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En un paso que inaugura el procedimiento de selección pública de los nuevos jueces de la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia publicó en su sitio de Internet los antecedentes de Eugenio Zaffaroni, el candidato del Gobierno a ocupar la vacante de Julio Nazareno, y habilitó en la misma página web una sección donde irá dando a conocer las objeciones que se presenten contra el postulante. El mecanismo dispone un plazo de 15 días desde la última publicación en el boletín oficial para que ciudadanos particulares, organizaciones con interés en el tema e instituciones académicas opinen sobre el nominado. La AFIP deberá informar sobre la conducta fiscal del jurista para que el pliego pase finalmente a la Cámara de Senadores.
El currículum de Zaffaroni fue publicado de manera simultánea en una solicitada en los diarios nacionales (ver página 5), aunque en una versión resumida con respecto a la de Internet, ya que impresa en su totalidad hubiera ocupado más de 20 páginas.
Al sitio se accede en la dirección www.jus.gov.ar, clickeando sobre la opción “Propuesta de candidato”. Porteño, de 63 años, Zaffaroni es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, abogado y escribano de la Universidad de Buenos Aires. Recibió tres doctorados “honoris causa” en el exterior, fue juez durante 20 años y participó como convencional en la reforma de la Constitución Nacional del ‘94. Es autor de 23 libros y ha escrito 205 artículos en revistas jurídicas especializadas.
Sus antecedentes completos permiten asomarse a algunas curiosidades poco conocidas de su biografía, que lo muestran, por ejemplo, trabajando como inspector de hospitales porteños a los 18 años. En México a los 25, haciendo un curso de Psiquiatría en el antiguo Manicomio de la Castañeda; juez poco antes de cumplir la treintena, en la provincia de San Luis; profesor universitario de la UBA cesanteado por la dictadura militar en el ‘76.
En la página web, el currículum fue acompañado de la información sobre cómo deben presentarse las observaciones a su postulación: por escrito, de modo fundado y documentado, ante el Ministerio de Justicia de la Nación hasta el próximo 6 de agosto. Están habilitados para hacerlo ciudadanos particulares, asociaciones de profesionales, ONG, universidades y organismos de derechos humanos.
El candidato deberá presentar, por su parte, una declaración jurada de bienes, detallar las asociaciones civiles o sociedades comerciales que haya integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que perteneció y la nómina de clientes o contratistas a los cuales dio atención.
El mecanismo de preselección también establece la posibilidad de que en esta etapa del proceso, el Gobierno pida de manera expresa opiniones a entidades especializadas. A partir del 6 agosto tendrá otro período de 15 días para definir si eleva el pliego al Senado, para que los legisladores inicien su debate.
El pliego podría ingresar en la última semana de agosto a Senadores, donde necesitará de los dos tercios de los votos para su aprobación. La intención es que los debates de la Cámara alta también se desarrollen en audiencias públicas, para garantizar la transparencia del nombramiento.