La Procuración Penitenciaria de la Nación se sumó al reclamo por el derecho al voto de los condenados con sentencia firme y advirtió que negarlo “constituiría un agravamiento de sus condiciones de detención”. El organismo reivindicó “el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, desarrollando una ardua campaña activa contra la tortura en los establecimientos federales y una extensa labor en aspectos que atañen tanto a los derechos civiles y políticos, como a los sociales y culturales”. “No parece razonable cualquier exclusión genérica del derecho al sufragio, tal como sucede con las personas condenadas a pena privativa de libertad”, señaló la Procuración y se preguntó: “¿Qué se pretende de estas personas a la hora de definir una sentencia, cómo abonar una política de reinserción social y no una de castigo, abandono y marginalidad?”.