En su reencuentro post-vacaciones los jueces supremos estuvieron obsesionados por los números. Lo primero que anunciaron tras el acuerdo es que la Corte dejará de financiar al Consejo de la Magistratura, organismo al que dicen que durante el último año le prestaron cerca de 900 millones de pesos destinados, en esencia, al pago de sueldos del Poder Judicial y que no le fueron devueltos. El mensaje es doble: que el dinero presupuestado para 2014 no alcanza y que, además, el Consejo (con el que el tribunal tiene una pésima relación) lo administra mal. En el plenario de ayer también hubo saludos especiales y un pequeño festejo para Carlos Fayt, por su reciente cumpleaños número 96, lo que volvió ineludibles los comentarios sobre el futuro de los integrantes de la Corte que están por pasar la barrera de los 75 años (Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni), que algunos interpretan como edad jubilatoria. Este año, anunció una encumbrada voz cortesana, nadie se va.

El presupuesto para el Poder Judicial para este año es de 9200 millones de pesos. Habitualmente se distribuye en una relación de 70 por ciento para el Consejo, que paga los salarios de todos los jueces y empleados de la Justicia nacional (el 85 por ciento de los sueldos judiciales). El tribunal maneja su propia parte, que es cerca del 30 por ciento, y de ahí paga el 15 por ciento de salarios restantes. En el Consejo dicen que no les alcanza el dinero tal como está asignado y que en otros tiempos el Poder Judicial tenía más ingresos, por ejemplo, de tasas de justicia. En el alto tribunal los acusan de ser malos administradores y de no tener ningún sistema de auditoría (ellos tienen la Auditoría General de la Nación, que los ha elogiado), pero el año pasado admitieron por primera vez transferir dinero para garantizar el pago de sueldos con los cuatro aumentos establecidos a lo largo del año. Los incrementos los fija la Corte sin participación del Consejo.

En una de las últimas reuniones del año pasado, algunos de los jueces de la Corte se quejaron por este mismo tema. El dinero que le otorgaron al Consejo proviene de un fondo “anticíclico”, que es plata subejecutada que atesoran. Fue concedido, explican, a modo de préstamo y en diciembre llegaba a los 820 millones. En el acuerdo supremo de ayer, nada había cambiado demasiado. Sólo que se conoció el anuncio de nuevas figuras jóvenes en el Consejo: el diputado Eduardo “Wado” de Pedro en reemplazo de Stella Maris Córdoba y el secretario de Justicia, Julián Alvarez, en reemplazo del actual delegado del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales. El origen camporista de los consejeros entrantes no sería del mayor agrado de la Corte, aunque tal vez destrabe temas paralizados por el propio oficialismo en el Consejo, que estaba dividido.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ya le comunicó la situación al del Consejo, Mario Fera. En este organismo hay temor por cómo harán el próximo pago. El asunto, casi inevitablemente, requerirá alguna intervención de la Jefatura de Gabinete, que es la que reasigna partidas presupuestarias. A la vez que reaviva el espíritu corporativo en los tribunales.

El cumpleaños 96 de Fayt, cuestionado el año pasado por Cristina Kirchner por su permanencia, hizo retornar una discusión que nunca termina en la Corte, donde periódicamente alguno de sus miembros entra en edad de jubilarse. La Constitución reformada en 1994 dice que después de los 75 años se requiere un nuevo acuerdo del Senado para seguir siendo juez. Fayt logró que la propia Corte declarara en 1999 la inconstitucionalidad de esa cláusula. Hay quienes creen que ese fallo tiene efecto para todos. Otros, que sólo aplica para los nombrados antes de la reforma constitucional. Otros, que es sólo para Fayt.

Cuando Augusto Belluscio, quien también estaba en el tribunal desde el gobierno de Raúl Alfonsín, llegó a los 75 años, se jubiló sin cuestionar la norma. Enrique Petracchi, en cambio, pidió una cautelar, que le fue concedida y sigue en el cargo, ya que el Estado no lo cuestionó (sólo particulares que litigan en la Corte). Zaffaroni, quien cumplirá 75 el 6 de enero del año próximo, dijo públicamente que se irá. Argibay, quien llegará antes a esa edad, en junio, les habría anticipado a algunos de sus colegas que no se va este año. Si se fueran, no harán falta reemplazos, porque la ley prevé un tribunal de cinco miembros. Una encumbrada fuente suprema de todos modos informó ayer –y aclaró que lo hacía para que el común de la gente sintiera seguridad jurídica– que nadie se iría de la Corte en 2014. Recién la semana próxima armarán agenda de expedientes.