refería, claro, a las arcas españolas, las mismas que desesperan al presidente del gobierno Mariano Rajoy, al punto de que su correligionario del Partido Popular, José María Aznar, comenzó a cuestionarlo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, había criticado a Brufau por sus honorarios en un momento en que la Moncloa pedía a los directivos que fuesen más cuidadosos. En 2011 los ejecutivos de Repsol se habían subido las retribuciones en un 5 cuando sus beneficios habían caído un 34 por ciento. Ni el ex presidente del gobierno Aznar ni el ministro De Guindos pertenecen a los indignados ni militan en Comisiones Obreras.

Repsol celebrará una asamblea de accionistas casi en simultáneo con la de YPF.

Si en España es razonable esperar una gran discusión, en la Argentina hay aún un hecho más cierto: tras la intervención inicial del Estado, YPF ordenó una investigación interna sobre los honorarios. Una inquietud fue el cuánto. Otra, el cómo. “Este jueves tendremos respuestas serias para las dos preguntas”, aseguró un directivo consultado por Página/12. Y siguió: “El monto de honorarios abonado en exceso por Brufau superaría, sólo en el año 2011, los 44 millones de pesos, lo que significa el 280 por ciento más de lo aprobado”. En cuanto a la forma, según el actual directorio Brufau no debió haber aumentado del modo en que lo hizo porque se habría extralimitado en funciones determinadas por la asamblea de accionistas.

Consultado por este diario, el directivo declinó hablar sobre años anteriores. Parece razonable imaginar, sin embargo, que si Brufau asignó honorarios en exceso en un año, podría haberlo hecho en otros ejercicios.

Los accionistas pidieron la investigación en la asamblea ordinaria del 17 de julio de 2012. El 30 de abril la última asamblea pasó a cuarto intermedio hasta este jueves.

Si los accionistas encontraran infracciones, vicios o presuntas maniobras ilegales, podrían quedar en condiciones de demandar a Brufau por los daños que habría generado a la firma.

La semana pasada Brufau propuso eliminar la generosa política de indemnizaciones vigente actualmente, que en la jerga empresarial española se llama blindaje. Sólo sugirió una aclaración: que funcionase de ahora en adelante. Es decir, que no rija para el propio Brufau.

Los socios españoles de Repsol están sensibles con este tema. En la junta de accionistas de 2012 fue el punto que más coincidencias despertó. Es que si Brufau fuese despedido sin causa en Repsol cobraría hoy 30 millones de euros.

Desde la crisis desatada por la caída de Lehman Brothers en 2007, el sueldo de los directivos pasó a ser parte de dos tipos de discusión. Por un lado, ética, dado el fracaso de las compañías gobernadas por los directivos hiperpagos. Ello incluso teniendo en cuenta la relación que el clásico Max Weber trazó entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Por otro lado, el debate se inscribió en la discusión más amplia sobre la creciente desigualdad social. El Premio Nobel Joseph Stiglitz popularizó su punto de vista con una síntesis: se trata, dijo, de la pelea del 1 por ciento más rico contra el otro 99 por ciento. Los directivos como Brufau están dentro del 1 por ciento y no del 99.

El artículo 14 del estatuto societario de YPF, sobre remuneración, dice que las funciones de los miembros no ejecutivos del directorio “serán remuneradas según lo resuelva anualmente la asamblea ordinaria en forma global y se repartirá entre ellos en forma igualitaria, y entre sus suplentes en proporción al tiempo que reemplazaron a esos titulares”. Agrega que “la asamblea autorizará los montos que podrán pagarse a cuenta de dichos honorarios durante el ejercicio en curso, sujeto a ratificación por la asamblea que considerara dicho ejercicio”. Los directores “que cumplan funciones ejecutivas, técnico-administrativas o comisiones especiales recibirán una remuneración por dichas funciones o comisiones de nivel acorde con el vigente en el mercado, que será fijada por el directorio, con la abstención de los nombrados”. Las remuneraciones, “juntamente con las de la totalidad del directorio, estarán sujetas a ratificación por la asamblea según el régimen del artículo 261 de la Ley 19.550”.

El artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales dice textualmente: “El estatuto podrá establecer la remuneración del directorio y del consejo de vigilancia; en su defecto, la fijará la asamblea o el consejo de vigilancia en su caso. El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del directorio y del consejo de vigilancia en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrán exceder del veinticinco por ciento (25 por ciento) de las ganancias”.

El caso Brufau será analizado, como mínimo en la Argentina y tal vez en España, al mismo tiempo que arrecian las versiones sobre las chances de un acuerdo entre la Argentina y Repsol luego de la expropiación de los activos españoles en YPF.

Es obvio que a la Argentina le conviene un acuerdo para despegar a la actual YPF –una sociedad anónima con capital mayoritario estatal– de cualquier litigio que haya aparecido, aparezca en la actualidad o pueda aparecer en el mercado global de finanzas e hidrocarburos.

¿Le conviene también al gobierno español? El 23 de mayo las periodistas Tracy Rucinski y Karina Grazina escribieron un despacho en Reuters según el cual “el gobierno argentino, necesitado de fondos para desarrollar el gran yacimiento no convencional de Vaca Muerta, ha mantenido conversaciones con el principal accionista de Repsol para alcanzar un acuerdo que evite una larga batalla legal”. Citaron “una fuente conocedora de las conversaciones”. El despacho de la agencia agregaba: “Repsol ha negado oficialmente cualquier negociación con Argentina, pero está abierto a hablar si considera la indemnización suficiente”. Y aportaba un análisis interesante: “El gobierno español, con la idea de proteger las inversiones de otras compañías como Telefónica en Argentina, ha dicho que escucharía opciones para acabar con la disputa sobre YPF”.

Si es verdad que Brufau no cuenta con el respaldo de Rajoy ni con el de los socios de Repsol como la Caixa de Barcelona, Telefónica y Petróleos de México, podría presentarse un cuadro en el que una casta de directivos defiende sus propios intereses. Como esa casta no opera sólo en una compañía y es representativa de intereses importantes del mundo de los negocios financieros globales, la pulseada con Brufau será más que una simple trifulca de directorio.

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