Desde Rosario

Después de la declaración que el juez Juan Carlos Curto les tomó ayer por más de cinco horas a tres gerentes de Litoral Gas, la fiscal Graciela Argüelles ratificó su inconformidad con el sistema de inspecciones de la empresa concesionaria del servicio. “Son deficientes y limitadas”, dijo. Los ejecutivos expresaron que la empresa no capacita ni examina a los gasistas, aunque sí les otorga la matrícula para intervenir en reparaciones como la que precedió a la catástrofe del martes en Salta 2141. Por ahora, nadie en la distribuidora está imputado, pero las preguntas de la fiscal aún no entraron en terreno de dirimir responsabilidades. El juez confirmó la detención del gasista Carlos García y excarceló al ayudante, Pablo Miño, quien igual seguirá vinculado a la investigación.

El gerente general de Litoral Gas, Conrado Bianchi; la gerenta del Area Técnica, Viviana Leegstra, y el gerente de Relaciones Institucionales entraron al Juzgado Correccional Nº 7 a las cuatro de la tarde, para prestar declaración informativa ante Curto y Argüelles. Salieron a las 9 de la noche –para evitar a la prensa– por el portón por donde salen los detenidos.

La fiscal les formuló unas 30 preguntas a cada uno sobre “la instalación, control de redes, plan de emergencia, tiempo de atención de las emergencias y el equipamiento que dispone para tal fin”, reveló después. Dijo que “en general sí” quedó satisfecha por las respuestas de los directivos, aunque aclaró que “algunas tendrán que completarlas con prueba documental”. La estrategia fiscal no apuntó en este primer interrogatorio al meollo de la causa ni a establecer la responsabilidad de Litoral Gas. “Esto recién comienza”, aclaró. No obstante, Bianchi y Leegstra ratificaron el punto que González ha sostenido ante la prensa desde el primer día: que la responsabilidad de la empresa termina en la línea de edificación y que de allí hacia el interior de la instalación domiciliaria el mantenimiento no les incumbe. Hasta allí no hay contradicciones con el gasista, quien dijo que la instalación que encontró en el edificio estaba deteriorada.

Sin embargo, la fiscal dijo: “Los inspectores de Litoral Gas fueron el 27 de julio y el 2 de agosto y dijeron que no había pérdida de gas. Cuando el gasista empezó a trabajar el martes, tampoco había pérdida”. Cabe inquirir entonces, si lo que dice el gasista es cierto, cómo es que esos inspectores no advirtieron la falta de mantenimiento en la instalación del inmueble.

Argüelles afirmó, luego de escuchar a los directivos, que la firma prestadora “sigue siendo un actor principal (en la causa) porque es la empresa que suministra el servicio, más allá de que sea o no responsable del mantenimiento, porque están los inspectores, que ellos llaman reclamistas, y son los que van al lugar y verifican que está todo bien. Y yo sostengo que esas inspecciones son deficientes y limitadas”.

Los gerentes aclararon que “la empresa no capacita a los gasistas y que les da la matrícula a quienes tienen una capacitación previa, que tampoco les toma examen y que no es la encargada de capacitarlos”, señaló la fiscal y concluyó: “Ese sería un punto débil”.

Ante el juez, los representantes de la concesionaria admitieron sólo que recibieron un llamado a las 9.35 del martes por la emergencia de la calle Salta y dejaron sentado que ningún empleado participó del arreglo que hizo el gasista contratado por el consorcio.

La fiscal pidió algunas medidas para seguir colectando pruebas y solicitará información al Enargas sobre detalles del contrato de concesión del servicio.

El juez Curto aclaró que “ahora no es momento de sacar conclusiones, sino de sumar pruebas. La causa está abierta, puede haber más imputados o no”. En cuanto a la libertad del ayudante, Pablo Miño, dijo que “sólo se resolvió su estado de libertad en el proceso, pero está indagado y dio una versión que debe ser confrontada. Está imputado excarcelado, mientras que García está imputado y detenido, y habrá que resolver su situación procesal”.

Mientras los ejecutivos de Litoral Gas comparecían ante el juez y la fiscal, los rescatistas en las ruinas de Salta 2141 desenterraban el cadáver de Federico Balseiro, de 30 años, novio de Soledad Medina, que también murió en la explosión (ver nota central). La búsqueda seguía ya en el tercer subsuelo de la torre y en el desarme de una losa del tanque de agua. Las personas que faltan encontrar son Oclide Eraceli Ceresole (76 años), Maximiliano Vesco (29), Santiago Laguia (25), Maximiliano Fornarese (34), Luisina Contribunale (33), Lidia D’Avolio (86) y Ana Rizzo (65).