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Casi el 50 por ciento de las agencias de seguridad y otras empresas que alguna vez registraron armas tienen sus permisos vencidos, igual que el 35 por ciento de los particulares en esa situación, según estableció un relevamiento encarado desde el Ministerio de Seguridad de la provincia al que tuvo acceso Página/12. Con estos datos, el gobierno bonaerense lanzó ayer una ofensiva para reducir la circulación ilegal de armas de fuego. Quienes no tengan sus habilitaciones en regla tendrán 60 días para actualizar sus credenciales, bajo apercibimiento de ordenarse el secuestro del armamento y su decomiso, de acuerdo con un decreto firmado ayer por el gobernador Felipe Solá. Se estima que en el territorio bonaerense hay alrededor de 450.000 armas de fuego dentro del circuito legal –es decir, que alguna vez fueron declaradas– y una cifra “similar y tal vez superior” en el mercado negro (ver aparte). Como telón de fondo, hoy serán destruidas unas 8000 armas secuestradas en diferentes operativos policiales (ver aparte).
El decreto 1365 implementa el llamado “Plan Provincial de Erradicación de Armas Ilícitas” que, entre otros puntos, prevé la realización de una campaña de difusión para desalentar a las familias a tener pistolas o revólveres en sus domicilios: “Además de correr el riesgo de sufrir un accidente, la gente suele financiar las armas de los delincuentes porque es lo primero que buscan cuando entran a robar a una casa”, señaló a este diario la abogada Marisa Graham, asesora del ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero. Como ejemplo, dio el caso de una empresa de la localidad de Del Viso que fue asaltada en noviembre: “Los ladrones entraron con un arma y se llevaron cinco más que había en el lugar”.
El decreto lleva la firma de Solá y del ministro Cafiero. Establece, además, una especie de blanqueo: los habitantes de la provincia que tengan armas sin haberlas registrado antes legalmente podrán regularizar su situación dentro de un plazo de 60 días. Tanto quienes tienen sus “categorías” vencidas –equivalente al carnet de conductor– como aquellos que nunca las tramitaron podrán realizar la actualización en las comisarías de su distrito que funcionarán como sucursales del Registro Nacional de Armas (RENAR), explicó Graham. A pedido del gobierno provincial, el RENAR bajará las tarifas de los trámites que hoy oscilan entre 40 y 10 pesos según la categoría del arma.
El “Plan Provincial de Erradicación de Armas Ilícitas” fue elaborado a partir de los resultados de un relevamiento realizado por el Ministerio de Seguridad a través del Proyecto Construyendo Seguridad Ciudadana que dirige Graham y financia el BID. El estudio actualizó los datos (al 22 de julio) sobre cantidad de personas y empresas que tienen armas registradas en la provincia. Así, encontró que hay 129.840 “usuarios individuales legítimos de armas” de uso civil y 141.900 de armas de guerra (de calibre 38 o 9 milímetros para arriba). En el primer caso, 52.900 tienen vencida la credencial habilitante que otorga el RENAR; en el segundo, están en esa condición 44.400 personas. En total, dentro de los tenedores particulares, el 36 por ciento se encuentra en una situación irregular. El cuadro se agrava entre los “usuarios colectivos legítimos de armas”, el nombre que identifica a las agencias de seguridad y otras empresas que tengan armamento. Hay registrados 5170 en el ámbito bonaerense, de los cuales más de 2500, es decir, casi la mitad, no tienen sus papeles en regla. Cada usuario puede tener una o más armas a su nombre.
La última estimación del Ministerio de Seguridad marca un total de 450.000 armas dentro del circuito legal de la provincia, lo que significa que alguna vez fueron declaradas. Se trata de una cifra dinámica, ya que día a día se pueden dar de baja o registrar nuevas. Hasta el 22 de julio, por ejemplo, eran 417.820 distribuidas de la siguiente forma: alrededor de 223.000 armas de uso civil en poder de “usuarios individuales” y cerca de 11.680 en manos de “usuarios colectivos”, de acuerdo con el relevamiento coordinado por Graham. En el caso de las armas de uso condicional o deguerra el reparto es así: hay 160.000 en poder de particulares y 13.140 en manos de empresas. La segunda parte de la investigación, financiada por el BID, apunta a obtener una radiografía del mercado negro de armas. De hecho, el Ministerio de Seguridad está por realizar un operativo en un lugar del conurbano donde se proporcionarían armas, a través de la venta o el alquiler, a chicos y jóvenes para delinquir. “Recibimos varias denuncias de vecinos sobre un lugar concreto y las trasladamos a fiscales que ya están investigando. Estamos por caer en ese lugar”, confió una fuente del ministerio.
Como parte de la ofensiva contra la tenencia de armas ilícitas, el Ejecutivo bonaerense dará a conocer los alcances del decreto a través de campañas de difusión dirigidas a la población. Por estos días, el gobierno de Solá está dándole los últimos retoques a otro decreto que completa el firmado ayer, que rejarquiza al Registro de Armas Provincial (REPAR), que pasará a depender del ministro de Seguridad como dirección provincial (hoy depende de la Superintendencia de la Policía Bonaerense) y “en el organismo se creará un cuerpo de fiscalizadores, que saldrán a realizar operativos de control de armas, algo que nunca encaró la provincia”, precisó Graham. Los funcionarios del área también analizan la posibilidad de impulsar una modificación del lugar donde las armas llevan su numeración para que sea más difícil limarla e ingresarlas en el mercado negro: actualmente la marca es externa y se evalúa obligar a los fabricantes a que esté en el interior (como ya rige en algunos países como Canadá) para que haya que desarmarlas si se la quiere borrar.
Según explicó Graham, las medidas puestas en marcha ayer por Solá apuntan, “en primer lugar, a tener un control más eficiente del circuito legal para tener una mirada más seria del circuito ilegal; y en segundo lugar a regularizar el registro, es decir, que se registren los legítimos usuarios y quienes nunca lo han hecho”.