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La ofensiva del Gobierno para limpiar la Justicia no terminará en el cambio de nombres en la Corte Suprema. Ayer, el presidente Néstor Kirchner firmó un decreto adoptando el mismo método de selección de candidatos que en la Corte –con publicidad de antecedentes y mecanismos de consulta– para la Justicia Federal, el fuero encargado de investigar las denuncias contra los funcionarios públicos. El nuevo sistema será puesto en práctica antes de fin de año, cuando el Consejo de la Magistratura eleve las ternas para ocupar los cuatro juzgados federales de Capital hoy vacantes. Pero el interrogante está puesto ahora sobre la continuidad de los restantes jueces, casi todos inmortalizados en la recordada servilleta de Carlos Corach y con pedidos de juicio político en trámite en el Congreso. “El pueblo argentino se merece una Justicia en la que se pueda creer, a la que se pueda recurrir, a la que se pueda respetar”, explicó Kirchner.
La iniciativa había quedado dando vueltas como idea desde que el 19 de junio pasado el Gobierno presentó el decreto 222, el que estableció el nuevo sistema para seleccionar a los miembros de la Corte. Debido a ese mecanismo, el Ejecutivo tiene para su análisis en estos momentos más de 600 cartas con apoyos o cuestionamientos a su candidato para cubrir la vacante que dejó Julio Nazareno, el penalista Eugenio Zaffaroni.
El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, con sigilo, siguió puliendo la propuesta que ahora busca hundir el cuchillo en el otro sector estratégico del Poder Judicial digitado por el menemismo, tal como anticipó ayer Página/12. También se incluyeron en el decreto, por lo que a partir de ahora se designarán con el mismo procedimento, al procurador general de la Nación, al defensor general de la Nación y a los fiscales.
Hasta ayer, el Ejecutivo elegía a los jueces federales de la terna que le enviaba el Consejo de la Magistratura. Ahora se adoptarán mecanismos para que los particulares, los colegios profesionales, asociaciones judiciales y de derechos humanos puedan opinar. Además, se difundirán por Internet y en diarios los cargos a cubrir y los candidatos, con sus antecedentes y sus evaluaciones. Los elegidos tendrán que presentar su declaración de bienes y la AFIP informará sobre su conducta impositiva.
“Queremos reconciliar a la política con las instituciones y a las instituciones con la sociedad”, avisó el Presidente en el acto realizado ayer en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Lo acompañaban Beliz, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini y el vocero Miguel Núñez. “Sabemos que recorremos un sendero sin duda sin retorno: no sólo desterramos viejas prácticas, comprometemos al conjunto para no volver a ellas”, se entusiasmó Kirchner.
Servilleta usada
En el Ministerio de Justicia preferían no hablar de una ofensiva contra los jueces de la servilleta. “La prioridad es completar los cuatro juzgados vacantes, eso ya es mucho trabajo”, respondían en Justicia. Sin embargo, en Gobierno tienen bien estudiada la situación de los jueces que durante una década fueron tan remisos a avanzar en las causas escandalosas del menemismo y que ahora se les dio por meter presos todos los días. Con todo, no están todos en la misma condición. Veamos el detalle:
- Juan José Galeano: hace nueve años que lleva adelante una muy cuestionada investigación por el atentado a la AMIA. Tiene abierta una causa por supuesta destrucción de pruebas y por el presunto pago de 400 mil dólares al principal acusado por el atentado, el reducidor de autos Carlos Telleldín. Galeano tardó nueve años para decidir si María Julia Alsogaray se había enriquecido ilícitamente.
- Norberto Oyarbide: la mayoría del PJ en el Senado que respondía al menemismo lo salvó de ser destituido en juicio político por aquel escándalo del prostíbulo masculino. Pero ya tiene nuevos pedidos. Uno lopresentó el juez Fernando Rodríguez Lubary, quien investiga si amenazó de muerte al recepcionista de un restorán. También el juez Ismael Muratorio pidió que se lo enjuicie por enriquecimiento ilícito.
- María Servini de Cubría: ganó una dudosa fama desde que en 1990 se hizo cargo de la investigación del Yomagate, la causa por narcotráfico que involucraba a Amira Yoma, cuñada de Menem. A partir de ahí, tuvo doce pedidos de juicio político, todos desbaratados por el PJ. Actualmente tiene otro pedido de juicio por un allanamiento al diario La Nación.
- Jorge Urso: fue apoderado del PJ Capital, abogado del ex jefe de la SIDE, Miguel Angel Toma, y siempre se lo consideró cercano al menemismo. Urso hizo méritos para quitarse esa fama cuando encarceló a Menem, a su ex cuñado, Emir Yoma, y al ex ministro Erman González, en la causa por la venta ilegal de armas. En el Consejo de la Magistratura existe un pedido de juicio político en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
- Jorge Ballestero: el Consejo de la Magistratura lo sobreseyó en una causa por enriquecimiento ilícito. No obstante, a varios integrantes del cuerpo le quedaron dudas por la forma en que el juez, a quien alguna vez se lo vio jugando al tenis con Menem, había adquirido su departamento y por no haber presentado su declaración impositiva.
- Claudio Bonadío: ex funcionario de Corach, siempre mostró un estilo impulsivo. En la época de la investigación de las coimas en el Senado, dijo que se sentía “violentado moralmente” por tener que discutir sus medidas de prueba con “la corporación periodística”, lo que le valió ser sumariado. También fue denunciado por mal desempeño debido a que, según una nota, su nombre figuraba en la agenda de la secretaria de Emir Yoma.
De esta lista, Oyarbide y Galeano serían, en la óptica del Gobierno, los de situación más delicada. “Pero cualquier decisión corre por cuenta del Congreso, el Gobierno no tiene nada que ver”, aclaraba un funcionario. Mientras, en el Congreso, Diputados aprobaba el juicio político contra Eduardo Moliné O’Connor y algunos ya imaginaban quién sería el próximo.