La denominada guerra contra las drogas vigente en el mundo desde 1961 se basaba en el supuesto de que una reducción de la oferta elevaría los precios en el mercado y desalentaría la demanda. Esos objetivos no se han cumplido y el número de usuarios no cesó de crecer, pese a la legislación punitiva impuesta por intereses ajenos a los nacionales, que ha llenado las cárceles de pequeños expendedores y consumidores, extendido una inmensa red de corrupción que afecta la funcionalidad de los Estados, desnaturalizado los sistemas judiciales y el rol de la policía y desequilibrado la proporcionalidad de las penas. Este desolador balance fue presentado por el director del Consejo Ecuatoriano de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Rodrigo Vélez, en la Sesión de Alto Nivel de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se reunió la semana pasada en Viena, con asistencia de 120 naciones, entre ellas la Argentina.

También destacó que la materia prima se cultiva en el Sur, pero las armas que llenan de muertos este negocio vienen del Norte. Por eso, su país reclama “reconocer la realidad de las condiciones estructurales de violencia, miseria y pobreza”, que dejan pocas alternativas a las poblaciones más vulnerables y al Estado para garantizar la paz. Así como la Constitución ecuatoriana descriminalizó “los usos y consumos, asumiéndolos como ámbito de salud pública”, una nueva Convención Unica Actualizada debería transformar lenguajes e imaginarios; desmilitarizar la política vigente y centrar el debate “en el ser humano y sus dimensiones y no en las sustancias”. Ecuador plantea enfoques alternativos para que las comunidades se incorporen a proyectos productivos que reduzcan su vulnerabilidad a involucrarse en actividades ilícitas relacionadas con las drogas. También cuestionó a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) por arrogarse atribuciones de los Estados, reclamó respuestas al impacto de las cocaínas fumables (que en la Argentina se conocen como Paco), “expresión brutal del mercado negro, que ha generado nuevos consumidores pobres con los sobrantes de la cocaína exportable”, y reafirmó la presencia del Estado como garante de los Derechos Humanos, la Salud y el Buen Vivir.

Hasta México y Colombia

Otros delegados de Europa y Latinoamérica reclamaron ampliar el debate y formularon críticas cada vez más ácidas al marco convencional vigente porque no hace nada para moderar una interminable espiral de violencia, como dijo el delegado uruguayo Diego Cánepa, quien defendió la regulación de la producción y el comercio de marihuana dispuesta por su gobierno. Estas formulaciones contaron con el apoyo del sorprendente gobierno guatemalteco del general Otto Pérez Molina, un ex jefe de Inteligencia del Ejército formado en contrainsurgencia por Estados Unidos y autor de terribles masacres. Luego de su elección presidencial viró hacia posiciones que abominan de cualquier solución militar y llegó a reclamar la legalización de la droga, con tanto énfasis que hasta fue sospechado de agent provocateur. Se sumaron al reclamo de un enfoque heterodoxo hasta Colombia y México, que fueron bastiones de la política estadounidense. El ministro de Justicia colombiano, Alfonso Gómez, llamó “utópica” la total eliminación de las cosechas de productos naturales, mientras crece la demanda de drogas sintéticas. La Subprocuradora mexicana Mariana Benítez Tiburcio dijo que su país priorizará el tratamiento sobre la criminalización, apartándose de la línea que los anteriores gobiernos siguieron al altísimo costo de un incremento vertical de la violencia, con decenas de miles de muertos y sin que disminuyera la magnitud del negocio ilegal. (En una reciente visita a México el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni constató que en cinco años los muertos llegaron a 75000, cifra que por sobredosis de cocaína se alcanzarían en dos siglos y medio.)

Al ladrón

Mientras en el mundo se impugna el fracasado paradigma represivo de los narcóticos con que Estados Unidos racionalizó su ejercicio del poder mundial y apuntaló el control social durante el último medio siglo, así como en el pasado lo hizo con la subversión y el terrorismo, el pretexto del narcotráfico es invocado en la Argentina para clausurar un debate democrático sobre la reforma del Código Penal, del que participaron las principales fuerzas políticas. Los mismos que engolan la voz para reclamar consensos y políticas de Estado, cuando se concretan los torpedean con arrebatos proto-fascistas. Su violencia verbal preanuncia la violencia física. El anteproyecto fue elaborado por una comisión integrada por juristas del oficialismo y de la oposición (radicales, socialistas y macristas). La impugnación por parte del Frente Renovador se basó en consignas estridentes y efectistas: que con este Código Penal pensado para los delincuentes y no para la gente miles de presos quedarían en libertad, que se rebajarían las penas para todos los delitos, que se eliminaría la reincidencia. Todo eso es falso, pero sirvió para colocar a la defensiva a quienes disputan con el Frente Renovador el liderazgo de la oposición. La recolección de firmas se hace con panfletos que repiten esos infundios, con consignas del tipo “¿Sabés que con el nuevo Código no habría castigo para el que viole a tu sobrina de 14 años?” Además la jefa parlamentaria de los renovadores, Graciela Camaño de Barrionuevo, presentó un proyecto que aumenta las penas para el narcotráfico. La reacción a este simplismo brutal no provino de las conducciones políticas sino del Acuerdo para una Seguridad Democrática, una organización multisectorial y pluripartidaria que el jueves presentó en el Senado un documento con más de 600 firmas de especialistas, investigadores, académicos, universitarios, funcionarios judiciales, organismos defensores de los derechos humanos, sindicalistas y también dirigentes políticos, si bien no los jefes ni los posibles candidatos. Tampoco hay una gota de verdad en la respuesta del Frente Renovador que atribuyó al Acuerdo por una Seguridad Democrática “una demagogia garantista que esconde un espíritu abolicionista”. El anteproyecto no es de abolición sino de reordenamiento y proporcionalidad de penas, aumenta más de las que reduce y tipifica más nuevos delitos de los que elimina. Entre sus grandes novedades figura la responsabilidad de las personas jurídicas. Esto permitiría condenar a las empresas a multas, prestaciones obligatorias, clausuras, suspensión en el uso de patentes y marcas, pérdida de beneficios estatales, exclusión en concursos y licitaciones en casos de delitos contra el patrimonio, el orden económico y financiero, la hacienda pública y la seguridad social; trata de personas, contrataciones ilegales, envenenamiento, adulteración, comercialización irregular de medicamentos, violación de normas sanitarias, contaminación, cohecho, tráfico de influencias e incremento patrimonial injustificado. La protección a las empresas puede ser una de las motivaciones ocultas del Frente Renovador. Es imposible no reparar en que los líderes que propusieron frenar la reforma con una consulta popular (prohibida en forma explícita por la Constitución para asuntos penales) son intendentes o representantes de los distritos del Gran Buenos Aires en los que se elabora, fracciona, distribuye y consume la droga. Los apasionados por el mapa del delito y la inseguridad pueden hacer la prueba: busquen en los diarios o en los archivos judiciales los descubrimientos de laboratorios o cocinas, las detenciones de jefes narcos y las ejecuciones extrajudiciales de competidores y verá que ocurren con pasmosa regularidad en territorio de los Renovadores, el corredor floreciente que cruza Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, y Pilar. Allí se localiza el mercado consumidor de alto poder adquisitivo y las residencias suntuosas de sus proveedores; en San Martín abunda la mano de obra barata para la producción y la distribución, por no hablar del sicariato. El fiscal general de San Isidro, Julio Novo, quien acompañó el lanzamiento de la candidatura de Sergio Massa el año pasado, fue acusado por varios fiscales subordinados de obstaculizar las investigaciones sobre esos casos. A raíz de ello su fiscalía fue allanada por el Fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. El clamor contra el Código Penal recuerda al hombre que corre con un reloj robado gritando Al ladrón, al ladrón.

Sin fronteras

Este uso y abuso de las drogas con fines políticos no reconoce fronteras partidarias. La semana pasada carteles sin firma pegados frente a siete cámaras de seguridad ubicadas en diferentes sectores de Florencio Varela acusaron a José Luis Calegari, del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, de instigar tomas de tierra. La inclusión de fotos de Calegari en los carteles agrega una dimensión ominosa al ataque. El intendente Julio Pereyra (del Frente para la Victoria) presentó una denuncia penal a la que adhirió el Frente Renovador, que vincula a Calegari con el narcotráfico. Calegari es un abogado que militó en la UCR e integró la pastoral social del Obispado de Quilmes. El Centro Angelelli tiene altísima inserción territorial y legitimidad entre los más variados actores desde hace veinte años. Su “Espacio de Tierras Para Todos y Todas”, funciona como una asamblea abierta integrada por 250 delegados de veinte asentamientos (con preponderante participación de mujeres y colectividades migrantes), en la que se discuten las acciones y estrategias frente al Estado y las empresas de servicios. También mantiene una escuela secundaria para adultos, talleres de oficios para jóvenes y una radio comunitaria, y realiza trabajo con colectividades migrantes. La violencia ligada a mercados ilegales de tierras y de drogas, en conexión y connivencia con agencias del Estado, es uno de los fenómenos recientes más novedosos y complejos. Desde el año 2000, el Centro Angelelli ha compartido con el CELS acciones y estrategias referidas a derechos sociales, violencia policial, redes de ilegalidad y criminalización de referentes sociales. El Informe Anual 2013 del CELS desarrolla en sus páginas 157 a 168 el rol de la policía como un engranaje fundamental de la violencia en Florencio Varela, con una sección sobre tierras y otra sobre narcotráfico (http://www.cels.org.ar/common/documentos/CELS.%20Informe%202013%20[completo].pdf). Allí se explica que la lucha por el acceso a la tierra es un aspecto central de la historia de Florencio Varela en los últimos treinta años. Muchos de los barrios del municipio surgieron a partir de tomas de tierra y la posterior regularización de los asentamientos. Entre 26 mil (según el municipio) y 40 mil familias de Varela, de acuerdo con especialistas y actores locales, demandan un lugar para vivir. En octubre pasado luego de un asalto al Centro Angelelli, donde dos mujeres fueron tomadas como rehenes y que terminó con un tiroteo con la policía, el gobierno municipal denunció por supuestos daños en la vía pública a quienes se manifestaron en repudio por el ataque. El Centro Angelelli había denunciado que en los barrios donde trabajan sus militantes observaron a “bandas delictivas que fomentan la violencia repartiendo armas y drogas a los jóvenes, en el seno de las tomas de tierras”. El video que puede verse en este link muestra una reunión de 2011 en la que Calegari y varios jóvenes denuncian la penetración del narco en el gobierno de Pereyra y con protección policial ante el entonces secretario de gobierno Andrés Watson, que hoy es concejal del Frente para la Victoria (https://www.youtube.com/watch?v=gZyTFckSHlc#t=49). El acceso a la tierra es el más grave problema social que tiene el país y se ha tornado crítico en el Gran Buenos Aires, donde las poblaciones corridas por el avance rural de la soja se topan con los barrios cerrados en la zona urbana y sólo pueden asentarse en terrenos bajos e inundables. En un distrito con 25 mil familias en lista de espera del Plan Federal de Vivienda, las ocupaciones de tierras constituyen el único modo en el que los sectores más pobres pueden acceder al suelo. En este contexto, el trabajo de las organizaciones sociales como el Centro Angelelli es central para acompañar el reclamo de miles de familias, facilitar la regularización de las ocupaciones y gestionar la aplicación de políticas públicas. En vez de perseguir y criminalizar a referentes y organizaciones asediados por redes de ilegalidad y bandas criminales que buscan ejercer el control violento del territorio, el municipio debe garantizar el cumplimiento de la ley 14.449 de acceso al hábitat, que prevé instrumentos para la regularización de los asentamientos informales, la generación de viviendas sociales, mecanismos para un desarrollo sustentable de suelo urbano y limita la especulación inmobiliaria. En el sur como en el norte del conurbano es más fácil gritar al ladrón, al ladrón.