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La decisión en el Gobierno ya está tomada. Luego de los cortes de luz que se registraron en las últimas semanas y que todavía continúan en algunos barrios, Cristina Fernández de Kirchner ordenó avanzar sobre las distribuidoras eléctricas para que los apagones y la situación de desamparo que vivieron los usuarios no se vuelva a repetir. El ministro de Planificación, Julio De Vido, dio ayer varias pistas sobre las alternativas que se manejan para tomar el control de Edesur y Edenor. La rescisión de los contratos es una posibilidad, pero no la única. También figura en carpeta intentar capitalizar la deuda que las firmas tienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), una sociedad mixta comandada por el Estado.

Al detallar el crecimiento que registró la demanda de energía en los últimos diez años, De Vido dijo ayer que los hogares residenciales consumen un 143 por ciento más de electricidad que en 2003 y que en el mismo período el consumo de gas natural creció 40 por ciento y el de naftas un 140 por ciento. En ese momento, destacó que desde que el Estado tomó el control de YPF ya no hay escasez de naftas e hizo una revelación sorprendente: “Luego de haber recuperado nuestra empresa de bandera nunca más hubo falta de combustible en nuestras estaciones de servicio. Esto habla a las claras y marca el camino que vamos a seguir en el tema del abastecimiento eléctrico”, sostuvo.

A continuación mencionó, no casualmente, la deuda que las distribuidoras tienen con Cammesa. Recordó que la cordobesa EPEC debe 1245 millones de pesos, Edenor 1010 millones, Edelap 442 millones, la mendocina Edemsa 425 millones y Edesur otros 338 millones de pesos. “Vamos a intimar para el pago inmediato de las deudas, por lo menos de las dos distribuidoras del área metropolitana, y vamos a hablar seriamente con las provincias para que todas las distribuidoras se pongan al día porque es grande el plan de obras que tenemos que llevar adelante por estricta orden de la Presidenta”, agregó De Vido. La intención oficial es reclamar esa deuda para forzar a Edesur y Edenor a negociar su salida de la firma o al menos entregar parte de sus acciones a cambio. Al mismo tiempo, el Estado mantendrá en evaluación la posibilidad de rescindir los contratos debido a los incumplimientos recientes. Esta opción no es sencilla porque el Estado también registra incumplimientos en los compromisos que asumió oportunamente ante las distribuidoras, pero es una manera de presionar para forzar una negociación.

Mientras tanto, ya se decidió asumir un mayor protagonismo en el eslabón de la distribución. Por eso el ministro de Planificación, Julio De Vido, firmó ayer la Resolución 3/2014 donde se establece que las obras del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede) serán decididas por la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión que encabeza Roberto Baratta. Como primera medida, Baratta se reunió con contratistas de Edenor y Edesur para ponerlos al tanto de lo dispuesto y con ello activar un esquema de definición y aplicación de los recursos del Focede para obras de distribución, que el Gobierno definirá junto con los intendentes bonaerenses. En el encuentro estuvieron representantes de las firmas Rowing, Nissan, Siba, Kioshi, Mor y Construcsur. En el caso del agua y de los trenes, cuando el Estado comenzó a asumir responsabilidades que le correspondían a las compañías privadas luego terminó asumiendo el control de las firmas.

El Ministerio de Planificación dictó también una resolución que establece que las empresas prestadoras de servicios públicos deberán poner a disposición de los usuarios y consumidores un servicio de call-center al cual dirigirse en caso de emergencia y falta de servicio. La resolución establece que en un plazo no mayor a 15 días las empresas deberán contar con el dispositivo de emergencia que funcione las 24 horas de todos los días del año y que éste deberá ser “atendido ineludiblemente por la cantidad de recursos humanos necesaria para cubrir la totalidad de los reclamos a ser efectuados”. La supervisión y el control de los call-center quedará a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión y de todos los entes reguladores de servicios públicos como el ENRE (electricidad), Enargas (gas) y ERAS (agua).