El caso de David Moreyra, el joven de 18 años que murió en Rosario luego de ser golpeado brutalmente por vecinos que lo atacaron porque supuestamente le había robado la cartera a una mujer, desató una polémica interminable en las redes sociales, donde muchos aplauden ese inexcusable acto de barbarie. Después de ese episodio se registraron en esa misma ciudad otros tres casos en los que transeúntes golpearon a un presunto ladrón. El sábado ocurrió en Palermo: una turba de unas 30 personas enardecidas pateó y golpeó a un muchacho en Charcas y Coronel Díaz, a una cuadra del shopping Palermo, durante 25 minutos. Sólo dejaron de hacerlo cuando llegó la Policía. Para analizar la cuestión, Página/12 entrevistó a tres especialistas que analizan el fenómeno con una mirada que cruza lo social con lo criminológico. Las tres coincidieron en señalar que lo que ocurre es consecuencia directa de un discurso político, mediático y social exacerbado, que puso a la “inseguridad” como tema prioritario de la campaña con vistas a las elecciones presidenciales de 2015.

La socióloga Alcira Daroqui señaló que si bien existen “hechos puntuales y serios en materia de seguridad, la repetición mediática de esos hechos y el abordaje detallado de los aspectos más escabrosos y espeluznantes, ciertos o supuestos, ha contribuido a crear un clima de inseguridad y de miedo muy fuerte en la gente; ese miedo hace que algunos sectores reaccionen en forma violenta sin censuras políticas ni morales ante estos hechos de inseguridad, sin darse cuenta de que la muerte es un costo desproporcionado que, además, no resuelve el problema”. Daroqui consideró que la actitud asumida por los vecinos de Rosario “se produce porque ellos piensan que el Estado, cualquiera sea el lugar del país y el partido gobernante, no puede garantizarle su seguridad y actúan por su cuenta hasta llegar a este ajusticiamiento, porque esto no es justicia por mano propia, es ajusticiamiento”.

La criminóloga Eugenia Cozzi, que desde 2007 viene realizando investigaciones sobre la creciente violencia de la que son víctimas y a veces victimarios jóvenes que viven en los barrios periféricos de la ciudad de Rosario, sostuvo que para el ideario social de algunos sectores de la población los chicos como David Moreyra “son ‘matables’ e incluso ellos mismos también creen que ellos son ‘matables’, porque el discurso dominante de los medios, de las fuerzas de seguridad, de las agencias del sistema penal, les ha creado una imagen pública que los señala como personas que no tienen código, que son un peligro para nuestro estilo de vida, que son los enemigos públicos. Como esa imagen es homogénea y no se problematiza, esos jóvenes comparten la misma visión de sí mismos”. Aclaró que esto “no significa que no quieran cambiar, porque no es que se la pasan robando, a veces trabajan, estudian, intentan otros caminos, pero les resulta muy difícil poder salirse de la situación en la que viven”.

Gabriela Seghezzo, del Programa Estudio del Control Social del Instituto Gino Germani, aseguró que los hechos de violencia recientes –también fue asesinado en Villa Soldati, por un vecino, un joven de 19 años llamado Damián Guerrero, a quien se acusaba de un supuesto intento de robo–, se producen en el marco de la discusión sobre la reforma del Código Penal. “La iniciativa era cambiar un Código que prioriza la propiedad privada por encima de la vida y, en ese marco de discusión, aparecen estos casos que no son nuevos, pero que en estas circunstancias están dando un claro mensaje reaccionario desde el plano social, político y mediático”. Agregó que es “un mensaje de un sector de la comunidad que llega por la vía del miedo y que viene de los noventa, sostenido por dirigentes políticos, como es el caso de Sergio Massa, que en diciembre trajo al país a Rudolph Giuliani (el ex alcalde de Nueva York que impuso la política de ‘mano dura’), al que hace unos días fue a visitar” a Estados Unidos.

La polémica por el asesinato de David Moreyra acuñó frases reivindicatorias –terribles– de la violencia ejercida por los vecinos contra el joven: “Por suerte la policía llegó tarde y le dio un buen tiempo para matarlo a patadas; vi vecinos quemándolo con cigarrillos; ojalá alguno le hubiera cortado las manos”. El mensaje, que luego fue eliminado, apareció en la dirección de Facebook de Indignados Barrio Azcuénaga, un grupo de vecinos que ya habían protagonizado actos similares en noviembre de 2012. La mención del texto señalado fue difundida por el portal Cosecha Roja, que expresó su repudio al linchamiento.

Alcira Daroqui, socióloga, profesora e investigadora, admitió que la sociedad “debe resolver el problema de la seguridad, pero la forma de defenderse no es apelar a la violencia o a la venganza. Ya ocurrió otras veces con chicos baleados porque entraron a una casa a buscar una pelota o niñas electrocutadas al tocar una reja. El problema es que la sociedad no reconoce al Estado como el actor que debe resolver el problema, y por eso adopta medidas por su cuenta y que surgen del miedo”.

En este punto, Daroqui cuestionó “las políticas públicas erráticas y poco claras en materia de seguridad, con medidas espasmódicas como las de reforzar la presencia policial con Gendarmería o Prefectura, que son fuerzas militarizadas que no están para esa función. Muchas veces se dice que la policía no tiene recursos, que el presupuesto no es suficiente y que por eso no tiene medios para garantizar la seguridad, cuando la gente ve en la calle cantidad de camionetas nuevas, móviles policiales o de seguridad urbana de los municipios. Tanto despliegue de nada sirve y la gente llega a pensar en forma errónea que la seguridad depende de ellos mismos y concluye: ‘Si tengo que matar, mato’, pero allí también está presente el miedo que genera el discurso político y el mediático”.

En ese sentido cuestionó lo que dijo hace un tiempo el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, quien propuso el “encierro de formación”, en institutos para “los menores que cometan robos”, entre otras medidas drásticas en el “combate” del delito. “Si esas declaraciones escandalosas las hace el propio intendente, la autoridad política de un partido como Florencio Varela, que debe tener problemas de seguridad, qué queda para el resto. No se puede salir con un discurso bélico porque eso no resuelve el problema, lo agrava. Todos los políticos hablan de la necesidad de una guerra contra el delito y contra los delincuentes. En ese marco, no he escuchado una fuerte condena, de la clase política, a lo que pasó en Rosario con este chico asesinado.”

“La gente está cansada de escuchar excusas de la policía, como decir que tienen ‘las manos atadas’, que no pueden entrar a tal o cual barrio, o cuando logran alguna detención y dicen que los detenidos entran por una puerta y salen por la otra porque los libera la Justicia, cuando tenemos las cárceles llenas de presos. Son excusas que ya nadie cree. La gente tiene una sensación de engaño, de estafa, lo que no justifica la violencia, pero de alguna manera la está alentando. Otra cosa ridícula son las cámaras de seguridad, que pueden servir para investigar un robo, pero no sirven para evitar ese robo, que es lo que la gente quiere”, apunta Daroqui.

Eugenia Cozzi, adscripta a la Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que desde 2007 en adelante en esa ciudad se produjo un incremento importante de los homicidios, que “de nueve cada cien mil habitantes se pasó a 21 cada cien mil habitantes, cifra que está por encima de la media a nivel nacional”. Si bien reconoció que hay bandas organizadas que se dedican al narcotráfico, “las muertes de jóvenes no tienen que ver con eso directamente, sino con problemas que se resuelven de manera violenta entre pares, sobre todo en los barrios de la periferia, aunque en los últimos tiempos se han producido muertes no habituales en lugares no habituales, lo que está diciendo que el problema de la seguridad es preocupante”.

Reconoció que hay “soldaditos” de la droga, que son reclutados por las organizaciones delictivas. “Esos chicos que son maltratados por la economía legal reciben el mismo trato en el mercado ilegal.” Recalcó que uno de los problemas más graves es que “se les quite importancia a las muertes de estos chicos, como si se tratara de un hecho lógico teniendo en cuenta que ellos mismos se consideran ‘matables’”. Lamentó el hecho de que “se hayan cambiado los planes de seguridad, que hace años tenían un alto contenido social. Eso ya no ocurre y ahora sólo cuenta la represión”.

Otro de los aspectos negativos es que “tampoco se hizo la reforma policial, de manera que las fuerzas de seguridad siguen ligadas, en muchos casos, a los delitos más graves. Y en lo que respecta al narcotráfico, como no se puede avanzar contra los poderosos, contra los que manejan el negocio y blanquean el dinero que proviene de la droga, los que caen presos son los ‘soldaditos’, los eslabones más débiles de la cadena”.

Gabriela Seghezzo, coautora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, afirmó que los hechos de violencia coinciden “con un momento en el cual el discurso político de los presidenciables se hace cada vez más ostensible reclamando más efectivos policiales, penas más duras y, en cierto modo, alientan a la autodefensa de los vecinos que tienen miedo frente al discurso permanente de la inseguridad”. Subrayó que esto tiene una influencia negativa “incluso en la madre del chico que fue linchado, quien para poder reclamar por lo que le hicieron tiene que decir que su hijo era inocente, que no hizo nada. Esto pasa porque muchos justifican hoy la muerte de un presunto delincuente, aunque no se haya probado el supuesto delito. Esto es así porque la defensa de la propiedad privada sigue estando por encima de la vida y por eso no quieren que se modifique el Código Penal”. Seghezzo concluyó diciendo que “el discurso de Massa no es muy diferente del de algunos sectores ‘progres’, que por especulación política hoy dejaron de defender las reformas al Código que venían impulsando”.