La Cámara de Casación tomó ayer una decisión con la que el caso por irregularidades en la investigación por el atentado contra la AMIA está en condiciones de iniciar la etapa del juicio oral y público. El tribunal rechazó el pedido del ex juez Juan José Galeano de ser absuelto por “cosa juzgada”, ya que en su momento el entonces juez Gabriel Cavallo lo sobreseyó. Cavallo argumentó luego que fue engañado. En la causa están procesados desde el ex presidente Carlos Saúl Menem, pasando ahora por el ex juez Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, los fiscales que actuaron en su momento, varios miembros de la agencia de Inteligencia que le pagaron una coima de 400.000 dólares al principal imputado, Carlos Telleldín; el ex jefe de la Brigada Antiterrorista Jorge “El Fino” Palacios, y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja. A todos se les imputa haber desviado la investigación o, en el caso de Menem y Palacios, de haber jugado a favor de los que debían ser investigados.

La causa sobre el desvío de la investigación del caso AMIA tiene dos vertientes. Por un lado, los jueces del tribunal oral que juzgaron a los policías bonaerenses que fueron imputados en su momento dijeron que la investigación del atentado “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. El punto clave de esa parte de la causa es que se le pagaron 400.000 dólares al principal imputado de ese momento, Telleldín.

La otra vertiente tuvo que ver con allanamientos a las viviendas y negocios de un sospechoso, Alberto Kanoore Edul. La medida estaba a cargo del comisario Palacios y se iba a hacer a las ocho de la mañana, pero terminó haciéndose a las 18. En el medio, hubo llamadas y visitas a la Casa Rosada y comunicaciones desde un celular de Palacios al propio Kanoore Edul. A las 18, todo el barrio sabía que se iban a hacer los allanamientos. Esta parte de la imputación fue encabezada, en su momento, por el fiscal Alberto Nisman.

Galeano fue acusado por el ex comisario Juan José Ribelli y por los familiares de Memoria Activa por el desvío de la investigación que, según sugirieron en el tribunal oral, con el pago de los 400.000 dólares buscaba implicar a los policías de Eduardo Duhalde. Hubo dos pruebas de peso referidas a aquel pago: un video en el que Galeano negociaba con Telleldín y un segundo video en que el juez le sugería a Telleldín qué fotos de policías debía marcar cuando declarara. Tras la denuncia contra Galeano, intervino el entonces juez Gabriel Cavallo, quien lo sobreseyó. Cuando en el juicio declararon los agentes de la SIDE –por decreto del presidente Néstor Kirchner– quedó probada la maniobra. Galeano alegaba que ya estaba beneficiado por cosa juzgada, pero los familiares agrupados en Memoria Activa –representados por Rodrigo Borda–, el Ministerio de Justicia de la Nación –cuyo abogado fue Luciano Hazan– y la defensa de Ribelli, a cargo de José Ubeira, señalaron que se trató de una “cosa juzgada írrita”, que significa groseramente injusta. El juez Ariel Lijo les dio la razón, lo mismo ocurrió con la Cámara Federal y ahora Casación también rechazó un recurso de Galeano para que no sea juzgado.

Los jueces Angela Ledesma, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani coincidieron en no frenar el proceso para el juicio oral, pero Gemignani fue especialmente duro con lo hecho por Cavallo cuando sobreseyó inicialmente a Galeano: el camarista habla de fraude, de que no investigó nada, que desestimó los pedidos que le hizo el fiscal Carlos Stornelli, que sobreseyó rápido. Es más, los tres jueces ordenaron que se saque testimonio para investigar la actuación de Cavallo y, en un plano menor, la intervención del juez Daniel Rafecas.

La consecuencia del fallo de ayer es que el camino quedó libre para avanzar hacia el juicio oral. Ya está sorteado para ello el Tribunal Oral Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Pablo Bertuzzi y Néstor Costabel. Incluso se propusieron testigos: los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, también imputados, hasta pusieron en su lista de testigos al papa Francisco, porque en aquel entonces les hizo llegar una carta felicitándolos.

Todavía queda por continuar la pesquisa sobre el ex ministro del Interior Carlos Corach. La Cámara Federal le ordenó al juez Lijo que lo investigue porque también podría ser responsable del desvío de la causa. El ex secretario de Galeano Claudio Lifschitz contó que después de una visita del magistrado a la Casa Rosada, la causa dio un viraje profundo hacia los policías bonaerenses. La hipótesis es que Galeano recibió las instrucciones de Corach, pero Lijo no lo pudo probar hasta ahora. La realidad es que Telleldín estaba muy relacionado con los policías bonaerenses que le permitían, a cambio de un pago, seguir armando camionetas con partes robadas. Una de esas camionetas es la que estalló en la AMIA. El problema es que a partir de la visita a la Casa Rosada se desecharon las pruebas que favorecían a los policías y se incluyeron testimonios más que dudosos para inculparlos.

Respecto del pago a Telleldín, intervinieron numerosos integrantes de la SIDE, todos los cuales deben afrontar el juicio oral. También están imputados Telleldín y su esposa, Ana Boragni. De igual manera tendrán que sentarse en el banquillo varios funcionarios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el actual presidente de la Cámara de Casación, Federico Domínguez, y el entonces comisario Luis Vicat, además de todos los secretarios letrados del juzgado de Galeano.

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