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Después de un proceso que llevó dieciocho años, el ex presidente Carlos Menem fue condenado por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 lo declaró coautor del delito de contrabando agravado y le fijó siete años de prisión efectiva. El riojano no irá a prisión todavía, porque el fallo no está firme y será apelado por sus abogados. Junto con la sentencia, los jueces pidieron que se le quitaran los fueros como senador nacional. Menem lo hizo: se convirtió así en el primer ex presidente democrático con una pena de cumplimiento efectiva.

Menem, de 82 años, se excusó de presenciar el veredicto alegando cuestiones de salud. Su abogado, Maximiliano Rusconi, presentó un certificado médico en el que dejó constancia de que el ex mandatario padece diabetes, hipertensión arterial y “angustia”, por lo que aseguró que necesita de reposo absoluto.

El fallo lo convirtió en el primer ex presidente de la democracia en recibir una pena de cumplimiento efectivo, aunque para cumplirla el Senado debería quitarle los fueros y la Corte Suprema dejar firme la sentencia. En el caso de que esto sucediera, Menem todavía podría pedir el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años.

Junto al ex mandatario también fue condenado su ministro de Defensa Oscar Camilión –que tampoco fue a la audiencia por razones médicas–. Camilión recibió una pena de cinco años y seis meses de cárcel por el mismo delito de contrabando agravado.

El TOPE Nº 3 dictó además condenas de entre 4 y 5 años de prisión a otros diez acusados y ordenó el decomiso de casi 900 mil dólares a cinco de ellos, suma que tiene que ver con las coimas que habrían cobrado para participar del contrabando de las armas.

El defensor de Menem anunció que apelará ante la Cámara de Casación el monto de la pena. “Esta segunda parte del juicio es de ciencia ficción y disparatada. El mismo tribunal que lo absolvió hoy le pone la pena contra su propia voluntad. Si hubo un contrabando fue al incumplir el destino de las armas que se le dio en los decretos presidenciales”, sostuvo Rusconi en defensa del ex mandatario.

Los jueces Luis Imas, Jorge Pisarenco y Gustavo Losada consideraron probado el “fin de lucro que guió toda la maniobra”, cometida entre 1991 y 1995, cuando se enviaron 6500 toneladas de armas y pertrechos a dos países en guerra, Croacia y Ecuador, adulterando los certificados de destino como si hubieran sido para Venezuela y Panamá.

Señalaron como agravante de la pena contra Menem el hecho de que era el presidente de la Nación, por lo que tuvo una “exclusiva posición”. Observaron por otra parte que “puso en riesgo la vida” de los soldados argentinos que estaban en los Balcanes.

El fiscal Marcelo Agüero Vera había pedido el desafuero del senador y ocho años de encarcelamiento efectivo, más su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por dieciséis años.

Menem y los demás procesados habían sido absueltos en un primer juicio oral, en septiembre de 2011, pero la Cámara Federal de Casación revocó aquel fallo y ordenó al tribunal que revisara las penas contra doce de los diecisiete acusados originales.

El TOPE 3 fijó así ayer para el coronel Diego Palleros, sindicado como el traficante que negoció la venta de las armas, la pena de cinco años de prisión y otras accesorias, que incluyeron el pago de costas.

El ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga fue condenado a cuatro años de prisión y accesoria de decomiso de 275.000 dólares, la misma suma que le será incautada a Edberto González de la Vega, condenado a cuatro años y tres meses de prisión.

El ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero Jorge Cornejo Torino, Haroldo Fusari y Carlos Núñez (ex funcionarios de Defensa) fueron condenados a cuatro años y medio, y Julio Sabra (ex funcionario de Defensa), Carlos Franqui y Teresa Irañarta de Cantero (ex directivos de la DGFM), a cuatro años.

Todas las penas son de cumplimiento efectivo –siempre una vez que el fallo está firme–. Los jueces aplicaron como atenuante para todos los condenados los 18 años de “largo trámite que ha llevado la causa hasta el dictado de la sentencia definitiva”.

El tribunal dispuso decomisar a Fusari, Núñez y Sabra 107.500 dólares a cada uno y a Sarlenga y González De la Vega 275 mil dólares (también a cada uno) que se cobraron por coimas, ya que en el juicio se determinó que Palleros les pagó ese dinero en carácter de coimas para participar del tráfico de armas y que esos sobornos fueron depositados en un banco de la ciudad de Nueva York.