La Justicia continuó avanzando en la causa por los saqueos cometidos en diciembre pasado en Córdoba, mientras se producían las insurrecciones de la policía provincial. El fiscal de Instrucción José Mana dictó la prisión preventiva para 25 personas, la misma situación en la que ya habían quedado la semana pasada otras diez personas, luego de la acción ordenada por el fiscal Raúl Garzón. Todavía falta resolver la situación de un centenar de personas relacionada con los mismos hechos.

Bajo el argumento de que “se apoderaron de las calles de la ciudad con claros fines ilícitos, generando una gran perturbación pública, donde las personas y los bienes se encontraban en un estado de total indefensión merced a la carencia de personal policial”, Mana, que actúa en el Turno 3 del Distrito I de Córdoba, ordenó la detención de 25 personas que, según se desprende del expediente, no cuentan con antecedentes penales y entre las que figuran estudiantes universitarios, empleados de plantas industriales y de calls centers, comerciantes y personas de holgado nivel económico”.

Respecto de los comerciantes imputados, el fiscal precisó que muchos eran vecinos de locales saqueados o tenían sus negocios atestados de elementos robados.

Sobre las imputaciones que definió el lunes 30, el fiscal Garzón había manifestado, como fundamentos, que el comportamiento de los diez acusados había incurrido en “un obrar inusual y sumamente grave”: “Se trata de conductas no sólo reprochables desde lo técnico-penal, sino que se desplegaron ante los ojos de todos, en una noche en la que faltó la seguridad que debe brindar el Estado”, apuntó en su momento Garzón. Las particulares circunstancias en que se produjeron estos “robos calificados”, según el funcionario judicial, hicieron que “se contribuyera a desatar la sensación de una suerte de guerra de todos contra todos, algo que sale del obrar delictivo común”.

Tanto Garzón en su momento como ahora Mana basaron sus decisiones en declaraciones tomadas a las víctimas de los saqueos y en el análisis de imágenes, “consignas de incitación al delito” y confesiones volcadas en las redes sociales durante las 48 horas que duraron las acciones delictivas en Córdoba. Entre las víctimas escuchadas por Mana, dos son dueños de supermercados chinos de la capital provincial. Para poder declarar, debieron ser traducidos por un intérprete. “Los comerciantes conocían a algunos de los saqueadores”, sostuvo el fiscal.

Las 35 personas con pedido de prisión preventiva están acusadas de robo calificado en calidad de presuntos partícipes de los saqueos que se produjeron en varios barrios de la ciudad de Córdoba durante los primeros días de diciembre y en el marco de las acciones de autoacuartelamiento de la policía provincial, que así reclamaba un aumento salarial. La imputación fue discutida por los abogados defensores, con lo cual la situación está en manos del juez de Control Nº 5, Carlos Lezcano.

Para Mana, lo sucedido en relación con los saqueos es “particularmente grave”, porque afectó considerablemente “la tranquilidad social, la sensación de sosiego de las personas integrantes de una sociedad, nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social”. De esta forma “los actos de vandalismo cometidos indiscriminadamente en ese contexto produjeron una alarma colectiva que afectó gravemente la regular convivencia de todos los ciudadanos”, concluyó.

Por su parte, las representantes del Ministerio Público, Adriana Abad y Jorgelina Gutiez, que también investigan los hechos ocurridos en diciembre, tienen que resolver la situación de otras 75 y 30 personas, respectivamente. Y el propio fiscal Garzón tiene pendiente tomar una decisión respecto de otras 22 personas.

Hasta el momento no hay miembros de las fuerzas de seguridad detenidos ni imputados, pero la fiscalía advirtió que la causa avanza en conocer los posibles vínculos familiares y profesionales de las personas acusadas y los agentes de la policía. De hecho, fuentes judiciales confirmaron que los cuatro fiscales involucrados en la pesquisa le pidieron al jefe de la Policía local, Julio César Suárez, la nómina del personal que cumplió servicios entre el 3 y el 4 de diciembre, para ahondar en la investigación y en la conexión entre los imputados por su participación en los saqueos y los efectivos que intervinieron en la huelga policial.