El juez federal Ricardo Bustos Fierro deberá resolver sobre el procesamiento de la plana mayor de la sección de Lucha contra el Narcotráfico de la policía de Córdoba. El caso surge a raíz de la droga encontrada en sus dependencias y la declaración de un arrepentido que vinculó al jefe, Rafael Sosa, y a buena parte de los oficiales, con los narcos y con la utilización de droga para venderla y también armar procedimientos truchos. El fiscal Enrique Senestrari fue protagonista de la investigación, pero hubo que convocar a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Salta y Mendoza para evitar que los narcopolicías los reconocieran. Toda la pesquisa se inició con un secuestro inaudito, de uno de los dueños de los boliches Palmira y La Previa, en el que intervino Sosa para negociar la liberación del rehén, pero que no reportó a la división que correspondía: Antisecuestros. La investigación derivó en un allanamiento del edificio en el que funciona la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de Córdoba. Página/12 publica en exclusiva dos fotos de aquel allanamiento donde se ven las bochas y paquetes de cocaína y marihuana en un tarro y en una caja.

El fiscal Senestrari convocó a la PSA para la investigación de un secuestro más que extraño. El viernes 16 de agosto, a las 21, varios hombres de uniforme policial secuestraron a Eugenio Bionda, socio de los dos centros de la noche cordobesa. El hombre apareció a la una de la mañana del sábado, maniatado de pies y manos, dentro de un automóvil en pleno centro. Cerca del vehículo se encontró una bolsa con chalecos antibala y una gorra policial.

En la causa judicial hay quien declara que el rescate exigido era de cien mil pesos o su equivalente en merca, pero la realidad es que se armó un llamativo pacto de silencio, que se verificó en el expediente con notorias contradicciones entre los protagonistas. Bionda tenía antecedentes penales, relacionados con grandes robos de soja, y su socio, José Antonio Lo Cascio, es quien negoció el supuesto rescate. Nunca quedó claro quiénes fueron los secuestradores ni si se hizo un pago por la liberación. Lo que redondea el cuadro de sospecha es que Sosa intervino en el caso y no informó a quienes tenía que informar: la Unidad Antisecuestros.

El fiscal Senestrari sostuvo que lo ocurrido con Bionda tuvo que ver con una cuestión narco: “En Palmira se comercializaba una parte de la droga que se secuestraba en operativos de Drogas Peligrosas”. En ese punto es donde las cosas se enganchan con el testimonio del arrepentido Juan Viarnes, “El Francés”, quien resultó detenido por haber pagado autos con dólares truchos. Viarnes afirmó ante la Justicia –y en el programa ADN– que esos billetes habían sido secuestrados en un operativo de Drogas Peligrosas en casa de un narco de Carlos Paz y se ve que se los entregaron a él para efectivizarlos y, por supuesto, hacer una ganancia a compartir con los uniformados. El diagnóstico es que al Francés le soltaron la mano y terminó denunciando a los jefes de Drogas Peligrosas con los que mantenía su oscura relación. Viarnes estuvo preso numerosas veces, en Corrientes, en La Plata y otros lugares, siempre envuelto en casos más que turbios.

Todo el escándalo provocó la caída del equipo de seguridad del gobernador José Manuel de la Sota. El ministro y ex policía Alejo Paredes, el jefe de la fuerza cordobesa Ramón Frías y el propio Sosa integraban una línea de buenas relaciones con ex represores del Proceso y también tenían fluido contacto con la DEA norteamericana. Pero antes de las renuncias, en la misma noche en que El Francés salió al aire en el canal de la Universidad de Córdoba, se hizo el allanamiento en el edificio de Drogas Peligrosas y se ordenó la detención de Sosa y otros cuatro policías de esa Dirección.

Tres días más tarde apareció el cuerpo de Juan Alos, uno de los que Viarnes sindicó como parte de la banda de Sosa. Una parte de la familia dice que Alos iba a hacer una denuncia, pero el fiscal provincial Emilio Drazile da por probado el suicidio. El fiscal Senestrari, en cambio, le está pidiendo la causa porque considera que hay que profundizar la investigación: la ropa de Alós apareció en casa de otro policía y hay escuchas telefónicas que le hacen dudar si no hubo una presión para que se quitara la vida. La esposa del policía pidió la exhumación del cuerpo, algo que fue rechazado hasta el momento.

Todo este cuadro de situación, empezando por un secuestro muy sospechoso, llevaron a Senestrari a pedir la asistencia de la PSA en la pesquisa. La fuerza llevó adelante los allanamientos y detenciones, incluyendo la del edificio de Drogas Peligrosas. El gobierno cordobés salió a la cancha –como lo hizo en su momento el santafesino– argumentando que se trataba de un armado, casi una maniobra urdida por el gobierno nacional. Sin embargo, después las renuncias se produjeron y la administración delasotista no tuvo más remedio que cambiar la totalidad del equipo de Seguridad. El punto clave tiende a ser el mismo: se les cede una especie de autogobierno a los policías –el ministro Paredes era policía retirado–, en lugar de mantener un control político estricto.

[email protected]