Todos imaginan y el ministro de Economía Roberto Lavagna lo admitió en conferencia de prensa, que durante su gira europea el presidente Néstor Kirchner escuchará el reclamo de los accionistas de las empresas privatizadas de servicios públicos por aumentos de sus tarifas. Entre ellos hay tanto inversores privados como estados nacionales y algunos de ellos son al mismo tiempo accionistas principales del Fondo Monetario Internacional. Es difícil imaginar otro conflicto más decisivo para reformular el funcionamiento de la economía y su relación con la política y la sociedad. Kirchner se preparó para la discusión que le espera: antes de partir recibió en Olivos a Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, los mayores expertos del país en la materia. Basualdo dirige el Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Azpiazu su programa “Privatización y Regulación en la Economía Argentina”, iniciado en 1992, en los primeros años del desguace del Estado. Ambos forman parte del grupo de economistas que desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires elaboraron el Plan Fénix. Basualdo también integra la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales. Antes del encuentro con Kirchner, Azpiazu y Basualdo se habían reunido con el secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, y con la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ella los sorprendió con referencias a uno de sus primeros libros, que había leído, acerca del “Nuevo poder económico”. De ninguno de esos encuentros participó el ministro de Educación, Daniel Filmus, quien hace años se desvinculó de FLACSO.
El instrumento
De acuerdo con lo convenido en la reunión de Azpiazu y Basualdo con Kirchner el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, firmó el viernes un compromiso de cooperación y asistencia técnica por dos años, renovable en forma automática, con Guillermina Tiramonti, directora de la sede argentina de la FLACSO. El escueto texto dice que FLACSO asistirá a De Vido en la “evolución, regulación y control de los servicios públicos y el destino y composición de la inversión pública”. Para ello se realizarán “investigaciones, estudios, consultorías, programas y otras actividades de asistencia técnica”, mediante convenios específicos. Así pertrechado, De Vido se sentará a tomar las decisiones que Kirchner quiso que compartiera con Lavagna, quien tiene sus propios asesores. Ya sea que los dos ministros conserven la armonía, ya sea que se produzca alguna discrepancia, De Vido dispondrá así de un precioso instrumento para equilibrar la mayor experiencia nacional e internacional y el indudable peso específico del ministro de Economía.
Por primera vez en casi quince años un gobierno no dependerá para su información de las propias empresas prestadoras de los servicios o de reguladores cooptados por ellas. Por supuesto, liberales y radicales también tienen centros de estudios que conocen la problemática pero, a diferencia de los investigadores de FLACSO, sus posiciones están condicionadas por una visión ideológica en la que las superganancias de las compañías o no guardan relación alguna con el empobrecimiento generalizado, el aumento de la desocupación, el desmantelamiento de las pequeñas y medianas empresas proveedoras, la fuga de capitales y la evasión fiscal o sí lo guardan pero ¿qué pudimos, quisimos o supimos hacer nosotros para impedirlo? Tan coherente como lo fue la relación de aquellos académicos con los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa es la de éstos con el de Kir-
chner. Esto sugiere que los intentos por mejorar la calidad institucional (o parafraseando la jerga del Banco Mundial llevar a cabo las reformas de tercera generación) no excluirán el campo fundamental de la economía. Como parte del programa citado, Basualdo, Azpiazu y otros investigadores de su equipo (como Martín Schorr, Enrique Arceo, Hugo Nochteff, Karina Forcinito, Martín Abeles, Julieta Pesce, Camila Arza, Joon Hee Bang, Adolfo Vispo) han publicado tres libros, una docena de artículos y una veintena de documentos de trabajo que recorren todos los temas que estarán yacentes o subyacentes en la mesa de la negociación con las compañías privatizadas. Las constataciones de algunos de esos trabajos impresionaron a De Vido. Por la suma de privilegios concedidos por el poder político la facturación de las empresas privatizadas creció entre 1993 y 2001 casi siete veces más que el Producto Bruto. Sus márgenes de rentabilidad fueron 14 veces mayores que los de las empresas más grandes del país que no participaron en las privatizaciones y entre dos y cuatro veces mayores que las de las prestadoras de los mismos servicios en otros países, incluso los de sus casas matrices. Aun después de la devaluación casi todas esas firmas continuaron arrojando superávit operativo y su único problema deriva de sus deudas en dólares. Pero ello se debe a decisiones de las que la sociedad no es responsable, ya que esas empresas repartieron dividendos a sus accionistas e hicieron sus inversiones con endeudamiento externo. Una parte significativa de esa deuda fue para importar bienes de capital e insumos de firmas vinculadas, lo que les permitió inflar costos y eludir impuesto a las ganancias, mientras se desmantelaba la industria local de proveedores. Otra parte sustancial del endeudamiento no se invirtió en el proceso productivo sino en la especulación financiera. Las privatizadas también contribuyeron al crecimiento del desempleo en un 2,2 por ciento de la Población Económicamente Activa, mientras los incrementos tarifarios hicieron que el pago de servicios pasara a insumir casi el 15 por ciento del presupuesto de los hogares más pobres, que postergaron otros consumos esenciales.
Nuevo marco
Esta experiencia de FLACSO se volcará en la formulación de una nueva ley marco para el conjunto de los servicios públicos privatizados y de esquemas regulatorios específicos para todos los servicios públicos que permanezcan en manos privadas. También en la revisión del grado de cumplimiento de las misiones y funciones de los entes reguladores y los órganos de control, y la elaboración de una ley que establezca los criterios generales y modalidades de funcionamiento de los entes. Además se redactará una ley específica para cada una de las agencias de regulación y se estudiará la posibilidad de articular aquellas vinculadas con actividades afines, complementarias y/o integradas vertical u horizontalmente (como el mercado energético).
Como anticiparon De Vido y Lavagna al anunciar que el plazo para la renegociación de los contratos se extenderá hasta diciembre de 2004, también se mantendrán las cinco condiciones establecidas en la ley de emergencia que vence a fines de este año para la renegociación con las 61 prestatarias: se considerará el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas y, recién en último lugar, la rentabilidad de las empresas. Los investigadores de FLACSO detectarán los compromisos contractuales incumplidos en materia de inversiones y/o de metas de expansión de los servicios que el gobierno pueda exigir en forma perentoria, revisarán los incumplimientos de las empresas que puedan dar lugar a la rescisión de los contratos y analizarán todas las renegociaciones habidas desde que se firmaron los contratos originales, en busca de determinar y revertir todas las ilegalidades acumuladas. Esto comprendería incluso sanciones a las empresas y resarcimiento a los usuarios y consumidores.
Para las compañías la cuestión se reduce al incremento de las tarifas o la obtención de otro tipo de beneficios (como los subsidios que comenzó a concederles la administración del Senador Eduardo Duhalde). El Estado, en cambio, explorará nuevos criterios de tarifación, ya que los monstruosos niveles de pobreza e indigencia tornan los servicios desmesurados o impagables para los sectores de menores ingresos y en muchos casos imposible el acceso a ellos. Ello implicaría replantear la prohibición de subsidios cruzados que fue una de las reglas maestras de las privatizaciones del menemismo. Otra de las leyes en cuya elaboración trabajarán los investigadores de FLACSO incorporará la tarifa de interés social y la universalización de acceso a los servicios públicos, con el propósito de asegurar la prestación de aquellos servicios de carácter esencial para la salud y la calidad de vida de la población. Otros objetivos del trabajo que Kirchner y De Vido esperan de ellos es asegurar el pleno cumplimiento de las leyes de “compre argentino” y de “contrate nacional”, la recuperación de instrumentos de política económica en general e industrial en particular; el desarrollo por parte de las empresas privatizadas de proveedores locales y la incorporación del desarrollo científico y tecnológico. También procurarán que el endeudamiento de las empresas adjudicatarias se ajuste a determinados coeficientes en relación al aporte de capital propio y a su patrimonio neto. La vastedad del trabajo incluye el control sobre las compras de las empresas a firmas del mismo grupo económico que por vía de la sobre o la subfacturación les permite transferir beneficios al exterior y evadir impuestos en el país, el seguimiento de las fusiones y adquisiciones que involucren a las empresas privatizadas y sus prácticas anticompetitivas y nuevas regulaciones referidas a la propiedad de los paquetes accionarios que, hasta ahora, han cambiado de mano sin restricción alguna.
El toro por las astas
Otro de los temas centrales que marcarán el éxito o el fracaso del gobierno que hoy cumple apenas seis semanas es la seguridad. Según Kirchner una clave para resolverlo pasa por la política. Así lo sugirió en la ceremonia de homenaje a los policías caídos al incluir entre las causas de la inseguridad a “las dirigencias políticas que no han estado a la altura de las circunstancias”. Más específico fue el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, al proclamar en La Plata que venía a pedirle al gobernador Felipe Solá “que tome el toro por las astas”. Antes, Kir-
chner le había dicho en privado que si se decidía a actuar el gobierno nacional lo apoyaría y le había pedido que designara un nuevo ministro de Seguridad, dada la ostensible desorientación del actual. Solá le contestó que entregar la cabeza de Juan Pablo Cafiero equivalía a admitir que se equivocó y ofrecer un argumento electoral al subcomisario Luis Abelardo Picapiedras y el coronel Aldo Hulk. Gente próxima al ministerio bonaerense de Seguridad divulgó que el gobernador había pensado ofrecerle la jefatura de su policía al ex jefe del Ejército, general Martín Balza. Aunque Solá no contestó dos llamados para consultarlo sobre el tema, otras fuentes seguras indican que no es cierto que ahora haya pensado en semejante despropósito. Sin embargo, hace poco más de dos meses se reunió con Balza y le preguntó si le interesaría hacerse cargo no de la policía sino del ministerio de Seguridad. Balza le pidió unos días y respondió que no se sentía capacitado. Como bien lo postulan las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, aunque en ambos casos se empleen armas de fuego se trata de especialidades por completo distintas y cada vez que se confundieron el país vivió horas trágicas.
La proximidad de las elecciones produce respuestas espasmódicas que lejos de solucionar los problemas, los agravan. Solá anunció que él es el jefe de policía, con lo cual le dejó servida una réplica irónica al subcomisario Picapiedras. Tampoco vaciló en tripular uno de los patrulleros que entregó a sus hombres, en una de las escenas más ridículas que ha producido la política bonaerense. Es posible que Solá nunca llegue a pronunciar frases tan brutales como las que usó hace cuatro años su predecesor Carlos Rückauf en su campaña, pero algunos de los decretos que firmó el viernes son tan efectistas como peligrosos. Según Solá los índices de delincuencia se van a reducir en forma drástica “cueste lo que cueste”, palabras que no afectarán los índices de criminalidad pero que acentuarán la ilegalidad vigente. Las facultades de cachear a los ciudadanos ya fueron otorgadas a la policía por Rückauf y en nada mejoraron la seguridad. La autorización a los fiscales para practicar allanamientos sin orden del juez de garantías es una enormidad jurídica que tendrá horribles consecuencias prácticas. Un muy alto número de fiscales siguen delegando la instrucción de las causas en la policía. El ministerio público, bajo la conducción de Eduardo De la Cruz, ha encubierto todo tipo de atropellos y hasta su relación con los desarmaderos podría quedar bajo investigación. El efecto de estas decisiones será un nuevo salto hacia arriba en los índices de violencia institucional, que el gobierno confunde con seguridad, y que en forma inexorable se propaga luego al resto de la sociedad, en una escalada ciega.
Menem y Duhalde
Solá identificó entre los promotores del malestar social por la inseguridad a comisarios retirados de la Mejor Maldita Policía del Mundo, a quienes atribuyó vínculos con Carlos Menem y su candidato a la gobernación, el subcomisario Picapiedras. Esta es una verdad incompleta, que se verifica en departamentales policiales como San Martín y Quilmes, pero no en Morón ni Lomas de Zamora, donde el eje es opuesto. El ex jefe Alberto Sobrado no hizo su campaña ni su fortuna bajo la protección de Menem. Si el problema de Solá se limitara al ex presidente, podría sentirse más confiado. Pero también debe estar atento a aquellos que responden al ex gobernador Eduardo Duhalde (cuyo regreso ha dado lugar a algunas escaramuzas triviales) y al sistema de intendentes del conurbano que, en combinación con la policía, financian sus actividades políticas con el producto de actividades al margen de la ley. La más rentable es el comercio de sustancias narcóticas de uso prohibido por las autoridades sanitarias. Por su control se libran en el conurbano batallas de una intensidad comparable a las que desde hace una década enfrentan a los dos integrantes de la fórmula justicialista de 1989. La alianza espuria entre intendentes y comisarios hizo fracasar en 1999 la reforma iniciada por Carlos Arslanian y forzó este año la renuncia del viceministro Marcelo Saín. Cuando el Senador Duhalde detentaba el Poder Ejecutivo, las limitaciones de Solá para atacar este foco de podredumbre eran comprensibles. Pero desde el 25 de mayo el presidente es Kirchner, quien le ha ofrecido todo su apoyo para practicar una política distinta, de cara a la sociedad. Si Solá enfila su patrullero hacia un viejo camino sin salida, al responsable del nuevo fracaso sólo podrá buscarlo en el espejo.