El ex presidente Fernando de la Rúa le depara un nuevo trago amargo a la UCR. Casi quince años después de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, la Corte Suprema de Justicia podría resolver sobre un reclamo que una empresa de publicidad le está haciendo al partido radical por una deuda contraída durante la campaña proselitista de la Alianza: originalmente, se trataba de 900 mil pesos, pero sumados los intereses devengados en estos años podría superar los 4 millones. Las actuales autoridades de la UCR sostienen que no les corresponde pagarla, pero el caso ya tiene un fallo desfavorable de Cámara.

Se trata de un juicio impulsado por la firma Carat Fax SA, que contrató espacios publicitarios para el candidato durante la campaña presidencial de 1999. La empresa presentó en el expediente un contrato firmado, una de cuyas cláusulas dice que la UCR actuaría como garante.

Desde el radicalismo alegan que la cláusula no es aplicable porque al contrato no lo firmó nadie vinculado institucionalmente con la Unión Cívica Radical, sino que fue manejado por el comité de campaña de la Alianza. “Estamos esperando el fallo de la Corte. La UCR es absolutamente ajena al reclamo de la empresa publicitaria”, dijo ayer a Página/12 Ernesto Sanz, presidente del Comité Nacional de la UCR.

De acuerdo con las estimaciones de los abogados, la deuda actualizada con sus intereses podría llegar a los 4 o 5 millones de pesos.

“El Comité radical hoy tiene que juntar la plata para pagar los sueldos”, comentó otra fuente del partido consultada sobre el caso y sus consecuencias. Sin embargo, deslizó también con cierta resignación que el antecedente del fallo en contra de la Cámara de Apelaciones pone las cosas difíciles para la UCR.

La demanda fue iniciada en el fuero Comercial. El abogado Carlos Nazareno Insolera presentó allí el contrato que en 1999 Carat Fax –que se presenta como “broker de medios”– firmó en carácter de “Acuerdo de financiamiento para la comercialización de espacios publicitarios en TV”, mediante el cual la empresa se comprometió a contratar espacios publicitarios para la campaña electoral de la “Alianza UCR-Frepaso” para los comicios de octubre de aquel año. La cláusula cuarta de ese acuerdo dice que “la UCR garantiza el cumplimiento de lo pactado”, razón por la que la empresa dirigió al partido su reclamo judicial por falta de pago.

Durante el juicio, el abogado Gabino Carlos Tapia, en nombre del radicalismo, rechazó las pretensiones de la empresa. Su planteo fue que “ninguno” de los dos apoderados de la Alianza, “el contador Gustavo Atilio Lema y el doctor Alberto Flamarique”, firmó el contrato, por lo que lo consideró “inválido desde todo punto de vista”.

Además, puntualizó que el acuerdo no estaba firmado “por persona alguna ni en nombre ni con capacidad para obligar a la Unión Cívica Radical”, por lo que a su criterio la cláusula de garantía carece de valor.

Inicialmente, la jueza de primera instancia María Cristina O’Reilly falló en favor de la UCR. Pero al llegar a la segunda instancia, la Sala B de la Cámara en lo Comercial revocó ese fallo y ordenó al partido radical pagar 900 mil pesos más intereses a calcular desde agosto de 1999.

Así se abrió la etapa en la que el caso está actualmente. La UCR presentó un recurso extraordinario para llegar a la Corte; la Cámara lo rechazó y el partido fue en queja ante el máximo tribunal. La procuradora Irma García Netto recomendó a los ministros “admitir el recurso de hecho, declarar formalmente procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la decisión (de la Cámara) y disponer que se dicte un nuevo pronunciamiento”. El 30 de diciembre pasado, la Corte pasó a la etapa de sentencia el expediente.

La primera cuestión que deberá resolver es si acepta el recurso de queja. En ese caso, pasará a analizar el expediente para resolver sobre la cuestión de fondo. La deuda que De la Rúa le dejó al partido tiene que ver con la tradición de los candidatos de poner en los comités de campaña a personas de su confianza, no vinculadas institucionalmente a los partidos. Algo que no podría repetirse en estos tiempos, ya que la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos establece que esa relación sea directa.