El Secretario de Cultura de la Nación, Torcuato Di Tella, se retractó de sus acusaciones contra el Centro Simón Wiesenthal y admitió que Ivo Rojnica era un criminal de guerra. El 21 de mayo, en una carta al diputado estadounidense Maurice Hinchey, Di Tella sostuvo que las acusaciones del Centro Wiesen-
thal contra Rojnica y Esperanza Nada Sakic eran “infundadas” y ponían “en ridículo la justa causa de la búsqueda de nazis” y criminales de guerra. El 30 de junio en una segunda carta a Hinchey, Di Tella reconoció que “dadas las posiciones que los acusados tuvieron en el sistema ustasha, deben haber cometido los actos más viles imaginables” y los llamó “malvados nazis”. En un reportaje concedido a la revista TXT, fue más allá: “El tipo debe haber cometido crímenes de guerra”, dijo.
Tanto en la carta a Hinchey como en el reportaje a TXT, Di Tella deslinda su responsabilidad en el Coordinador de la Comisión de Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en Argentina, Ignacio Klich, cuyos argumentos dice haber desarrollado “con una frase poco feliz”. Di Tella afirma que uno de los propósitos de la CEANA era encontrar y “de ser necesario extraditar criminales nazis” y añade que “en años recientes” varios de ellos lo fueron. Menciona a Eric (sic) Priebke, Dinko Sakic y Joseph Shwammberger (sic) y dice que “lo mismo hubiera sucedido con Walter Kuchmann (sic)”, que murió en la cárcel. Que el secretario de Cultura ni siquiera sepa escribir los nombres y apellidos de los nazis que menciona es apenas otro rasgo propio de su estratosférica personalidad. Pero constituye un abuso de su corresponsal, quien no es un experto en el tema, el mencionarlos como extraditados en años recientes y vincular sus casos con la CEANA. Kutschmann murió en 1985, hace 18 años; Schwammberger fue extraditado en 1990, hace 13; Erich Priebke en 1995, hace ocho. El único extraditado desde 1997, cuando se creó la CEANA, fue Dinko Sakic, a quien descubrió el periodista Jorge Camarasa y no el organismo que integra Di Tella.
También le sugiere a Hinchey que solicite el acceso a los archivos más recientes sobre los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, cosa que la propia AMIA y las organizaciones de familiares de las víctimas ya solicitaron y Kirchner concedió. Los ministros Aníbal Fernández y Rafael Bielsa han asumido un compromiso personal con el acceso a los archivos y con la búsqueda de determinados documentos. Por último, Di Tella recomienda que Hinchey presione al gobierno croata para que abra sus archivos a investigadores independientes. Bastante más sencillo sería que desde su cargo propiciara la adopción de la misma fórmula que sigue el gobierno de los Estados Unidos. Desde 1979 ha revocado la ciudadanía de 71 sospechados de crímenes de guerra y deportado a otros 57. También negó la entrada al país a 160 sospechados de nazis, sin esperar a que un tribunal los condene. Sólo el año pasado inició juicios para expulsar o revocar la ciudadanía de diez contra quienes sólo está probado que falsearon su identidad o mintieron sobre su pasado al entrar al país. Ese fue el caso de Rojnica, quien utilizó en la Argentina el nombre de Ivan Rajcinovic. En la misma edición TXT reveló que uno de los donantes de la Universidad Torcuato Di Tella es la empresa “Pulloverfin”, que Rojnica creó al llegar a la Argentina prófugo del gobierno británico, cuyo ministerio de Defensa lo reclamaba por crímenes de guerra, según documentos que el periodista Uki Goñi encontró en archivos oficiales de Londres. “Imagínese que no vamos a defender a un criminal sólo porque puso unos mangos”, minimizó Di Tella. Ni una sola personalidad de la cultura argentina se ha sentido obligada a pronunciarse acerca de este escándalo.